Juan Torres López
Sistema Digital
Las entidades financieras españolas se han lanzado a una gran campaña de intoxicación para tratar de convencer a los ciudadanos de que los problemas de financiación que paralizan a la economía productiva española no son culpa suya.
Es posible que incluso alcancen su objetivo gracias a que controlan medios de comunicación y a que tienen en sus nóminas (de modo más o menos explícito) a numerosos académicos, periodistas y líderes de opinión. Pero no dicen la verdad.
Su discurso ahora se centra en afirmar que disminuyen el crédito porque no hay demanda suficiente o solvente y no porque sean los propios bancos quienes lo estén racionando por otras razones.
Empezaré por final. Es posible efectivamente que cada vez haya menos demanda solvente para financiación de la actividad productiva pero eso ocurre justamente porque la falta de financiación que han provocado los bancos está ahogando rápida y generalizadamente a los empresarios y a los consumidores.
No se trata de un juego para determinar qué es primero si el huevo o la gallina. Es algo mucho más importante y que puede resolverse objetiva y rigurosamente.
En primer lugar hay que recordar un hecho principal: la banca privada española (y detrás de ella las cajas de ahorros que se han dedicado a copiar su lógica financiera en lugar de estar al servicio de un modelo productivo sostenible y socialmente satisfactorio) ha provocado en los últimos años una burbuja financiera gigantesca que ahora mina su liquidez e incluso su solvencia.
Los datos son irrefutables.
De 2002 a 2008, ¡sí, solo seis años!, la cifra de crédito concedido por entidades financieras españolas ha pasado de 701.000 millones de euros a más de 1,838 billones de euros, lo que supone un incremento del 161%.
Y lo que es aún más exagerado: el 70% de ese incremento se dedicó a financiar el ladrillo, pues el crédito inmobiliario pasó de 347.000 millones a 1,1 billones de euros creciendo, por tanto, un 219%.
El resultado de esta expansión vertiginosa del crédito no ha podido ser otro que una pérdida de solvencia del sector financiero español (además de crear una burbuja inmobiliaria y una especialización perversa de nuestra actividad productiva).
Sería realmente un milagro inexplicable que las familias y las empresas españolas pasaran de soportar una deuda de 700.000 millones de créditos a otra de 1,8 billones en seis años sin que se afectara su fortaleza económica y su capacidad para hacer frente a los pagos. Y de hecho, lo que ha sucedido es que el volumen de créditos de dudoso cobro ha pasado en este periodo de suponer 9.000 millones de euros a 47.000 millones y que la solvencia de las entidades financieras ha comenzado a disminuir sin remedio. Así lo demuestra, por ejemplo, que el patrimonio neto de las entidades financieras representara el 12,3% del total del crédito en 2002 y el 9,5% en el segundo semestre de 2008.
En consecuencia, es una evidencia clamorosa que la primera causa de la situación actual de restricción crediticia y financiera es que ha explotado la burbuja creada por las entidades.
A ello hay que unir además que la banca y las cajas españolas se han contaminado, aunque no haya sido en la misma medida que las de otros países, por la difusión de la basura financiera que la banca estadounidense ha emitido por todo el planeta. No podía ser de otro modo en el entorno de globalización financiera en el que estamos. Y es algo que no se puede negar a la vista de tantas personas como están siendo las que pierden sus ahorros a causa de ello.
En conclusión, las entidades financieras españolas han sufrido y siguen sufriendo el mismo proceso de descapitalización que padece la banca internacional y que incluso puede llegar a calificarse de bancarrota en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido, según reconoció en septiembre pasado el mismísimo Paul Volcker.
Es por eso que han reducido su oferta de crédito; sencillamente, porque todos los fondos que logran captar los utilizan para tratar de salvar sus balances, bien tapando la pérdida de valor, bien huyendo hacia delante adquiriendo nuevos activos.
Eso es lo que explica, por ejemplo, que los bancos españoles reciban docenas de miles de millones de euros en préstamos del banco central pero que los utilicen para depositarlos allí mismo mientras los sujetos económicos claman por recibir créditos.
Hace unos días, se conocía que el multiplicador monetario de la economía norteamericana era ya menor que uno. En román paladino eso significa que los bancos han dejado de desempeñar la función a la que teóricamente están llamados: en lugar de dar combustible, prácticamente roban el que hay en la economía.
Eso es lo que está pasando y lo demás es un gran engaño. Y por eso, mientras no se tomen medidas para poner fin a la causa de los males es imposible evitar que la economía se despeñe estrepitosamente.
Los gobiernos no pueden limitarse a dar más dinero a los bancos. El agujero que los banqueros han generado yéndose al casino con el dinero de los depositantes es gigantesco. Solo sería resoluble o a base de proporcionar a los bancos descapitalizados sumas impensables que generarían una deuda de volumen hasta ahora quizá desconocido, o imponiendo una especie de "corralito" mundial pero que de llevarse a cabo seguramente provocaría una respuesta en la calle inimaginable.
O se permite que el agujero siga aumentando o los gobiernos se hacen directamente con los resortes de la financiación para ponerla al servicio de empresarios y consumidores. Pero deben hacerlo directamente, sin el intermedio de los bancos y cajas, puesto que éstos están utilizando y utilizarán los recursos multimillonarios que se ponen en sus manos para disimular el desastre global que han producido.
No hay más remedio. Discutir si fue antes el huevo o la gallina es gratuito. Hay que romper los huevos para hacer la tortilla.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Sevilla). Su página web: http://www.juantorreslopez.com
jueves, 29 de enero de 2009
miércoles, 21 de enero de 2009
¿Por qué la campaña de propaganda a favor de la intervención internacional en Birmania?
Por Meter Symonds
Traducido por Mariola García Pedrajas
Global Research
La catástrofe ocasionada por el ciclón Nargis sobre el pueblo de Birmania ha provocado un campaña de grandes proporciones por parte de Estados Unidos y sus potencias aliadas, y los medios de comunicación internacionales, pidiendo que la junta militar abra sus fronteras a la ayuda internacional, al personal que trabaja en las agencias de ayuda, así como a los aviones, tropas y buques de guerra de Estados Unidos. Una vez más se intenta provocar una estampida de apoyo de la opinión pública con imágenes que llegen al corazón de supervivientes desesperados y ciudades devastadas, acompañadas de un constante bombardeo condenando al régimen de Birmania por su respuesta inadecuada de auxilio a los afectados, su aislacionismo, y su falta de aceptación de ayuda internacional, especialmente estadounidense.
Uno debería inmediatamente hacer una pausa y recordar el resultado de ejercicios “humanitarios” similares. En 1999, la situación apremiante de los refugiados kosovares fue usada por Estados Unidos y sus aliados para lanzar una guerra contra Serbia y transformar esta provincia en un protectorado de la OTAN limpiado de la mayoría de su minoría serbia. Ese mismo año, Australia, con el apoyo de EEUU, usó la violencia de milicias apoyadas por Indonesia para justificar una intervención militar en Timor Este para instaurar un gobierno que fuera comprensivo con los intereses económicos y estratégicos de Canberra. Después de una década la población local en ambos países continúa viviendo en condiciones atroces, sin que ninguna de sus necesidades fundamentales se hayan cubierto.
Sin lugar a dudas una gigantesca tragedia social ha tenido lugar la pasada semana. Las cifras oficiales birmanas dan una estimación de más de 60,000 personas muertas o desaparecidas. Los oficiales de la ONU estiman el número de victimas mortales en 100,000 y el número de personas afectadas de forma severa por el ciclón en casi dos millones. La mayor parte del gigantesco delta del Irrawaddy ha sido devastado por la oleada de tormentas provocadas por el ciclón Nargis, que anegaron las tierras bajas. Ciudades y pueblos enteros han sido borrados del mapa, dejando detrás escenas que recuerdan la destrucción producida por el tsunami de diciembre de 2004 a lo largo de la costa de Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.
También es cierto que la junta birmana es un régimen brutal que de forma repetida ha abatido a tiros manifestantes antigobierno para mantener su propio poder y privilegios. Sus esfuerzos para rescatar a las víctimas se ven obstaculizados no sólo por el retraso del país, sino también por la cruel indiferencia hacia la situación apremiante de los birmanos. Dada la campaña actual en los medios de comunicación, uno debería tomar toda la información en la prensa con cautela. Pero hay pocas dudas de que muchas de las víctimas del ciclón están siendo dejadas a su propia suerte, como de hecho fue el caso de los sobrevivientes del tsunami de 2004 en los países que fueron golpeados más duramente.
Sin embargo, nadie debería darle ninguna credibilidad a las muestras de preocupación del gobierno de Bush y sus aliados. La Secretaria de Estado Condoleezza Rice insistió el miércoles en que la asistencia de Washington a las víctimas del ciclón no era “una cuestión de política” más bien “una cuestión de crisis humanitaria”. “Lo que hace falta es que el gobierno birmano permita a la comunidad internacional ayudar a su gente,” declaró Rice.
En realidad, toda la asistencia de EEUU lleva unida una serie de condicionamientos políticos. El gobierno de Bush ha ofrecido una suma irrisoria de 3.5 millones de dólares en ayuda financiera y está presionando para que se permita la entrada de oficiales de EEUU, trabajadores de agencias de ayuda y personal militar para organizar las operaciones de ayuda de emergencia, en vez de permitir a las autoridades birmanas llevar a cabo estas acciones ellos mismos. Al mismo tiempo, EEUU y sus aliados europeos continúan manteniendo sanciones en contra del régimen de Birmania que han agravado las dificultades económicas del país. En la semana anterior al ciclón, la administración Bush reforzó su prohibición de comercio e inversión y la congelación de activos, medidas todas que continúan vigentes, excepto por una ligera relajación de las restricciones sobre la ayuda financiera.
El Ministro de Asuntos Exteriores francés Bernard Kouchner sugirió el miércoles que el Consejo de Seguridad de la ONU convocara su “responsabilidad de proteger” para anular la soberanía nacional birmana y repartir ayuda internacional, con o sin la aprobación de la junta. La resolución “responsabilidad de proteger”, cuya historia se remonta a la guerra de 1999 de la OTAN contra Yugoslavia, se aprobó en 2006 como un instrumento de las superpotencias para justificar agresiones militares con el pretexto de prevenir “genocidio, guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad”. La sugerencia de Kouchner extendería el ámbito de tales intervenciones a desastres naturales tales como el ciclón Nargis.
El comentario de Kuouchner no ha sido todavía apoyado públicamente por Washington, pero claramente la sugerencia se está discutiendo dentro de la administración. El embajador de EEUU en la ONU, Zalmay Khalilzad, declaró que la mayoría de los gobiernos estaban “enfurecidos” por la lentitud del régimen Birmano en aceptar la ayuda internacional. Aludiendo a las potencias del Consejo de Seguridad de la ONU, añadió: “Un gobierno tiene la responsabilidad de proteger a su propia gente, de proveer para su gente…habría que ser un descerebrado para no aceptar la ayuda de la comunidad internacional.”
El Director del la Oficina de EEUU de Asistencia en Desastres Internacionales, Ky Luu, fue más explicito. Indicó que el lanzamiento unilateral de ayuda por aire con aviones militares de EEUU, era una de las opciones que se estaban considerando si la junta continuaba negándose a aceptar ayuda americana. Cuatro buques de guerra de EEUU ya se dirigen hacia Birmania y helicópteros de la marina y aviones de carga de las fuerzas aéreas han sido estacionados en la vecina Tailandia. El Secretario de Defensa de EEUU Robert Gates comentó que no se podía imaginar una intervención militar sin permiso birmano. El portavoz del Departamento de Defensa Bryan Whitman apuntó: “Si no se te pregunta y no se pide, se considera una invasión.” Sin embargo, está claro que la opción militar y sus ramificaciones políticas se están discutiendo activamente.
El tsunami asiático
Como parte de la campaña para presionar a la junta birmana, se ha creado un nuevo mito que pinta la respuesta internacional al tsunami asiático como un modelo rápido, eficiente y compasivo de entrega de ayuda internacional por todas las partes implicadas. Se están haciendo cada vez más comparaciones entre el régimen de Birmania hoy en día y sus homólogos “democráticos” en Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia en 2004.
Cualquier examen objetivo de la tragedia de 2004, sin embargo, revela una imagen muy diferente. Las olas enormes del tsunami se tragaron pueblos empobrecidos en la bahía de Bengala el 26 de diciembre. Durante días, mientras las cifras de muertos alcanzaban rápidamente los cientos de miles, El Presidente Bush, El Primer Ministro Tony Blair y otros lideres mundiales no hacían ninguna declaración sobre el desastre. Cuando finalmente decidieron volver de sus vacaciones, su desprecio colectivo por la suerte de las víctimas se reveló en sus comentarios superficiales y patéticas ofertas de ayuda. Fue sólo tras una lluvia de simpatía y donaciones de gente trabajadora alrededor del mundo, horrorizada por la enormidad del desastre, que EEUU y las principales potencias empezaron a actuar.
En los países más afectados, las operaciones de ayuda de emergencia se “hamstrung” (retrasaron?) por el papeleo y las agendas política, tanto de los regímenes locales como de los países donadores. Los gobiernos de Indonesia y Sri Lanka estaban metidos en guerras brutales de larga duración con movimientos separatistas y eran extremadamente reacios a admitir la presencia de organizaciones de ayuda, menos aún ejércitos extranjeros, en las zonas afectadas por el desastre. Lejos de ayudar a las víctimas, el ejército de Indonesia aprovechó la oportunidad para intensificar sus acciones contra los rebeldes de Aceh. En Sri Lanka, los intentos de establecer un grupo conjunto de ayuda con los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil bajo los auspicios del cese de fuego de 2002 colapsaron, en medio de amargas recriminaciones sobre algún tipo de reconocimiento oficial de los separatistas.
El gobierno indio insistió en que controlaría sus propias operaciones de socorro y rechazó ninguna sugerencia de que ejércitos extranjeros deberían implicarse. El ejercito indio fue particularmente sensible a la presencia de trabajadores de agencias de ayuda en las islas Adaman y Nicobar, que estaban entre las áreas más duramente golpeadas, debido a la presencia de bases estratégicas de la marina y la aviación en esas zonas. Más de tres años después, miles de víctimas del tsunami en estas islas, así como en otras partes de India, Indonesia y Sri Lank, siguen viviendo en condiciones miserables y alojamientos temporales.
Nadie en los círculos dirigentes de EEUU o Europa sugirió en aquel entonces que la operación militar se debería preparar para anular la soberanía india o hacer lanzamientos unilaterales desde el aire sobre las islas Andaman y Nicobar. En los casos de Sri Lanka e Indonesia, los gobiernos al final permitieron la ayuda militar de EEUU para asistir en las operaciones desde el aire en sus territorios. En ambos casos, el propósito primordial de Washington era político, forjar relaciones de trabajo más cercanas con los militares de los dos países y sentar un precedente, el cual se invoca ahora para ejercer presión sobre la junta de Birmania.
La Secretaria de Estado de EEUU Rice, declaró sin rodeos ante el Comité del Senado de Relaciones Internacionales en enero de 2005 que el tsunami constituía “una oportunidad maravillosa para mostrar no ya el gobierno de EEUU, sino el corazón del pueblo americano…Y pienso que ha generado muchos dividendos para nosotros.” Rice declara ahora que los ofrecimientos de ayuda de EEUU a Birmania no son “una cuestión de política”, pero la administración Bush está decidida a transformar el último desastre en una nueva “oportunidad” política para avanzar sus intereses económicos y estratégicos en la región.
Intereses estratégicos
La decisión de la Junta de Birmania de aceptar ayuda de forma selectiva sólo de países que le son amistosos tales como China, India y Tailandia, apenas sorprende. La administración Bush no ha mantenido en secreto el hecho de que favorece un “cambio de régimen” en Birmania – la eliminación del régimen militar y su reemplazo por un gobierno, encabezado por el líder de la oposición Aung San Suu Kyi, más receptivo a los intereses de Washington y a la apertura del país a los inversores extranjeros.
El hecho de que la junta de Birmania se haya convertido en el blanco de EEUU no tiene nada que ver con la preocupación por los derechos democráticos o el bienestar del pueblo de Birmania. La hostilidad de Washington hacia el régimen birmano está generado sobre todo por la asociación estrecha que éste mantiene con China, vista por EEUU como su principal rival potencial. Durante los últimos ocho años, la administración Bush ha seguido una estrategia de reforzar sus vínculos militares en una serie de países alrededor de China – desde Corea del Sur y Japón a las Filipinas, Australia, Indonesia y alrededor de India, Paquistán, Afganistán y las republicas de Asia Central.
Birmania es un agujero significativo en los esfuerzos de EEUU para “contener” a China. El país se asienta junto al estratégico estrecho de Malaca – la línea de costa principal que une el norte del Lejano Oriente, incluyendo China, con los recursos energéticos de Oriente Medio y África. El control de tales “puntos de estrangulación” ha sido siempre de gran importancia en los planes navales de EEUU. China ha ayudado a Birmania en la construcción de varias instalaciones navales y cuenta con el acceso a puertos de Birmania como parte de sus esfuerzos para proteger sus rutas de comercio por mar que son vitales para su propia economía.
Los medios de comunicación internacionales ya están criticando a China por no ejercer más presión en su aliado para que se abra a la ayuda internacional. La Secretaria de Estado de EEUU Rice telefoneo a su homologo en Beijing para presionar al gobierno chino para que ejerza más presión sobre Birmania. Si la administración Bush decidiera presionar para que se de una resolución de la ONU a favor de la intervención, China se convertiría en un blanco aún más directo de vilificación. China se ha opuesto a cualquier movimiento a favor de plantear el desastre del ciclón en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Hay también una agenda económica más amplia detrás de la hostilidad de Washington hacia la junta de Birmania. Durante décadas, ha mantenido una economía fundamentalmente cerrada, aislacionista en la que las empresas dominadas por el ejército aun controlan sectores clave. Para las corporaciones americanas, el país es una fuente potencial de trabajadores baratos así como de recursos críticos, incluyendo petróleo y gas. La administración de EEUU ha permitido a la compañía petrolera Chevron proceder de forma callada con su inversión multimillonaria en Birmania, pero tales operaciones se ven dificultadas por las malas relaciones entre los dos países.
La administración Bush no está más motivada por preocupaciones humanitarias en Birmania de lo que lo está en Irak o Afganistán. Al rechazar las últimas mentiras e hipocresía de la Casa Blanca, es necesario considerar las cuestiones fundamentales implicadas. ¿Por qué tales catástrofes golpean repetidamente a las capas más vulnerables de la población mundial? ¿Por qué la enfermedad, el hambre y la pobreza continúan haciendo estragos en las masas de Asia, África y Latinoamérica?
Los recursos existen para abolir el sufrimiento y la necesidad, a la vez que para minimizar el impacto de los desastres naturales tales como el ciclón Nargis. Durante las pasadas tres décadas, la globalización de la producción ha expandido grandemente la capacidad económica del ser humano, estableciendo las bases para una planificación racional y despliegue de recursos a escala mundial para asegurar un nivel de vida decente para la gente en cualquier parte del globo. Bajo el capitalismo, sin embargo, esta enorme capacidad económica y científica es explotada para generar beneficios para la minoría rica, mientras que la inmensa mayoría, incluso en los principales países industrializados, lucha por sobrevivir día a día.
La pobreza y el desempleo no son aberraciones. Las enormes capas de pobres urbanos y rurales son un rasgo esencial del capitalismo global. Forman un enorme ejército de reserva de mano de obra que se usa para presionar de forma constante hacia abajo sobre los salarios y condiciones de la clase trabajadora internacionalmente. El único medio para abolir el abismo inmenso y cada vez mas profundo entre ricos y pobres es a través de una reestructuración revolucionaria de la sociedad según criterios socialistas, de manera que las necesidades candentes de la abrumadora mayoría de la humanidad tengan prioridad sobre los requerimientos de beneficios para unos pocos.
Articulo original:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8946
Traducido por Mariola García Pedrajas
Global Research
La catástrofe ocasionada por el ciclón Nargis sobre el pueblo de Birmania ha provocado un campaña de grandes proporciones por parte de Estados Unidos y sus potencias aliadas, y los medios de comunicación internacionales, pidiendo que la junta militar abra sus fronteras a la ayuda internacional, al personal que trabaja en las agencias de ayuda, así como a los aviones, tropas y buques de guerra de Estados Unidos. Una vez más se intenta provocar una estampida de apoyo de la opinión pública con imágenes que llegen al corazón de supervivientes desesperados y ciudades devastadas, acompañadas de un constante bombardeo condenando al régimen de Birmania por su respuesta inadecuada de auxilio a los afectados, su aislacionismo, y su falta de aceptación de ayuda internacional, especialmente estadounidense.
Uno debería inmediatamente hacer una pausa y recordar el resultado de ejercicios “humanitarios” similares. En 1999, la situación apremiante de los refugiados kosovares fue usada por Estados Unidos y sus aliados para lanzar una guerra contra Serbia y transformar esta provincia en un protectorado de la OTAN limpiado de la mayoría de su minoría serbia. Ese mismo año, Australia, con el apoyo de EEUU, usó la violencia de milicias apoyadas por Indonesia para justificar una intervención militar en Timor Este para instaurar un gobierno que fuera comprensivo con los intereses económicos y estratégicos de Canberra. Después de una década la población local en ambos países continúa viviendo en condiciones atroces, sin que ninguna de sus necesidades fundamentales se hayan cubierto.
Sin lugar a dudas una gigantesca tragedia social ha tenido lugar la pasada semana. Las cifras oficiales birmanas dan una estimación de más de 60,000 personas muertas o desaparecidas. Los oficiales de la ONU estiman el número de victimas mortales en 100,000 y el número de personas afectadas de forma severa por el ciclón en casi dos millones. La mayor parte del gigantesco delta del Irrawaddy ha sido devastado por la oleada de tormentas provocadas por el ciclón Nargis, que anegaron las tierras bajas. Ciudades y pueblos enteros han sido borrados del mapa, dejando detrás escenas que recuerdan la destrucción producida por el tsunami de diciembre de 2004 a lo largo de la costa de Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.
También es cierto que la junta birmana es un régimen brutal que de forma repetida ha abatido a tiros manifestantes antigobierno para mantener su propio poder y privilegios. Sus esfuerzos para rescatar a las víctimas se ven obstaculizados no sólo por el retraso del país, sino también por la cruel indiferencia hacia la situación apremiante de los birmanos. Dada la campaña actual en los medios de comunicación, uno debería tomar toda la información en la prensa con cautela. Pero hay pocas dudas de que muchas de las víctimas del ciclón están siendo dejadas a su propia suerte, como de hecho fue el caso de los sobrevivientes del tsunami de 2004 en los países que fueron golpeados más duramente.
Sin embargo, nadie debería darle ninguna credibilidad a las muestras de preocupación del gobierno de Bush y sus aliados. La Secretaria de Estado Condoleezza Rice insistió el miércoles en que la asistencia de Washington a las víctimas del ciclón no era “una cuestión de política” más bien “una cuestión de crisis humanitaria”. “Lo que hace falta es que el gobierno birmano permita a la comunidad internacional ayudar a su gente,” declaró Rice.
En realidad, toda la asistencia de EEUU lleva unida una serie de condicionamientos políticos. El gobierno de Bush ha ofrecido una suma irrisoria de 3.5 millones de dólares en ayuda financiera y está presionando para que se permita la entrada de oficiales de EEUU, trabajadores de agencias de ayuda y personal militar para organizar las operaciones de ayuda de emergencia, en vez de permitir a las autoridades birmanas llevar a cabo estas acciones ellos mismos. Al mismo tiempo, EEUU y sus aliados europeos continúan manteniendo sanciones en contra del régimen de Birmania que han agravado las dificultades económicas del país. En la semana anterior al ciclón, la administración Bush reforzó su prohibición de comercio e inversión y la congelación de activos, medidas todas que continúan vigentes, excepto por una ligera relajación de las restricciones sobre la ayuda financiera.
El Ministro de Asuntos Exteriores francés Bernard Kouchner sugirió el miércoles que el Consejo de Seguridad de la ONU convocara su “responsabilidad de proteger” para anular la soberanía nacional birmana y repartir ayuda internacional, con o sin la aprobación de la junta. La resolución “responsabilidad de proteger”, cuya historia se remonta a la guerra de 1999 de la OTAN contra Yugoslavia, se aprobó en 2006 como un instrumento de las superpotencias para justificar agresiones militares con el pretexto de prevenir “genocidio, guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad”. La sugerencia de Kouchner extendería el ámbito de tales intervenciones a desastres naturales tales como el ciclón Nargis.
El comentario de Kuouchner no ha sido todavía apoyado públicamente por Washington, pero claramente la sugerencia se está discutiendo dentro de la administración. El embajador de EEUU en la ONU, Zalmay Khalilzad, declaró que la mayoría de los gobiernos estaban “enfurecidos” por la lentitud del régimen Birmano en aceptar la ayuda internacional. Aludiendo a las potencias del Consejo de Seguridad de la ONU, añadió: “Un gobierno tiene la responsabilidad de proteger a su propia gente, de proveer para su gente…habría que ser un descerebrado para no aceptar la ayuda de la comunidad internacional.”
El Director del la Oficina de EEUU de Asistencia en Desastres Internacionales, Ky Luu, fue más explicito. Indicó que el lanzamiento unilateral de ayuda por aire con aviones militares de EEUU, era una de las opciones que se estaban considerando si la junta continuaba negándose a aceptar ayuda americana. Cuatro buques de guerra de EEUU ya se dirigen hacia Birmania y helicópteros de la marina y aviones de carga de las fuerzas aéreas han sido estacionados en la vecina Tailandia. El Secretario de Defensa de EEUU Robert Gates comentó que no se podía imaginar una intervención militar sin permiso birmano. El portavoz del Departamento de Defensa Bryan Whitman apuntó: “Si no se te pregunta y no se pide, se considera una invasión.” Sin embargo, está claro que la opción militar y sus ramificaciones políticas se están discutiendo activamente.
El tsunami asiático
Como parte de la campaña para presionar a la junta birmana, se ha creado un nuevo mito que pinta la respuesta internacional al tsunami asiático como un modelo rápido, eficiente y compasivo de entrega de ayuda internacional por todas las partes implicadas. Se están haciendo cada vez más comparaciones entre el régimen de Birmania hoy en día y sus homólogos “democráticos” en Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia en 2004.
Cualquier examen objetivo de la tragedia de 2004, sin embargo, revela una imagen muy diferente. Las olas enormes del tsunami se tragaron pueblos empobrecidos en la bahía de Bengala el 26 de diciembre. Durante días, mientras las cifras de muertos alcanzaban rápidamente los cientos de miles, El Presidente Bush, El Primer Ministro Tony Blair y otros lideres mundiales no hacían ninguna declaración sobre el desastre. Cuando finalmente decidieron volver de sus vacaciones, su desprecio colectivo por la suerte de las víctimas se reveló en sus comentarios superficiales y patéticas ofertas de ayuda. Fue sólo tras una lluvia de simpatía y donaciones de gente trabajadora alrededor del mundo, horrorizada por la enormidad del desastre, que EEUU y las principales potencias empezaron a actuar.
En los países más afectados, las operaciones de ayuda de emergencia se “hamstrung” (retrasaron?) por el papeleo y las agendas política, tanto de los regímenes locales como de los países donadores. Los gobiernos de Indonesia y Sri Lanka estaban metidos en guerras brutales de larga duración con movimientos separatistas y eran extremadamente reacios a admitir la presencia de organizaciones de ayuda, menos aún ejércitos extranjeros, en las zonas afectadas por el desastre. Lejos de ayudar a las víctimas, el ejército de Indonesia aprovechó la oportunidad para intensificar sus acciones contra los rebeldes de Aceh. En Sri Lanka, los intentos de establecer un grupo conjunto de ayuda con los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil bajo los auspicios del cese de fuego de 2002 colapsaron, en medio de amargas recriminaciones sobre algún tipo de reconocimiento oficial de los separatistas.
El gobierno indio insistió en que controlaría sus propias operaciones de socorro y rechazó ninguna sugerencia de que ejércitos extranjeros deberían implicarse. El ejercito indio fue particularmente sensible a la presencia de trabajadores de agencias de ayuda en las islas Adaman y Nicobar, que estaban entre las áreas más duramente golpeadas, debido a la presencia de bases estratégicas de la marina y la aviación en esas zonas. Más de tres años después, miles de víctimas del tsunami en estas islas, así como en otras partes de India, Indonesia y Sri Lank, siguen viviendo en condiciones miserables y alojamientos temporales.
Nadie en los círculos dirigentes de EEUU o Europa sugirió en aquel entonces que la operación militar se debería preparar para anular la soberanía india o hacer lanzamientos unilaterales desde el aire sobre las islas Andaman y Nicobar. En los casos de Sri Lanka e Indonesia, los gobiernos al final permitieron la ayuda militar de EEUU para asistir en las operaciones desde el aire en sus territorios. En ambos casos, el propósito primordial de Washington era político, forjar relaciones de trabajo más cercanas con los militares de los dos países y sentar un precedente, el cual se invoca ahora para ejercer presión sobre la junta de Birmania.
La Secretaria de Estado de EEUU Rice, declaró sin rodeos ante el Comité del Senado de Relaciones Internacionales en enero de 2005 que el tsunami constituía “una oportunidad maravillosa para mostrar no ya el gobierno de EEUU, sino el corazón del pueblo americano…Y pienso que ha generado muchos dividendos para nosotros.” Rice declara ahora que los ofrecimientos de ayuda de EEUU a Birmania no son “una cuestión de política”, pero la administración Bush está decidida a transformar el último desastre en una nueva “oportunidad” política para avanzar sus intereses económicos y estratégicos en la región.
Intereses estratégicos
La decisión de la Junta de Birmania de aceptar ayuda de forma selectiva sólo de países que le son amistosos tales como China, India y Tailandia, apenas sorprende. La administración Bush no ha mantenido en secreto el hecho de que favorece un “cambio de régimen” en Birmania – la eliminación del régimen militar y su reemplazo por un gobierno, encabezado por el líder de la oposición Aung San Suu Kyi, más receptivo a los intereses de Washington y a la apertura del país a los inversores extranjeros.
El hecho de que la junta de Birmania se haya convertido en el blanco de EEUU no tiene nada que ver con la preocupación por los derechos democráticos o el bienestar del pueblo de Birmania. La hostilidad de Washington hacia el régimen birmano está generado sobre todo por la asociación estrecha que éste mantiene con China, vista por EEUU como su principal rival potencial. Durante los últimos ocho años, la administración Bush ha seguido una estrategia de reforzar sus vínculos militares en una serie de países alrededor de China – desde Corea del Sur y Japón a las Filipinas, Australia, Indonesia y alrededor de India, Paquistán, Afganistán y las republicas de Asia Central.
Birmania es un agujero significativo en los esfuerzos de EEUU para “contener” a China. El país se asienta junto al estratégico estrecho de Malaca – la línea de costa principal que une el norte del Lejano Oriente, incluyendo China, con los recursos energéticos de Oriente Medio y África. El control de tales “puntos de estrangulación” ha sido siempre de gran importancia en los planes navales de EEUU. China ha ayudado a Birmania en la construcción de varias instalaciones navales y cuenta con el acceso a puertos de Birmania como parte de sus esfuerzos para proteger sus rutas de comercio por mar que son vitales para su propia economía.
Los medios de comunicación internacionales ya están criticando a China por no ejercer más presión en su aliado para que se abra a la ayuda internacional. La Secretaria de Estado de EEUU Rice telefoneo a su homologo en Beijing para presionar al gobierno chino para que ejerza más presión sobre Birmania. Si la administración Bush decidiera presionar para que se de una resolución de la ONU a favor de la intervención, China se convertiría en un blanco aún más directo de vilificación. China se ha opuesto a cualquier movimiento a favor de plantear el desastre del ciclón en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Hay también una agenda económica más amplia detrás de la hostilidad de Washington hacia la junta de Birmania. Durante décadas, ha mantenido una economía fundamentalmente cerrada, aislacionista en la que las empresas dominadas por el ejército aun controlan sectores clave. Para las corporaciones americanas, el país es una fuente potencial de trabajadores baratos así como de recursos críticos, incluyendo petróleo y gas. La administración de EEUU ha permitido a la compañía petrolera Chevron proceder de forma callada con su inversión multimillonaria en Birmania, pero tales operaciones se ven dificultadas por las malas relaciones entre los dos países.
La administración Bush no está más motivada por preocupaciones humanitarias en Birmania de lo que lo está en Irak o Afganistán. Al rechazar las últimas mentiras e hipocresía de la Casa Blanca, es necesario considerar las cuestiones fundamentales implicadas. ¿Por qué tales catástrofes golpean repetidamente a las capas más vulnerables de la población mundial? ¿Por qué la enfermedad, el hambre y la pobreza continúan haciendo estragos en las masas de Asia, África y Latinoamérica?
Los recursos existen para abolir el sufrimiento y la necesidad, a la vez que para minimizar el impacto de los desastres naturales tales como el ciclón Nargis. Durante las pasadas tres décadas, la globalización de la producción ha expandido grandemente la capacidad económica del ser humano, estableciendo las bases para una planificación racional y despliegue de recursos a escala mundial para asegurar un nivel de vida decente para la gente en cualquier parte del globo. Bajo el capitalismo, sin embargo, esta enorme capacidad económica y científica es explotada para generar beneficios para la minoría rica, mientras que la inmensa mayoría, incluso en los principales países industrializados, lucha por sobrevivir día a día.
La pobreza y el desempleo no son aberraciones. Las enormes capas de pobres urbanos y rurales son un rasgo esencial del capitalismo global. Forman un enorme ejército de reserva de mano de obra que se usa para presionar de forma constante hacia abajo sobre los salarios y condiciones de la clase trabajadora internacionalmente. El único medio para abolir el abismo inmenso y cada vez mas profundo entre ricos y pobres es a través de una reestructuración revolucionaria de la sociedad según criterios socialistas, de manera que las necesidades candentes de la abrumadora mayoría de la humanidad tengan prioridad sobre los requerimientos de beneficios para unos pocos.
Articulo original:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8946
Todos ellos negaron la burbuja inmobiliaria
David Lereah, ex portavoz de la patronal promotora de EEUU, ha reconocido a CNN Money que mintió al negar la burbuja inmobiliaria porque “era mi trabajo representar los intereses de los promotores”. En nuestro país, son legión los ilustres políticos a derecha y a izquierda, financieros, empresarios, cargos públicos y expertos de todo pelaje que negaron la existencia de la burbuja, quién sabe si por miopía o por interés. Internet, en especial Burbuja.info, ha sido pionero en la clasificación de estos personajes como nuncabajistas o negacionistas, aterricistas, chaquetistas y burbujistas.
Ahora, un libro del profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, recopila algunas perlas de grandes responsables de que en este país se formara una burbuja inmobiliaria de enormes proporciones cuyas consecuencias sufrimos hoy. Como dice Montalvo, “no están todos los que son pero sí son todos los que están”.
El libro en cuestión, titulado De la quimera inmobiliaria al colapso financiero y que lleva por subtítulo Crónica de un desenlace anunciado, recoge en su epígrafe una detallada colección de comentarios carpetovetónicos que abundan en la falta de cultura financiera patria. Los divide en tres categorías. Primero, los “negacionistas”, que no aceptan la existencia de una burbuja y que luego se transmutarían en “aterricistas”, o defensores de un supuesto aterrizaje suave. La segunda categoría incluye a aquellos que han cambiado de bando y que denomina “chaquetistas”. Por último, están los “burbujistas”, que siempre han mantenido la existencia de la burbuja, "aunque en algunos casos llegó un momento en que dejaron de hacer declaraciones públicas".
Chacón: "Nuestro sector inmobiliario es de los mejores del mundo"
Entre los políticos, Montalvo cita a Francisco Álvarez Cascos, ex ministro de Fomento. En el año 2003, afirmó que “Se ha intentado trasladar del mundo financiero al inmobiliario el concepto de burbuja, algo que se pincha cuando desaparecen las expectativas, pero las expectativas en el mercado inmobiliario español son sólidas y reales”. Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, tildó en 2003 de “especulación de la oposición” el concepto de burbuja inmobiliaria.
María Antonia Trujillo, primera ministra de Vivienda, aseguró en 2004 que “Los que hablan de burbuja pecan de irresponsabilidad. Habrá un aterrizaje suave (…)”. Su sucesora, Carme Chacón, afirmó en a finales de 2007 que “nuestro sector inmobiliario es de los mejores del mundo. Vivimos un aterrizaje o ajuste suave”.
En el sector financiero, Alfredo Sáenz, vicepresidente del Grupo Santander, aseveró en abril de 2007 que “No hay síntomas de pinchazo de la burbuja porque la morosidad en España está bien. (…)”. Su jefe, Emilio Botín, dijo que “no habrá ni crack ni burbuja”.
Especialmente sangrantes, por la relevancia de sus cargos, son las declaraciones de representantes de organismos públicos tales como el Banco de España o la Asociación Hipotecaria Española (AHE). En este sentido, Jaime Caruana, ex gobernador del Banco de España, matizó en 2005 que el emisor “nunca ha hablado de burbuja inmobiliaria porque una situación así acaba de forma brusca”. Gregorio Mayayo, presidente de la AHE, pronosticó en 2002 que era “metafísicamente imposible” que en España bajaran los precios de la vivienda.
Brugera, presidente de Colonial: "la burbuja es un reclamo periodístico y no tiene un contenido real"
Pero para reír por no llorar, está la verborrea de ladrilleros y sus representantes. Juan José Brugera, hoy presidente de Colonial, dijo que “la burbuja es un reclamo periodístico y no tiene un contenido real”. ¿Quién no recuerda las palabras de Fernando Martín, presidente de la concursada Martinsa-Fadesa y ex presidente del lobby G-14, augurando en octubre de 2007 que el precio de la vivienda subiría en 2009 de manera vertiginosa”?. Luis del Rivero, presidente de Sacyr-Vallehermoso, no sólo ejerció de negacionista, sino que arremetió contra los medios de comunicación como causantes de todos los males del sector.
El Confidencial publicó en noviembre de 2007 cómo José Manuel Galindo, entonces presidente de Asprima, hoy de APCE, instaba a las consultoras inmobiliarias no a negar la realidad “pero sí acotarla”, con la intención de maquillar la mala situación del ladrillo.
El libro sitúa a Zapatero en el capítulo de los chaquetistas. Montalvo lo explica así: “la mayoría de los chaquetistas cambia de negar la existencia de la burbuja a aceptarla. Sólo Rodríguez Zapatero se mueve en la dirección contraria”. Así, si en 2003 advertía al PP del “riesgo de burbuja”, una vez que se convirtió en inquilino de La Moncloa, transmutó su pensamiento hasta sotener que “no hay ninguna repercusión directa de la crisis de EEUU en el mercado inmobiliario español”. De ahí a asegurar que “el sistema financiero español es el mejor de la comunidad internacional” sólo hubo un paso. Entre los chaquetistas se sitúan también Pedro Solbes, Rodrigo Rato, Luis de Guindos y Guillermo Chicote, presidente de APCE, quien llegó a decir que la burbuja era un “mito”.
Por último, merece la pena destacar que Montalvo sitúa entre los burbujistas al hoy ministro de Industria, Miguel Sebastián, y al presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), pero que una vez llegaron a ocupar sus actuales puestos, sorprendentemente, dejaron de hacer declaraciones públicas sobre el tema.
Ahora, un libro del profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, recopila algunas perlas de grandes responsables de que en este país se formara una burbuja inmobiliaria de enormes proporciones cuyas consecuencias sufrimos hoy. Como dice Montalvo, “no están todos los que son pero sí son todos los que están”.
El libro en cuestión, titulado De la quimera inmobiliaria al colapso financiero y que lleva por subtítulo Crónica de un desenlace anunciado, recoge en su epígrafe una detallada colección de comentarios carpetovetónicos que abundan en la falta de cultura financiera patria. Los divide en tres categorías. Primero, los “negacionistas”, que no aceptan la existencia de una burbuja y que luego se transmutarían en “aterricistas”, o defensores de un supuesto aterrizaje suave. La segunda categoría incluye a aquellos que han cambiado de bando y que denomina “chaquetistas”. Por último, están los “burbujistas”, que siempre han mantenido la existencia de la burbuja, "aunque en algunos casos llegó un momento en que dejaron de hacer declaraciones públicas".
Chacón: "Nuestro sector inmobiliario es de los mejores del mundo"
Entre los políticos, Montalvo cita a Francisco Álvarez Cascos, ex ministro de Fomento. En el año 2003, afirmó que “Se ha intentado trasladar del mundo financiero al inmobiliario el concepto de burbuja, algo que se pincha cuando desaparecen las expectativas, pero las expectativas en el mercado inmobiliario español son sólidas y reales”. Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, tildó en 2003 de “especulación de la oposición” el concepto de burbuja inmobiliaria.
María Antonia Trujillo, primera ministra de Vivienda, aseguró en 2004 que “Los que hablan de burbuja pecan de irresponsabilidad. Habrá un aterrizaje suave (…)”. Su sucesora, Carme Chacón, afirmó en a finales de 2007 que “nuestro sector inmobiliario es de los mejores del mundo. Vivimos un aterrizaje o ajuste suave”.
En el sector financiero, Alfredo Sáenz, vicepresidente del Grupo Santander, aseveró en abril de 2007 que “No hay síntomas de pinchazo de la burbuja porque la morosidad en España está bien. (…)”. Su jefe, Emilio Botín, dijo que “no habrá ni crack ni burbuja”.
Especialmente sangrantes, por la relevancia de sus cargos, son las declaraciones de representantes de organismos públicos tales como el Banco de España o la Asociación Hipotecaria Española (AHE). En este sentido, Jaime Caruana, ex gobernador del Banco de España, matizó en 2005 que el emisor “nunca ha hablado de burbuja inmobiliaria porque una situación así acaba de forma brusca”. Gregorio Mayayo, presidente de la AHE, pronosticó en 2002 que era “metafísicamente imposible” que en España bajaran los precios de la vivienda.
Brugera, presidente de Colonial: "la burbuja es un reclamo periodístico y no tiene un contenido real"
Pero para reír por no llorar, está la verborrea de ladrilleros y sus representantes. Juan José Brugera, hoy presidente de Colonial, dijo que “la burbuja es un reclamo periodístico y no tiene un contenido real”. ¿Quién no recuerda las palabras de Fernando Martín, presidente de la concursada Martinsa-Fadesa y ex presidente del lobby G-14, augurando en octubre de 2007 que el precio de la vivienda subiría en 2009 de manera vertiginosa”?. Luis del Rivero, presidente de Sacyr-Vallehermoso, no sólo ejerció de negacionista, sino que arremetió contra los medios de comunicación como causantes de todos los males del sector.
El Confidencial publicó en noviembre de 2007 cómo José Manuel Galindo, entonces presidente de Asprima, hoy de APCE, instaba a las consultoras inmobiliarias no a negar la realidad “pero sí acotarla”, con la intención de maquillar la mala situación del ladrillo.
El libro sitúa a Zapatero en el capítulo de los chaquetistas. Montalvo lo explica así: “la mayoría de los chaquetistas cambia de negar la existencia de la burbuja a aceptarla. Sólo Rodríguez Zapatero se mueve en la dirección contraria”. Así, si en 2003 advertía al PP del “riesgo de burbuja”, una vez que se convirtió en inquilino de La Moncloa, transmutó su pensamiento hasta sotener que “no hay ninguna repercusión directa de la crisis de EEUU en el mercado inmobiliario español”. De ahí a asegurar que “el sistema financiero español es el mejor de la comunidad internacional” sólo hubo un paso. Entre los chaquetistas se sitúan también Pedro Solbes, Rodrigo Rato, Luis de Guindos y Guillermo Chicote, presidente de APCE, quien llegó a decir que la burbuja era un “mito”.
Por último, merece la pena destacar que Montalvo sitúa entre los burbujistas al hoy ministro de Industria, Miguel Sebastián, y al presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), pero que una vez llegaron a ocupar sus actuales puestos, sorprendentemente, dejaron de hacer declaraciones públicas sobre el tema.
¿Se estará acordando Solbes de las bajadas de impuestos?
Juan Rodríguez
ATTAC Mallorca
El pasado viernes el ministro de economía Pedro Solbes compareció ante la prensa tras el Consejo de Ministros para ofrecer las nuevas previsiones económicas para el año 2009 (1). Los datos son por todos conocidos y, de confirmarse, como así parece que ocurrirá, serán los peores de los últimos cincuenta años. Además, en una entrevista concedida poco después al diario El País, admitía que el gobierno había utilizado todo el margen que tenía contra la crisis (2). La presentación de unos datos tan nefastos tras haber declarado a principios de este año que estaba convencido de que 2009 sería un buen año (3), así como la irresponsabilidad de declarar que ya no dispone de margen de actuación parece demostrar que la crisis actual ha superado la capacidad de previsión del actual gobierno en materia económica.
El vuelco de los datos es evidente y espectacular. De uno de los crecimientos del P.I.B. más fuertes de Europa Occidental se pasará a un decrecimiento del 1,6 %. El desempleo prácticamente duplicará su tasa respecto a los mínimos históricos de la democracia alcanzados en 2007 situándose, según estas estimaciones, próximo al 16%, aunque la Comisión Europea prevé que en 2010 alcanzará el 18,7% (4). Y el déficit público se acercará al 6 por cien frente al superávit del que disfrutaban las cuentas nacionales en los últimos años. Éste último dato es especialmente llamativo si se tiene en cuenta la política fiscal llevada por los últimos ejecutivos y hace que me pregunte si el señor Ministro no se estará acordando, y por supuesto arrepintiendo, de las bajadas de impuestos llevadas a cabo en los años de bonanza económica.
Los anteriores gobiernos, tanto los del Partido Popular como los del PSOE, han aprovechado el crecimiento económico de los últimos años para reducir diversos impuestos a ciudadanos y empresas con el objetivo declarado de estimular la economía y potenciar la demanda e inversión privadas. Como consecuencia de la fase expansiva de la economía y el extraordinario crecimiento del sector inmobiliario, estas reducciones no sólo no provocaron una disminución de la recaudación, si no que permitieron al Estado disfrutar de superávit fiscal. Sin embargo, la crisis actual está demostrando lo inadecuadas que fueron dichas políticas, pues fueron tomadas pensando únicamente en las consecuencias a corto plazo y sin tener en cuenta las posibles implicaciones que tendrían con un cambio de ciclo de la economía.
Actualmente parece indiscutible que es necesario recurrir al déficit fiscal para mitigar los efectos de la crisis. La reducción de la actividad, el aumento del desempleo y la incertidumbre económica han provocado una contracción del consumo privado; este hecho unido al fin del “boom” del ladrillo ha provocado una importante disminución de los ingresos de las Administraciones Públicas. Aunque algunos aboguen por ello, una reducción del gasto público provocaría, aparte del aumento del diferencial que nuestro país tiene con el nivel europeo de gasto público y social, un recrudecimiento de la crisis, pues la demanda interna se vería más reducida aún. Sin embargo, el déficit no deja de ser un mal menor y hubiese sido mucho mejor que nuestros gobernantes no hubiesen tomado medidas que nos obligan a mantener en la actualidad un desfase presupuestario tan elevado.
Desde una perspectiva más conservadora, de no haberse reducido los impuestos, el Estado hubiese dispuesto de un superávit mayor, lo que hubiese permitido una mayor reducción de la deuda pública (que por suerte no es excesivamente elevada) y, en estos momentos en los que el desfase presupuestario se dispara, permitiría que el déficit actual fuese menor, aún manteniendo el nivel de gasto público o incluso elevándolo ligeramente.
No obstante, hubiese sido más eficiente e interesante un enfoque más progresista. Desde este punto de vista, la mayor recaudación fiscal nos hubiese permitido en años pasados mantener superávit, pero a la vez aumentar el gasto social en nuestro país, que todavía se encuentra lejano del de los países más avanzados de Europa. Por un lado, el mayor gasto en educación (y en I+D+i) hubiese permitido mejorar la exigua productividad del trabajo en nuestro país, lo que sin duda fortalecería nuestra economía, y por otro lado el aumento del gasto en sanidad y otros gastos sociales como por ejemplo los necesarios para el desarrollo de la ley de dependencia hubiesen prodicido una mejora del estado del bienestar español y una creación de empleo de más calidad y menos dependiente del sector inmobiliario. Estas medidas hubiesen provocado que nuestro país se encontrase en una mejor situación para combatir la crisis, que además tendría unos efectos menores al haberse reducido la dependencia del “ladrillo” de nuestra economía.
Por tanto, las reducciones de impuestos que se han llevado a cabo en los últimos años no sólo han reducido al capacidad de reacción del gobierno para establecer medidas que mitiguen los efectos de la crisis, sino que éstos recursos adicionales de los que hubiese dispuesto el estado, utilizados eficientemente, podrían haber ayudado a hacernos un país con una economía más sólida y menos vulnerable a la crisis.
Notas:
(1) La peor recesión en medio siglo, El País, 17/01/09
(2) “Hemos utilizado todo el margen que teníamos contra la crisis”, El País, 18/01/09
(3) Solbes: “Estoy convencido de que va a ser un buen año”, El País, 01/01/09
(4) Bruselas prevé una contracción del 2% de la economía española en 2009, El País, 19/01/09
ATTAC Mallorca
El pasado viernes el ministro de economía Pedro Solbes compareció ante la prensa tras el Consejo de Ministros para ofrecer las nuevas previsiones económicas para el año 2009 (1). Los datos son por todos conocidos y, de confirmarse, como así parece que ocurrirá, serán los peores de los últimos cincuenta años. Además, en una entrevista concedida poco después al diario El País, admitía que el gobierno había utilizado todo el margen que tenía contra la crisis (2). La presentación de unos datos tan nefastos tras haber declarado a principios de este año que estaba convencido de que 2009 sería un buen año (3), así como la irresponsabilidad de declarar que ya no dispone de margen de actuación parece demostrar que la crisis actual ha superado la capacidad de previsión del actual gobierno en materia económica.
El vuelco de los datos es evidente y espectacular. De uno de los crecimientos del P.I.B. más fuertes de Europa Occidental se pasará a un decrecimiento del 1,6 %. El desempleo prácticamente duplicará su tasa respecto a los mínimos históricos de la democracia alcanzados en 2007 situándose, según estas estimaciones, próximo al 16%, aunque la Comisión Europea prevé que en 2010 alcanzará el 18,7% (4). Y el déficit público se acercará al 6 por cien frente al superávit del que disfrutaban las cuentas nacionales en los últimos años. Éste último dato es especialmente llamativo si se tiene en cuenta la política fiscal llevada por los últimos ejecutivos y hace que me pregunte si el señor Ministro no se estará acordando, y por supuesto arrepintiendo, de las bajadas de impuestos llevadas a cabo en los años de bonanza económica.
Los anteriores gobiernos, tanto los del Partido Popular como los del PSOE, han aprovechado el crecimiento económico de los últimos años para reducir diversos impuestos a ciudadanos y empresas con el objetivo declarado de estimular la economía y potenciar la demanda e inversión privadas. Como consecuencia de la fase expansiva de la economía y el extraordinario crecimiento del sector inmobiliario, estas reducciones no sólo no provocaron una disminución de la recaudación, si no que permitieron al Estado disfrutar de superávit fiscal. Sin embargo, la crisis actual está demostrando lo inadecuadas que fueron dichas políticas, pues fueron tomadas pensando únicamente en las consecuencias a corto plazo y sin tener en cuenta las posibles implicaciones que tendrían con un cambio de ciclo de la economía.
Actualmente parece indiscutible que es necesario recurrir al déficit fiscal para mitigar los efectos de la crisis. La reducción de la actividad, el aumento del desempleo y la incertidumbre económica han provocado una contracción del consumo privado; este hecho unido al fin del “boom” del ladrillo ha provocado una importante disminución de los ingresos de las Administraciones Públicas. Aunque algunos aboguen por ello, una reducción del gasto público provocaría, aparte del aumento del diferencial que nuestro país tiene con el nivel europeo de gasto público y social, un recrudecimiento de la crisis, pues la demanda interna se vería más reducida aún. Sin embargo, el déficit no deja de ser un mal menor y hubiese sido mucho mejor que nuestros gobernantes no hubiesen tomado medidas que nos obligan a mantener en la actualidad un desfase presupuestario tan elevado.
Desde una perspectiva más conservadora, de no haberse reducido los impuestos, el Estado hubiese dispuesto de un superávit mayor, lo que hubiese permitido una mayor reducción de la deuda pública (que por suerte no es excesivamente elevada) y, en estos momentos en los que el desfase presupuestario se dispara, permitiría que el déficit actual fuese menor, aún manteniendo el nivel de gasto público o incluso elevándolo ligeramente.
No obstante, hubiese sido más eficiente e interesante un enfoque más progresista. Desde este punto de vista, la mayor recaudación fiscal nos hubiese permitido en años pasados mantener superávit, pero a la vez aumentar el gasto social en nuestro país, que todavía se encuentra lejano del de los países más avanzados de Europa. Por un lado, el mayor gasto en educación (y en I+D+i) hubiese permitido mejorar la exigua productividad del trabajo en nuestro país, lo que sin duda fortalecería nuestra economía, y por otro lado el aumento del gasto en sanidad y otros gastos sociales como por ejemplo los necesarios para el desarrollo de la ley de dependencia hubiesen prodicido una mejora del estado del bienestar español y una creación de empleo de más calidad y menos dependiente del sector inmobiliario. Estas medidas hubiesen provocado que nuestro país se encontrase en una mejor situación para combatir la crisis, que además tendría unos efectos menores al haberse reducido la dependencia del “ladrillo” de nuestra economía.
Por tanto, las reducciones de impuestos que se han llevado a cabo en los últimos años no sólo han reducido al capacidad de reacción del gobierno para establecer medidas que mitiguen los efectos de la crisis, sino que éstos recursos adicionales de los que hubiese dispuesto el estado, utilizados eficientemente, podrían haber ayudado a hacernos un país con una economía más sólida y menos vulnerable a la crisis.
Notas:
(1) La peor recesión en medio siglo, El País, 17/01/09
(2) “Hemos utilizado todo el margen que teníamos contra la crisis”, El País, 18/01/09
(3) Solbes: “Estoy convencido de que va a ser un buen año”, El País, 01/01/09
(4) Bruselas prevé una contracción del 2% de la economía española en 2009, El País, 19/01/09
Nuevos ‘tarifazos’ en el transporte para 2009
Las asociaciones de vecinos denuncian subidas abusivas
Pablo Elorduy
Diagonal
A pesar de la bajada del precio del petróleo, las subidas en el transporte público de Madrid y Barcelona superan hasta tres veces el Índice de Precios al Consumo. Por su parte, Renfe también anuncia incrementos en sus líneas más ‘populares’.
La tercera subida en 12 meses de los precios del transporte público en la Comunidad de Madrid ha vuelto a superar el incremento de la inflación. Mientras se mantiene el precio para el billete sencillo, suben más las tarifas de los bonos más utilizados, el bonometro de diez viajes y el abono mensual, tanto de adultos como de jóvenes.
En enero de 2008 se aprobó la subida anual de las tarifas, lo que supuso un incremento de un 4,1%. En julio se aprobó otra revisión de un 3,27%, presentada entonces como un adelanto de la subida prevista para enero. Acumulados, los tres ‘tarifazos’ han aumentado el precio del transporte público en un 12,2% en un solo año. Según el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, la revisión viene provocada por el encarecimiento del gas y de la electricidad. No obstante, la caída del precio del petróleo no ha influido en la reducción de los precios. Para la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) se trata de una medida “meramente recaudatoria” que no repercutirá en la mejora del servicio y que carga sobre los ciudadanos la “mala gestión” del Consorcio. Carmen Lostal, responsable de Transportes de la FRAVM, denuncia que la medida puede llegar “a ahogar a los de siempre”.
En el caso de Barcelona la subida media es de un 4,75%. Como en Madrid, el precio sube más en los abonos, con incrementos de hasta un 6,94%. La Federación de vecinos y residentes de Barcelona (FAVB) emitió un comunicado para rechazar el “billetazo” aprobado por la Autoritat del Transport Metropolità. Según la FAVB, “esta subida resulta contradictoria con la necesidad de potenciar el transporte público frente al privado y para la reducción de la contaminación y el efecto invernadero”.
Subidas generalizadas
El anuncio hecho por Renfe de que sacará una oferta de billetes low cost con descuentos de hasta un 50% para cubrir las plazas vacantes en trenes de alta velocidad contrasta con el incremento de tarifas anunciado para 2009. La subida afecta más a las líneas de cercanías, cuyos precios aumentarán un 6,28%. La empresa justifica la subida por el mayor precio de la electricidad, si bien Renfe no aporta explicación de por qué ésta es mayor en las líneas de cercanías y regionales (que suben un 5%) y aumenta en menor medida el precio de los trayectos de alta velocidad. El incremento de los servicios de transporte y las anunciadas subidas en la electricidad, el agua y el teléfono (con la única excepción de la bajada del precio del gas), marcan el comienzo de un año repleto de apelaciones a “apretarse el cinturón”. La subida de tarifas e impuestos se ha plasmado significativamente en el Impuesto de Bienes inmuebles (IBI), fuente directa de recaudación de los ayuntamientos. En el caso de Madrid, que ha cerrado 2008 con una deuda que supera los 7.000 millones, este impuesto subirá más de diez puntos porcentuales.
Pablo Elorduy
Diagonal
A pesar de la bajada del precio del petróleo, las subidas en el transporte público de Madrid y Barcelona superan hasta tres veces el Índice de Precios al Consumo. Por su parte, Renfe también anuncia incrementos en sus líneas más ‘populares’.
La tercera subida en 12 meses de los precios del transporte público en la Comunidad de Madrid ha vuelto a superar el incremento de la inflación. Mientras se mantiene el precio para el billete sencillo, suben más las tarifas de los bonos más utilizados, el bonometro de diez viajes y el abono mensual, tanto de adultos como de jóvenes.
En enero de 2008 se aprobó la subida anual de las tarifas, lo que supuso un incremento de un 4,1%. En julio se aprobó otra revisión de un 3,27%, presentada entonces como un adelanto de la subida prevista para enero. Acumulados, los tres ‘tarifazos’ han aumentado el precio del transporte público en un 12,2% en un solo año. Según el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, la revisión viene provocada por el encarecimiento del gas y de la electricidad. No obstante, la caída del precio del petróleo no ha influido en la reducción de los precios. Para la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) se trata de una medida “meramente recaudatoria” que no repercutirá en la mejora del servicio y que carga sobre los ciudadanos la “mala gestión” del Consorcio. Carmen Lostal, responsable de Transportes de la FRAVM, denuncia que la medida puede llegar “a ahogar a los de siempre”.
En el caso de Barcelona la subida media es de un 4,75%. Como en Madrid, el precio sube más en los abonos, con incrementos de hasta un 6,94%. La Federación de vecinos y residentes de Barcelona (FAVB) emitió un comunicado para rechazar el “billetazo” aprobado por la Autoritat del Transport Metropolità. Según la FAVB, “esta subida resulta contradictoria con la necesidad de potenciar el transporte público frente al privado y para la reducción de la contaminación y el efecto invernadero”.
Subidas generalizadas
El anuncio hecho por Renfe de que sacará una oferta de billetes low cost con descuentos de hasta un 50% para cubrir las plazas vacantes en trenes de alta velocidad contrasta con el incremento de tarifas anunciado para 2009. La subida afecta más a las líneas de cercanías, cuyos precios aumentarán un 6,28%. La empresa justifica la subida por el mayor precio de la electricidad, si bien Renfe no aporta explicación de por qué ésta es mayor en las líneas de cercanías y regionales (que suben un 5%) y aumenta en menor medida el precio de los trayectos de alta velocidad. El incremento de los servicios de transporte y las anunciadas subidas en la electricidad, el agua y el teléfono (con la única excepción de la bajada del precio del gas), marcan el comienzo de un año repleto de apelaciones a “apretarse el cinturón”. La subida de tarifas e impuestos se ha plasmado significativamente en el Impuesto de Bienes inmuebles (IBI), fuente directa de recaudación de los ayuntamientos. En el caso de Madrid, que ha cerrado 2008 con una deuda que supera los 7.000 millones, este impuesto subirá más de diez puntos porcentuales.
Euforia económica, déficit social
Vicenç Navarro
ATTAC-Madrid
España continúa siendo uno de los países desarrollados que tiene mayores desigualdades de renta.
Me preocupa que el presidente Rodríguez Zapatero esté cometiendo el mismo error que el presidente Bush en las últimas elecciones legislativas al Congreso de EE UU, cuando, consciente éste de la escasa popularidad de su intervención en Irak, enfatizó durante la campaña electoral los éxitos de su política económica, que se reflejaban en unos indicadores macroeconómicos muy satisfactorios. La tasa de desempleo de EE UU, la más baja desde el año 2001, iba acompañada con una elvada tasa de creación de empleo, una baja inflación y un elevado crecimiento económico. Y sin embargo, el Partido Republicano perdió las elecciones no sólo como consecuencia de la oposición a su política en Irak, sino también como resultado de la insatisfacción de gran parte del electorado con la situación económica y social del país, tal como mostraron las encuestas a pie de urna.
En España, el Gobierno de Zapatero está enfatizando también los indicadores macroeconómicos, los cuales son también muy favorables . La lista de éxitos económicos es larga. La economía española es de las que tiene un mayor crecimiento económico en la UE (el 4% en el último trimestre, una tasa mayor que la de EE UU), una reducción considerable de la inflación en 1,5 puntos, un crecimiento notable de la población activa (porcentaje de la población en el mercado de trabajo), con la perspectiva de alcanzar tres millones de nuevos empleos durante esta legislatura. La tasa de paro de 8,5% es la más baja desde 1979, y un largo etcétera. Los foros empresariales y financieros españoles e internacionales hablan ya incluso de "milagro económico español".
Ahora bien, es un gran error asumir que la bondad de los indicadores macroeconómicos se traduce automáticamente en mejoramiento del bienestar social y calidad de vida de la ciudadanía y en apoyo electoral. En EE UU, aquellos indicadores exitosos coincidían con una percepción de inseguridad laboral y social ampliamente extendida entre la población y muy en particular entre la clase trabajadora y amplios sectores de las clases medias. Los economistas David Kusner, Lawrence Mishel y Ruy Teixeira del Economic Policy Institute de Washington, en su análisis de la opinión de la ciudadanía estadounidense sobre la economía (What everyday Americans Really Think -and Elites don't get- about the economy) citaron varias encuestas que mostraban que la gran mayoría de los ciudadanos, el 72% de la población, percibían que las desigualdades sociales "estaban creciendo excesivamente y que los beneficios del crecimiento económico no estaban bien distribuidos" . El 68% de la población creía que las desigualdades sociales en EE UU eran demasiado grandes. Varias encuestas señalaron también que el sentimiento crítico hacia el mundo empresarial y hacia la comunidad bancaria había crecido muy notablemente durante la Administración de Bush por haber sido percibidos tales estamentos como especialmente favorecidos por las políticas económicas y fiscales de la Administración de Bush. La mayoría de la población no vio notables mejoras en su bienestar, mientras sí que percibió que las rentas de los grupos más pudientes estaban aumentando desmesuradamente.
Y es ahí donde me temo que algo similar podría ocurrir en España, y eso a pesar de las grandes diferencias existentes entre las políticas sociales del Gobierno de Zapatero y las del de Bush . Mientras que el último se ha caracterizado por una gran austeridad social, el primero ha incidido exitosamente en varias dimensiones sociales como son: un aumento del salario mínimo interprofesional de 110 euros al mes (un crecimiento del 24% en tres años: durante el Gobierno de Aznar fue sólo del 8,4% en sus últimos cuatro años), un aumento de las pensiones mínimas del 20% ( durante el Gobierno del PP había sido sólo del 13%), el 8,7% del crecimiento del gasto en protección social, superior al crecimiento del PIB nominal, una Ley de Dependencia de gran calado y muchas otras medidas, que muestran una sensibilidad social que no tuvo el Gobierno conservador del PP y tampoco tiene la Administración de Bush. Pero las encuestas señalan que grandes sectores de las clases populares -la base electoral del Gobierno de Zapatero- continúan insatisfechas, lo cual debiera hacer reflexionar al Gobierno sobre la bondad de algunas de sus políticas económicas y fiscales (que condicionan en gran manera el desarrollo de sus políticas sociales), heredadas del Gobierno conservador anterior, políticas públicas que están contribuyendo al incremento de las desigualdades sociales en nuestro país. Muchas de estas políticas son mera continuación de las políticas del Gobierno de Aznar y son semejantes a las del de Bush. Entre ellas cabe destacar las políticas fiscales encaminadas a reducir los impuestos (manteniendo en líneas generales las reformas fiscales regresivas del gobierno de Aznar), un énfasis en alcanzar un elevado superávit en las cuentas del Estado (el 1,83% del PIB) con excesiva cautela hacia el crecimiento del gasto público y un crecimiento del gasto público social por habitante, que aunque es mucho mayor que el seguido por el Gobierno de Aznar, es todavía insuficiente para converger con el promedio de la UE-15 (tal como prometió el partido gobernante en su programa electoral).
España continúa siendo uno de los países desarrollados, junto con EE UU, que tiene mayores desigualdades de renta. Y la percepción popular de que estas desigualdades son demasiado elevadas está creciendo. El 74% de la población española considera que las desigualdades sociales son demasiado altas, el mayor porcentaje existente en los últimos 10 años. Las causas de tales desigualdades son el crecimiento de las rentas del capital, mucho mayor que el crecimiento de las rentas del trabajo; una elevada dispersión salarial con gran crecimiento de los salarios bajos; unas políticas fiscales de impacto redistributivo limitado y un Estado del Bienestar poco desarrollado. El gasto público social per cápita y como porcentaje del PIB continúa siendo uno de los más bajos de la UE-15. El Gobierno de Zapatero debería ser consciente de que el crecimiento de la percepción de que las desigualdades sociales están aumentando puede incrementar la abstención entre amplios sectores de las clases populares que tradicionalmente han identificado socialdemocracia con redistribución de recursos y justicia social.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la UPF.
ATTAC-Madrid
España continúa siendo uno de los países desarrollados que tiene mayores desigualdades de renta.
Me preocupa que el presidente Rodríguez Zapatero esté cometiendo el mismo error que el presidente Bush en las últimas elecciones legislativas al Congreso de EE UU, cuando, consciente éste de la escasa popularidad de su intervención en Irak, enfatizó durante la campaña electoral los éxitos de su política económica, que se reflejaban en unos indicadores macroeconómicos muy satisfactorios. La tasa de desempleo de EE UU, la más baja desde el año 2001, iba acompañada con una elvada tasa de creación de empleo, una baja inflación y un elevado crecimiento económico. Y sin embargo, el Partido Republicano perdió las elecciones no sólo como consecuencia de la oposición a su política en Irak, sino también como resultado de la insatisfacción de gran parte del electorado con la situación económica y social del país, tal como mostraron las encuestas a pie de urna.
En España, el Gobierno de Zapatero está enfatizando también los indicadores macroeconómicos, los cuales son también muy favorables . La lista de éxitos económicos es larga. La economía española es de las que tiene un mayor crecimiento económico en la UE (el 4% en el último trimestre, una tasa mayor que la de EE UU), una reducción considerable de la inflación en 1,5 puntos, un crecimiento notable de la población activa (porcentaje de la población en el mercado de trabajo), con la perspectiva de alcanzar tres millones de nuevos empleos durante esta legislatura. La tasa de paro de 8,5% es la más baja desde 1979, y un largo etcétera. Los foros empresariales y financieros españoles e internacionales hablan ya incluso de "milagro económico español".
Ahora bien, es un gran error asumir que la bondad de los indicadores macroeconómicos se traduce automáticamente en mejoramiento del bienestar social y calidad de vida de la ciudadanía y en apoyo electoral. En EE UU, aquellos indicadores exitosos coincidían con una percepción de inseguridad laboral y social ampliamente extendida entre la población y muy en particular entre la clase trabajadora y amplios sectores de las clases medias. Los economistas David Kusner, Lawrence Mishel y Ruy Teixeira del Economic Policy Institute de Washington, en su análisis de la opinión de la ciudadanía estadounidense sobre la economía (What everyday Americans Really Think -and Elites don't get- about the economy) citaron varias encuestas que mostraban que la gran mayoría de los ciudadanos, el 72% de la población, percibían que las desigualdades sociales "estaban creciendo excesivamente y que los beneficios del crecimiento económico no estaban bien distribuidos" . El 68% de la población creía que las desigualdades sociales en EE UU eran demasiado grandes. Varias encuestas señalaron también que el sentimiento crítico hacia el mundo empresarial y hacia la comunidad bancaria había crecido muy notablemente durante la Administración de Bush por haber sido percibidos tales estamentos como especialmente favorecidos por las políticas económicas y fiscales de la Administración de Bush. La mayoría de la población no vio notables mejoras en su bienestar, mientras sí que percibió que las rentas de los grupos más pudientes estaban aumentando desmesuradamente.
Y es ahí donde me temo que algo similar podría ocurrir en España, y eso a pesar de las grandes diferencias existentes entre las políticas sociales del Gobierno de Zapatero y las del de Bush . Mientras que el último se ha caracterizado por una gran austeridad social, el primero ha incidido exitosamente en varias dimensiones sociales como son: un aumento del salario mínimo interprofesional de 110 euros al mes (un crecimiento del 24% en tres años: durante el Gobierno de Aznar fue sólo del 8,4% en sus últimos cuatro años), un aumento de las pensiones mínimas del 20% ( durante el Gobierno del PP había sido sólo del 13%), el 8,7% del crecimiento del gasto en protección social, superior al crecimiento del PIB nominal, una Ley de Dependencia de gran calado y muchas otras medidas, que muestran una sensibilidad social que no tuvo el Gobierno conservador del PP y tampoco tiene la Administración de Bush. Pero las encuestas señalan que grandes sectores de las clases populares -la base electoral del Gobierno de Zapatero- continúan insatisfechas, lo cual debiera hacer reflexionar al Gobierno sobre la bondad de algunas de sus políticas económicas y fiscales (que condicionan en gran manera el desarrollo de sus políticas sociales), heredadas del Gobierno conservador anterior, políticas públicas que están contribuyendo al incremento de las desigualdades sociales en nuestro país. Muchas de estas políticas son mera continuación de las políticas del Gobierno de Aznar y son semejantes a las del de Bush. Entre ellas cabe destacar las políticas fiscales encaminadas a reducir los impuestos (manteniendo en líneas generales las reformas fiscales regresivas del gobierno de Aznar), un énfasis en alcanzar un elevado superávit en las cuentas del Estado (el 1,83% del PIB) con excesiva cautela hacia el crecimiento del gasto público y un crecimiento del gasto público social por habitante, que aunque es mucho mayor que el seguido por el Gobierno de Aznar, es todavía insuficiente para converger con el promedio de la UE-15 (tal como prometió el partido gobernante en su programa electoral).
España continúa siendo uno de los países desarrollados, junto con EE UU, que tiene mayores desigualdades de renta. Y la percepción popular de que estas desigualdades son demasiado elevadas está creciendo. El 74% de la población española considera que las desigualdades sociales son demasiado altas, el mayor porcentaje existente en los últimos 10 años. Las causas de tales desigualdades son el crecimiento de las rentas del capital, mucho mayor que el crecimiento de las rentas del trabajo; una elevada dispersión salarial con gran crecimiento de los salarios bajos; unas políticas fiscales de impacto redistributivo limitado y un Estado del Bienestar poco desarrollado. El gasto público social per cápita y como porcentaje del PIB continúa siendo uno de los más bajos de la UE-15. El Gobierno de Zapatero debería ser consciente de que el crecimiento de la percepción de que las desigualdades sociales están aumentando puede incrementar la abstención entre amplios sectores de las clases populares que tradicionalmente han identificado socialdemocracia con redistribución de recursos y justicia social.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la UPF.
Zapatero atrapado entre Solbes y Stiglitz
Alberto Montero Soler
Rebelión
No es que Stiglitz sea santo de mi devoción porque me cuesta entender que alguien que ha sido director del Banco Mundial -una de las instituciones desde la que se ha extendido, a base de chantaje financiero, el neoliberalismo y todo lo que éste ha supuesto en términos de sufrimiento humano-, de repente, al abandonar el cargo, se ponga a despotricar en contra de lo que había venido aplicando. Ya se podía haber dado cuenta antes, digo yo.
Pero dicho esto, no dejo de reconocer que, desde entonces, su tarea de denuncia de la globalización y sus efectos no puede ser desestimada, tanto más desde que quien la realiza es, además, un Premio Nobel, con la repercusión mediática que ello tiene.
A lo que iba. Stiglitz, que ahora integra el comité de sabios que asesora a Zapatero en materia económica, acaba de pasar por España y hacer unas declaraciones que no sé muy bien cómo encajarán Solbes y el propio Zapatero. Haciéndose los sordos, imagino.
Dice Stiglitz, y en esto tiene más razón que un santo, que una bajada de impuestos en España sería “una equivocación”. Y, para apoyarlo, continúa diciendo que “los problemas de Estados Unidos empezaron con las reducciones fiscales”.
Con respecto a la segunda afirmación no estoy tan seguro de que en el origen de los problemas de Estados Unidos se encuentren, tan sólo, las reducciones fiscales. Me parece que hay otros argumentos más importantes y que Stiglitz los conoce mejor que yo, aunque para lo que quería defender, con ése le bastara.
En lo que sí coincido plenamente con él es en que las bajadas de impuestos, cuando no la supresión directa de algunos de ellos, en España son una absoluta equivocación.
Y es que las rebajas en el impuesto sobre la renta y en el de sociedades –en las que las promesas electorales de PSOE y PP tanto se parecen en esa carrera absurda por ver quién ofrece una propuesta que haga más daño a las arcas públicas- o la anunciada eliminación del impuesto sobre el patrimonio realizada por este gobierno son errores de bulto que nos alejan, más que acercarnos, de los estándares de bienestar europeos.
¿O es que alguien puede pensar que bajando los impuestos vamos a salvar la diferencia de siete puntos en gastos sociales que nos separa, según los últimos datos de Eurostat, de la media de la Unión Europea a 25? Y es que, mientras que en España el gasto social supone el 20% del PIB –esto es, lo mismo que Polonia y menos que Eslovenia (24,3%) y Hungría (20,7%) - la media europea alcanza el 27,3%.
¿Creerá Zapatero que con continuas rebajas del impuesto sobre la renta vamos a llegar alguna vez a destinar casi un 33% del PIB a gastos sociales, como hace Suecia? ¿O a más de un 31% como hace Francia? ¿O a casi el 30% como Alemania, Bélgica o Austria?
Pues debe creerlo porque, de la mano de Solbes, ha puesto todo su empeño en ello. Y no sólo reduce los impuestos sino que, además, se dedica con fruición a que el sector público ahorre y no gaste. Así, no ha dudado recientemente en vanagloriarse de que el superávit público en 2007 superará el 2% del PIB.
Alguien, quizás Stiglitz en vez de Solbes, debería explicarle que reducir los impuestos para fomentar el consumo y, con ello, el crecimiento económico no redunda en una mejora en la distribución de la renta. Es más, la perjudica si los impuestos directos son sustituidos, como viene siendo la tendencia, por impuestos indirectos. Y que, por lo tanto, o se redistribuye más y mejor por la vía de la canalización de una mayor parte de la renta total por parte del Estado o éste ve como su margen de maniobra para aplicar políticas públicas va menguando progresivamente.
Stiglitz parece que ya se lo ha dicho. Ahora, a ver el caso que le hacen.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación CEPS. Puedes visitar su blog “La otra economía”.
Rebelión
No es que Stiglitz sea santo de mi devoción porque me cuesta entender que alguien que ha sido director del Banco Mundial -una de las instituciones desde la que se ha extendido, a base de chantaje financiero, el neoliberalismo y todo lo que éste ha supuesto en términos de sufrimiento humano-, de repente, al abandonar el cargo, se ponga a despotricar en contra de lo que había venido aplicando. Ya se podía haber dado cuenta antes, digo yo.
Pero dicho esto, no dejo de reconocer que, desde entonces, su tarea de denuncia de la globalización y sus efectos no puede ser desestimada, tanto más desde que quien la realiza es, además, un Premio Nobel, con la repercusión mediática que ello tiene.
A lo que iba. Stiglitz, que ahora integra el comité de sabios que asesora a Zapatero en materia económica, acaba de pasar por España y hacer unas declaraciones que no sé muy bien cómo encajarán Solbes y el propio Zapatero. Haciéndose los sordos, imagino.
Dice Stiglitz, y en esto tiene más razón que un santo, que una bajada de impuestos en España sería “una equivocación”. Y, para apoyarlo, continúa diciendo que “los problemas de Estados Unidos empezaron con las reducciones fiscales”.
Con respecto a la segunda afirmación no estoy tan seguro de que en el origen de los problemas de Estados Unidos se encuentren, tan sólo, las reducciones fiscales. Me parece que hay otros argumentos más importantes y que Stiglitz los conoce mejor que yo, aunque para lo que quería defender, con ése le bastara.
En lo que sí coincido plenamente con él es en que las bajadas de impuestos, cuando no la supresión directa de algunos de ellos, en España son una absoluta equivocación.
Y es que las rebajas en el impuesto sobre la renta y en el de sociedades –en las que las promesas electorales de PSOE y PP tanto se parecen en esa carrera absurda por ver quién ofrece una propuesta que haga más daño a las arcas públicas- o la anunciada eliminación del impuesto sobre el patrimonio realizada por este gobierno son errores de bulto que nos alejan, más que acercarnos, de los estándares de bienestar europeos.
¿O es que alguien puede pensar que bajando los impuestos vamos a salvar la diferencia de siete puntos en gastos sociales que nos separa, según los últimos datos de Eurostat, de la media de la Unión Europea a 25? Y es que, mientras que en España el gasto social supone el 20% del PIB –esto es, lo mismo que Polonia y menos que Eslovenia (24,3%) y Hungría (20,7%) - la media europea alcanza el 27,3%.
¿Creerá Zapatero que con continuas rebajas del impuesto sobre la renta vamos a llegar alguna vez a destinar casi un 33% del PIB a gastos sociales, como hace Suecia? ¿O a más de un 31% como hace Francia? ¿O a casi el 30% como Alemania, Bélgica o Austria?
Pues debe creerlo porque, de la mano de Solbes, ha puesto todo su empeño en ello. Y no sólo reduce los impuestos sino que, además, se dedica con fruición a que el sector público ahorre y no gaste. Así, no ha dudado recientemente en vanagloriarse de que el superávit público en 2007 superará el 2% del PIB.
Alguien, quizás Stiglitz en vez de Solbes, debería explicarle que reducir los impuestos para fomentar el consumo y, con ello, el crecimiento económico no redunda en una mejora en la distribución de la renta. Es más, la perjudica si los impuestos directos son sustituidos, como viene siendo la tendencia, por impuestos indirectos. Y que, por lo tanto, o se redistribuye más y mejor por la vía de la canalización de una mayor parte de la renta total por parte del Estado o éste ve como su margen de maniobra para aplicar políticas públicas va menguando progresivamente.
Stiglitz parece que ya se lo ha dicho. Ahora, a ver el caso que le hacen.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación CEPS. Puedes visitar su blog “La otra economía”.
El timo de los cuatrocientos euros de Zapatero
Un regalo para los que más tienen
Carlos Martínez
Rebelión
El pasado día 27 de enero el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, prometió disminuir las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas en una cuantía de 400 euros anuales a los asalariados y pensionistas. La medida empezaría aplicarse en junio, con carácter retroactivo desde enero. Al día siguiente, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró dicha medida electoralista. En un desayuno informativo organizado por Europa Press declaró que la propuesta "no puede ser más progresiva": Ha añadido que “las personas que contribuyan al IRPF con 400 euros o menos no tendrán que pagar nada y la medida tendrá un efecto del cien por cien; mientras que las que contribuyan con 4.000 euros se beneficiarán en el 10 por cien”. "Parece razonable que todas las personas que han contribuido al ahorro participen proporcionalmente, en función de lo que aportan", ha señalado.
Habría que aclararle a la Sra. Fernández de la Vega qué se entiende por progresividad fiscal, uno de los principios defendidos tradicionalmente por la social-democracia. Un sistema impositivo es progresivo cuando los que más ganan pagan más impuestos y los más necesitados reciben más ayudas públicas. No es progresiva, por ejemplo, la medida anunciada con anterioridad de ayudar a cada familia que tenga o adopte un hijo con 2.500 euros sin tener en cuenta las rentas de quien las recibe. Sería progresiva si se pagara más a las familias más humildes y no haría falta pagar nada a la familia de Emilio Botín.
Pero esta medida de “cuatrocientos euros para todos” encierra más trampas. Se trata de una disminución de la retención del IRPF. Los asalariados y pensionistas más humildes y más necesitados no recibirán nada, pues según el Instituto Nacional de Estadística el número de asalariados es de mas de 20 millones de personas, pero sólo pesentan declaración de IRPF unos 13 millnes segun la vicepresidenta, de lo que podemos obtener la conclusión que hay 7 millones de trabajadores y pensionistas que ni siquiera hacen la declaración de renta. Entonces, estas personas que son las más necesitadas de ayudas públicas, ¿en que se benefician de esta medida supuestamente "progresiva"?.
De los que si declaran, los asalariados y pensionistas que no llegan a pagar 400 euros anuales en concepto de IRPF recibirán como máximo una cantidad igual a la que le hayan retenido. Sin embargo, a todos los que pagan mas de cuatrocientos si que recibirá este dinero en su totalidad. Vamos, que el gobierno Zapatero regalará 400 euros a los más ricos y nada o muy poco a los más pobres. Exactamente todo lo contrario a una medida “progresiva”. Es difícil imaginar cómo un jubilado de pobres recursos y votante del PSOE no vaya a beneficiarse de esta medida mientras que un profesional de alto poder adquisitivo y votante del PP será quien más se alegre.
Si la intención del gobierno del estado era evitar la crisis económica en ciernes mediante medidas fiscales para fomentar el consumo (medida por cierto copiada del gobierno de Bush), la solución, también, no era otra que optar por la redistribución. Por ejemplo, en lugar de regalar el gobierno 5.000 millones a sus mejores contribuyentes, los podría haber entregado a los más necesitados pues sólo esta población asegura que el 100% de ese dinero se destinará al consumo y no al ahorro como harán las clases más pudientes. No estamos descubriendo nada nuevo, simplemente se trata de aplicar las conocidas doctrinas de John Maynard Keynes. Como ya decía Stiglitz, citado por Alberto Montero en estas mismas páginas, una bajada de impuestos en España sería “una equivocación”, argumentando que “los problemas de Estados Unidos empezaron con las reducciones fiscales”.
El abandono del PSOE de las políticas socialdemócratas (si alguna vez las tuvo) y la carrera hacia el neoliberalismo cada vez es más patente, solo se entiende porque gran parte de la clase trabajadora sigue dando su apoyo a este partido por el pavor que le produce el Partido Popular, una formación cercana a la ultra derecha. Y a su izquierda solo está IU.
marcarlosENgmail.com
http://www.carlosmartinez.info
Carlos Martínez
Rebelión
El pasado día 27 de enero el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, prometió disminuir las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas en una cuantía de 400 euros anuales a los asalariados y pensionistas. La medida empezaría aplicarse en junio, con carácter retroactivo desde enero. Al día siguiente, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró dicha medida electoralista. En un desayuno informativo organizado por Europa Press declaró que la propuesta "no puede ser más progresiva": Ha añadido que “las personas que contribuyan al IRPF con 400 euros o menos no tendrán que pagar nada y la medida tendrá un efecto del cien por cien; mientras que las que contribuyan con 4.000 euros se beneficiarán en el 10 por cien”. "Parece razonable que todas las personas que han contribuido al ahorro participen proporcionalmente, en función de lo que aportan", ha señalado.
Habría que aclararle a la Sra. Fernández de la Vega qué se entiende por progresividad fiscal, uno de los principios defendidos tradicionalmente por la social-democracia. Un sistema impositivo es progresivo cuando los que más ganan pagan más impuestos y los más necesitados reciben más ayudas públicas. No es progresiva, por ejemplo, la medida anunciada con anterioridad de ayudar a cada familia que tenga o adopte un hijo con 2.500 euros sin tener en cuenta las rentas de quien las recibe. Sería progresiva si se pagara más a las familias más humildes y no haría falta pagar nada a la familia de Emilio Botín.
Pero esta medida de “cuatrocientos euros para todos” encierra más trampas. Se trata de una disminución de la retención del IRPF. Los asalariados y pensionistas más humildes y más necesitados no recibirán nada, pues según el Instituto Nacional de Estadística el número de asalariados es de mas de 20 millones de personas, pero sólo pesentan declaración de IRPF unos 13 millnes segun la vicepresidenta, de lo que podemos obtener la conclusión que hay 7 millones de trabajadores y pensionistas que ni siquiera hacen la declaración de renta. Entonces, estas personas que son las más necesitadas de ayudas públicas, ¿en que se benefician de esta medida supuestamente "progresiva"?.
De los que si declaran, los asalariados y pensionistas que no llegan a pagar 400 euros anuales en concepto de IRPF recibirán como máximo una cantidad igual a la que le hayan retenido. Sin embargo, a todos los que pagan mas de cuatrocientos si que recibirá este dinero en su totalidad. Vamos, que el gobierno Zapatero regalará 400 euros a los más ricos y nada o muy poco a los más pobres. Exactamente todo lo contrario a una medida “progresiva”. Es difícil imaginar cómo un jubilado de pobres recursos y votante del PSOE no vaya a beneficiarse de esta medida mientras que un profesional de alto poder adquisitivo y votante del PP será quien más se alegre.
Si la intención del gobierno del estado era evitar la crisis económica en ciernes mediante medidas fiscales para fomentar el consumo (medida por cierto copiada del gobierno de Bush), la solución, también, no era otra que optar por la redistribución. Por ejemplo, en lugar de regalar el gobierno 5.000 millones a sus mejores contribuyentes, los podría haber entregado a los más necesitados pues sólo esta población asegura que el 100% de ese dinero se destinará al consumo y no al ahorro como harán las clases más pudientes. No estamos descubriendo nada nuevo, simplemente se trata de aplicar las conocidas doctrinas de John Maynard Keynes. Como ya decía Stiglitz, citado por Alberto Montero en estas mismas páginas, una bajada de impuestos en España sería “una equivocación”, argumentando que “los problemas de Estados Unidos empezaron con las reducciones fiscales”.
El abandono del PSOE de las políticas socialdemócratas (si alguna vez las tuvo) y la carrera hacia el neoliberalismo cada vez es más patente, solo se entiende porque gran parte de la clase trabajadora sigue dando su apoyo a este partido por el pavor que le produce el Partido Popular, una formación cercana a la ultra derecha. Y a su izquierda solo está IU.
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El PSOE o como estar en una guerra al lado de los dos bandos
Pascual Serrano
Rebelión
El domingo 18 de enero se celebró en Madrid una manifestación a favor de Israel bajo el lema “Manifiesto por Israel y contra el terrorismo de Hamas”, convocada por la Asociación de Amistad España-Israel. Justo una semana antes, el 11 de enero, también en la capital española, se realizaba otra, ésta a favor de Palestina, bajo el lema “Paremos el genocidio palestino. Poner fin a la agresión militar de Israel contra Gaza”, convocada por numerosas organizaciones. Hasta aquí todo normal, lo curioso es que entre las personas que participaron y hablaron ante el público en la primera estaba el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Antonio Ruiz Castillo, quien manifestó su denuncia contra cualquier manipulación contra Israel. Y en la segunda, en representación de la Ejecutiva Federal socialista, el secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo, quien dijo, pancarta en mano, que su partido está “en pie de paz contra la violencia que está ejerciendo el Gobierno israelí hacia el pueblo palestino”.
No solamente las palabras de ambos altos cargos del PSOE mostraban ideas incompatibles, los propios manifiestos de las convocatorias lo eran. El del día once expresaba “su solidaridad con el pueblo palestino” y condenaba “la injustificable e inhumana acción militar de Israel y exigimos su fin inmediato”. Para terminar con las consignas: “¡Por el fin de la agresión militar de Israel a Gaza!, ¡Paremos la masacre del pueblo palestino! ¡Por el fin de la ocupación! ¡Solidaridad con el pueblo palestino!”. En cambio, el manifiesto proisraelí del día 18, expresaba que “nos hemos movilizado hoy aquí para expresar nuestro apoyo al pueblo israelí” y calificaban las muertes de Gaza de “ una operación militar legítima desde el punto de vista del derecho internacional” de “un gobierno democrático que tan sólo cumple con su obligación básica de proteger a su población civil”. Incluso los de la manifestación del diputado del PSOE José Antonio Ruiz, en relación a los asistentes a la otra manifestación –la del miembro de la ejecutiva federal del PSOE, Pedro Zerolo-, criticaban “la aberrante actitud de estos políticos que, de manera irresponsable, y persiguiendo prebendas que nada tienen que ver con el falso altruismo declarado, desfilan junto a encapuchados que exhiben impunemente armas en sus manifestaciones y hacen llamamientos al odio y la intolerancia”.
Si alguien puede creer que esa aparente contradicción de los socialistas españoles crea tensión en su partido o en el gobierno, está totalmente equivocado. No hay ningún problema, además, el gobierno Zapatero actúa en consecuencia, vende armas a Israel por valor de 4.353.309 euros en el año 2007 más otros 1.551.833 en lo que va de 2008, y después envía 6.500.000 euros de ayuda humanitaria para atender a las víctimas de las armas que vendimos. No pueden tener queja ninguno de los dos bandos.
Lo importante es que usted, ciudadano español, piense lo que piense de esa guerra, esté seguro de que el Partido Socialista Obrero Español está con usted.
www.pascualserrano.net
Rebelión
El domingo 18 de enero se celebró en Madrid una manifestación a favor de Israel bajo el lema “Manifiesto por Israel y contra el terrorismo de Hamas”, convocada por la Asociación de Amistad España-Israel. Justo una semana antes, el 11 de enero, también en la capital española, se realizaba otra, ésta a favor de Palestina, bajo el lema “Paremos el genocidio palestino. Poner fin a la agresión militar de Israel contra Gaza”, convocada por numerosas organizaciones. Hasta aquí todo normal, lo curioso es que entre las personas que participaron y hablaron ante el público en la primera estaba el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Antonio Ruiz Castillo, quien manifestó su denuncia contra cualquier manipulación contra Israel. Y en la segunda, en representación de la Ejecutiva Federal socialista, el secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo, quien dijo, pancarta en mano, que su partido está “en pie de paz contra la violencia que está ejerciendo el Gobierno israelí hacia el pueblo palestino”.
No solamente las palabras de ambos altos cargos del PSOE mostraban ideas incompatibles, los propios manifiestos de las convocatorias lo eran. El del día once expresaba “su solidaridad con el pueblo palestino” y condenaba “la injustificable e inhumana acción militar de Israel y exigimos su fin inmediato”. Para terminar con las consignas: “¡Por el fin de la agresión militar de Israel a Gaza!, ¡Paremos la masacre del pueblo palestino! ¡Por el fin de la ocupación! ¡Solidaridad con el pueblo palestino!”. En cambio, el manifiesto proisraelí del día 18, expresaba que “nos hemos movilizado hoy aquí para expresar nuestro apoyo al pueblo israelí” y calificaban las muertes de Gaza de “ una operación militar legítima desde el punto de vista del derecho internacional” de “un gobierno democrático que tan sólo cumple con su obligación básica de proteger a su población civil”. Incluso los de la manifestación del diputado del PSOE José Antonio Ruiz, en relación a los asistentes a la otra manifestación –la del miembro de la ejecutiva federal del PSOE, Pedro Zerolo-, criticaban “la aberrante actitud de estos políticos que, de manera irresponsable, y persiguiendo prebendas que nada tienen que ver con el falso altruismo declarado, desfilan junto a encapuchados que exhiben impunemente armas en sus manifestaciones y hacen llamamientos al odio y la intolerancia”.
Si alguien puede creer que esa aparente contradicción de los socialistas españoles crea tensión en su partido o en el gobierno, está totalmente equivocado. No hay ningún problema, además, el gobierno Zapatero actúa en consecuencia, vende armas a Israel por valor de 4.353.309 euros en el año 2007 más otros 1.551.833 en lo que va de 2008, y después envía 6.500.000 euros de ayuda humanitaria para atender a las víctimas de las armas que vendimos. No pueden tener queja ninguno de los dos bandos.
Lo importante es que usted, ciudadano español, piense lo que piense de esa guerra, esté seguro de que el Partido Socialista Obrero Español está con usted.
www.pascualserrano.net
El working poorletariado
José Antonio Pérez
Rebelión
La novedad de la crisis económica actual en materia de empleo son esos tres millones de desempleados que registran las cifras oficiales. Pero no hay que olvidar que durante estos años de bonanza que hoy se añoran no a todo el mundo le iba igual de bien en la feria. Esa prosperidad a veces insultante de la que han presumido algunos tenía su contrapartida en los millares de working poors (trabajadores pobres).
A estas alturas del experimento neoliberal iniciado hace más dos décadas, la insoslayable evidencia permite anotar entre sus méritos el haber configurado un modelo de sociedad donde la gente no puede contar ya con la seguridad de un empleo fijo. Si hay alguna mercancía característica de la factoría capitalista global, ese producto es el desempleo.
Uno de los grandes logros del capitalismo contemporáneo ha sido el de recuperar en el escenario laboral la figura del working poor o “trabajador pobre”. Categoría de precariedad en la que se encuadran aquellas personas que, a pesar de tener una relación laboral normalizada por un contrato legal, se sitúan por debajo del umbral de pobreza de su país. En otras palabras, aunque trabajan en condiciones legales y reciben un salario, no consiguen dejar de ser pobres. Exactamente igual que en el capitalismo manchesteriano del siglo XIX.
A nivel europeo, se estima que hay más de 35 millones de personas en situación de working poor, afectando al 13,3% de los hogares de trabajadores de la UE. El 33% de los pobres europeos de entre 25 y 55 años trabaja con un contrato legal y a jornada completa. Los trabajadores que se encuentran en alguna de estas tres situaciones: empleo a tiempo parcial no elegido, empleo temporal o autoempleo, sufren un mayor riesgo de vivir en situaciones de pobreza. “Estos trabajadores, en general, trabajan menos tiempo a lo largo de un año que los trabajadores con contrato indefinido o a tiempo completo, lo que explica, obviamente, parte del menor ingreso salarial”, señalan Bibiana Medialdea y Nacho Álvarez, autores de un estudio sobre los working poor en la Unión Europea. (*)
“Buenos días: Soy XXX; responsable de selección de XXX estamos buscando cobradores de peaje a tiempo parcial (25H) con TOTAL disponibilidad en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo. La zona de trabajo es en el peaje de ALCOBENDAS de la R2. La incorporación es inmediata. El salario es 8.42 euros las horas diurnas y 10.07 las horas nocturnas. necesario carnet y coche. Por favor si estás interesado llama al 91... “
Esto no es ficción. Se trata de una oferta de trabajo enviada hace un par de días por correo electrónico a los demandantes de empleo apuntados en una Empresa de Trabajo Temporal. En ese tipo de trabajos basura te pagan (mal) por el tiempo exclusivo en el que estás presente en el tajo. No generas derechos como descanso dominical y vacaciones pagadas. Ni siquiera una decente cotización a la Seguridad Social. Mientras que un trabajador con contrato normal cotiza a efectos de su pensión futura por 365 días al año, aunque no trabaje los fines de semana, vacaciones y otras fiestas de guardar, los años de cotización del precario son más largos, sólo cotiza los días de presencia efectiva en el trabajo. Si no puede acudir por enfermedad, no cobra. Así de claro, como los jornaleros de antaño.
Exceptuando ciertas privilegiadas minorías del ámbito empresarial, judicial o político, es difícil encontrar hoy una familia que no tenga alguno de sus miembros incurso en algún tipo de precariedad laboral. Cada vez hay más hogares donde, aunque todavía se vive con cierto desahogo gracias a los ingresos de los cabezas de familia, los hijos están en paro o trabajan con contratos precarios, por lo que no encuentran un terreno sólido sobre el que asentar un proyecto de desarrollo y emancipación personal.
Pero cada vez hay más familias sumidas en la pobreza debido a esta precariedad laboral. Para los autores del estudio citado, “hay razones para defender que el análisis de la pobreza salarial debe hacerse, para ser más realista, no en términos personales sino familiares. Por ejemplo, es usual que una persona obtenga un salario que le permita a él individualmente situarse por encima de la línea de pobreza, pero que una vez integrado en una unidad de convivencia con más personas, y quizás no más ingresos (desempleados, niños, ancianos), el hogar quede en situación de pobreza real”.
El working poorletariado es una lacra que se extiende a escala global. De ella no se salvan ni siquiera las poblaciones países que, como Japón, hicieron del trabajo una cuestión de honor. Formado a partir del término inglés free (libertad) y el alemán arbeiter (trabajador), el neologismo freeter se utilizó originalmente en Japón para designar a los jóvenes que se negaban a someterse a las normas del empleo permanente y optaban por los contratos temporales. En la actualidad, esta opción prácticamente ya no existe, puesto que los pequeños trabajos son los que más abundan.
Según datos oficiales, Japón registraba en 2004 unos 4 millones de freeters de 15-34 años. Sus ingresos oscilan entre los 100.000 y 200.000 yenes por mes, es decir, aproximadamente la tercera parte de lo que gana un asalariado común. Uno de los aspectos más preocupantes de la precariedad laboral japonesa es el suicidio. Al no poder sobrellevar la situación, algunos desamparados deciden quitarse la vida. Desde 1989, según las estadísticas de la Agencia de la Policía Nacional, se suicidaron unas 450.000 personas. La cuestión es lo suficientemente espinosa como para que los poderes públicos comiencen a interesarse en ella. El Ministerio de Salud y Trabajo se fijó como objetivo reducir a 22.000 la cantidad de suicidios de aquí al 2010. (**)
(*) Bibiana Medialdea y Nacho Álvarez: “Ajuste neoliberal y pobreza salarial: los working poor en la Unión Europea”, Viento Sur, nº 82, Septiembre, 2005
(**) Odaira Namihei: “Jóvenes atrapados en la clase baja: Malvivir en el País del Sol Naciente”. Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur. Servicio Informe-Dipló Nº 82, 25.04.2006.
Rebelión
La novedad de la crisis económica actual en materia de empleo son esos tres millones de desempleados que registran las cifras oficiales. Pero no hay que olvidar que durante estos años de bonanza que hoy se añoran no a todo el mundo le iba igual de bien en la feria. Esa prosperidad a veces insultante de la que han presumido algunos tenía su contrapartida en los millares de working poors (trabajadores pobres).
A estas alturas del experimento neoliberal iniciado hace más dos décadas, la insoslayable evidencia permite anotar entre sus méritos el haber configurado un modelo de sociedad donde la gente no puede contar ya con la seguridad de un empleo fijo. Si hay alguna mercancía característica de la factoría capitalista global, ese producto es el desempleo.
Uno de los grandes logros del capitalismo contemporáneo ha sido el de recuperar en el escenario laboral la figura del working poor o “trabajador pobre”. Categoría de precariedad en la que se encuadran aquellas personas que, a pesar de tener una relación laboral normalizada por un contrato legal, se sitúan por debajo del umbral de pobreza de su país. En otras palabras, aunque trabajan en condiciones legales y reciben un salario, no consiguen dejar de ser pobres. Exactamente igual que en el capitalismo manchesteriano del siglo XIX.
A nivel europeo, se estima que hay más de 35 millones de personas en situación de working poor, afectando al 13,3% de los hogares de trabajadores de la UE. El 33% de los pobres europeos de entre 25 y 55 años trabaja con un contrato legal y a jornada completa. Los trabajadores que se encuentran en alguna de estas tres situaciones: empleo a tiempo parcial no elegido, empleo temporal o autoempleo, sufren un mayor riesgo de vivir en situaciones de pobreza. “Estos trabajadores, en general, trabajan menos tiempo a lo largo de un año que los trabajadores con contrato indefinido o a tiempo completo, lo que explica, obviamente, parte del menor ingreso salarial”, señalan Bibiana Medialdea y Nacho Álvarez, autores de un estudio sobre los working poor en la Unión Europea. (*)
“Buenos días: Soy XXX; responsable de selección de XXX estamos buscando cobradores de peaje a tiempo parcial (25H) con TOTAL disponibilidad en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo. La zona de trabajo es en el peaje de ALCOBENDAS de la R2. La incorporación es inmediata. El salario es 8.42 euros las horas diurnas y 10.07 las horas nocturnas. necesario carnet y coche. Por favor si estás interesado llama al 91... “
Esto no es ficción. Se trata de una oferta de trabajo enviada hace un par de días por correo electrónico a los demandantes de empleo apuntados en una Empresa de Trabajo Temporal. En ese tipo de trabajos basura te pagan (mal) por el tiempo exclusivo en el que estás presente en el tajo. No generas derechos como descanso dominical y vacaciones pagadas. Ni siquiera una decente cotización a la Seguridad Social. Mientras que un trabajador con contrato normal cotiza a efectos de su pensión futura por 365 días al año, aunque no trabaje los fines de semana, vacaciones y otras fiestas de guardar, los años de cotización del precario son más largos, sólo cotiza los días de presencia efectiva en el trabajo. Si no puede acudir por enfermedad, no cobra. Así de claro, como los jornaleros de antaño.
Exceptuando ciertas privilegiadas minorías del ámbito empresarial, judicial o político, es difícil encontrar hoy una familia que no tenga alguno de sus miembros incurso en algún tipo de precariedad laboral. Cada vez hay más hogares donde, aunque todavía se vive con cierto desahogo gracias a los ingresos de los cabezas de familia, los hijos están en paro o trabajan con contratos precarios, por lo que no encuentran un terreno sólido sobre el que asentar un proyecto de desarrollo y emancipación personal.
Pero cada vez hay más familias sumidas en la pobreza debido a esta precariedad laboral. Para los autores del estudio citado, “hay razones para defender que el análisis de la pobreza salarial debe hacerse, para ser más realista, no en términos personales sino familiares. Por ejemplo, es usual que una persona obtenga un salario que le permita a él individualmente situarse por encima de la línea de pobreza, pero que una vez integrado en una unidad de convivencia con más personas, y quizás no más ingresos (desempleados, niños, ancianos), el hogar quede en situación de pobreza real”.
El working poorletariado es una lacra que se extiende a escala global. De ella no se salvan ni siquiera las poblaciones países que, como Japón, hicieron del trabajo una cuestión de honor. Formado a partir del término inglés free (libertad) y el alemán arbeiter (trabajador), el neologismo freeter se utilizó originalmente en Japón para designar a los jóvenes que se negaban a someterse a las normas del empleo permanente y optaban por los contratos temporales. En la actualidad, esta opción prácticamente ya no existe, puesto que los pequeños trabajos son los que más abundan.
Según datos oficiales, Japón registraba en 2004 unos 4 millones de freeters de 15-34 años. Sus ingresos oscilan entre los 100.000 y 200.000 yenes por mes, es decir, aproximadamente la tercera parte de lo que gana un asalariado común. Uno de los aspectos más preocupantes de la precariedad laboral japonesa es el suicidio. Al no poder sobrellevar la situación, algunos desamparados deciden quitarse la vida. Desde 1989, según las estadísticas de la Agencia de la Policía Nacional, se suicidaron unas 450.000 personas. La cuestión es lo suficientemente espinosa como para que los poderes públicos comiencen a interesarse en ella. El Ministerio de Salud y Trabajo se fijó como objetivo reducir a 22.000 la cantidad de suicidios de aquí al 2010. (**)
(*) Bibiana Medialdea y Nacho Álvarez: “Ajuste neoliberal y pobreza salarial: los working poor en la Unión Europea”, Viento Sur, nº 82, Septiembre, 2005
(**) Odaira Namihei: “Jóvenes atrapados en la clase baja: Malvivir en el País del Sol Naciente”. Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur. Servicio Informe-Dipló Nº 82, 25.04.2006.
El Apocalipsis autoinfligido del capitalismo
Michael Parenti
Znet
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Después del derrocamiento de los gobiernos comunistas en Europa Oriental, ponderaron al capitalismo como el sistema indomable que lleva la prosperidad y la democracia, el sistema que prevalecería hasta el fin de la historia.
La actual crisis económica, sin embargo, ha convencido hasta a algunos destacados libre-mercadistas de que algo anda muy mal. La verdad sea dicha: el capitalismo todavía tiene que arrostrar diversas fuerzas históricas que le causan interminables problemas: la democracia, la prosperidad, y el propio capitalismo, las mismas entidades que los gobernantes capitalistas afirman que están fomentando.
Plutocracia contra democracia
Consideremos primero la democracia. En EE.UU. se nos dice que el capitalismo está casado con la democracia, de ahí la frase: “democracias capitalistas.” De hecho, a través de nuestra historia ha habido una relación fuertemente antagónica entre la democracia y la concentración de capital. Hace unos ochenta años el juez de la Corte Suprema, Louis Brandeis, comentó: “Podemos tener democracia en este país, o podemos tener mucha riqueza concentrada en las manos de unos pocos, pero no podemos tener las dos cosas.” Los intereses de los acaudalados han sido enemigos, no defensores, de la democracia.
La propia Constitución fue hecha por señores adinerados que se reunieron en Filadelfia en 1787 para advertir repetidamente contra los efectos niveladores perniciosos y peligrosos de la democracia. El documento que amañaron estaba lejos de ser democrático, aherrojado por controles, vetos, y requerimiento de súper mayorías artificiales, un sistema diseñado para embotar el impacto de las demandas populares.
En los primeros días de la República, los ricos y bien nacidos impusieron cualificaciones de propiedad para votar y ocupar puestos públicos. Se opusieron a la elección directa de candidatos (nota: su Colegio Electoral sigue entre nosotros). Y durante décadas se opusieron a extender el derecho a voto a grupos menos favorecidos como ser los trabajadores sin propiedades, inmigrantes, minorías raciales, y mujeres.
Las fuerzas conservadoras de la actualidad siguen rechazando características electorales más equitativas como ser la representación proporcional, segundas vueltas inmediatas, y campañas con financiamiento público. Siguen creando barreras a la votación. Sea mediante requerimientos exageradamente severos para el registro, purgas de los registros electorales, instalaciones inadecuadas para votar, y máquinas electrónicas de votación que “fallan” regularmente, en beneficio de los candidatos más conservadores.
A veces los intereses dominantes han suprimido publicaciones radicales y manifestaciones públicas, recurriendo a redadas policiales, arrestos, y encarcelamientos – aplicados más recientemente con toda su fuerza contra manifestantes en St. Paul, Minnesota, durante la Convención Nacional Republicana de 2008.
La plutocracia conservadora también quiere hacer retroceder las conquistas sociales de la democracia, como ser educación pública, vivienda asequible, atención sanitaria, negociación colectiva, salario mínimo, condiciones seguras de trabajo, un entorno sostenible no-tóxico, el derecho a la privacidad, la separación de la iglesia y el Estado, la libertad del embarazo obligatorio, y el derecho a casarse con cualquier adulto que consienta y uno elija.
Hace cerca de un siglo, el dirigente sindical estadounidense Eugene Victor Debs fue encarcelado durante una huelga. Sentado en su celda no pudo escapar a la conclusión de que en disputas entre dos intereses privados, el capital y la mano de obra, el Estado no es un árbitro neutral. La fuerza del Estado, con su policía, milicia, tribunales y leyes, está inequívocamente de parte de los mandamases de las compañías. De ahí, Debs concluyó que el capitalismo no es sólo un sistema económico sino todo un orden social, que manipula las reglas de la democracia a favor de los ricachones.
Los gobernantes capitalistas siguen posando como progenitores de la democracia a pesar de que la subvierten, no sólo en EE.UU., sino en toda Latinoamérica, África, Asia y Oriente Próximo. Cualquier nación que no es “favorable a las inversiones extranjeras,” que intenta utilizar su tierra, su mano de obra, capital, recursos naturales, y mercados de un modo auto-desarrollador, fuera del dominio de la hegemonía corporativa transnacional, corre el riesgo de ser satanizada y atacada como “amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.”
La democracia se convierte en un problema para EE.UU. corporativo, no cuando deja de funcionar sino cuando funciona demasiado bien al ayudar a las masas a progresar hacia un orden social más equitativo y más soportable, cerrando la brecha, por poco que sea, entre los súper-ricos y el resto de nosotros. De modo que hay que diluir y subvertir la democracia, sofocarla con desinformación, bombo mediático, y montañas de costos electorales; con contiendas electorales amañadas y públicos parcialmente privados de derechos, produciendo falsas victorias para candidatos de grandes partidos más o menos políticamente seguros.
Capitalismo contra prosperidad
Los capitalistas corporativos no fomentan más la prosperidad que lo que propagan la democracia. La mayor parte del mundo es capitalista, y la mayor parte del mundo no es ni próspera ni particularmente democrática. Basta con pensar en Nigeria capitalista, Indonesia capitalista, Tailandia capitalista, Haití capitalista, Colombia capitalista, Pakistán capitalista, Sudáfrica capitalista, Letonia capitalista, y varios otros miembros del Mundo Libre – para ser más exactos, el Mundo del Libre Mercado.
Una población próspera, educada políticamente, con altas expectativas respecto a su nivel de vida y un sentido agudo de sus derechos, que presiona por un mejoramiento continuo de las condiciones sociales, no es la noción plutocrática de una fuerza laboral ideal y de una forma de gobierno adecuadamente maleable. Los inversionistas corporativos prefieren poblaciones pobres. Mientras más pobre seas, más trabajarás por menos. Mientras más pobre seas, menos equipado estás para defenderte contra los abusos de la riqueza.
En el mundo corporativo de “libre comercio,” la cantidad de multimillonarios aumenta más rápido que nunca mientras la cantidad de gente que vive en la pobreza crece a una tasa más rápida que la población. La pobreza se propaga mientras la riqueza se acumula.
Consideremos EE.UU. Sólo en los últimos ocho años, mientras grandes fortunas aumentaron a tasas récord, otros seis millones de estadounidenses cayeron bajo el nivel de la pobreza; el ingreso familiar medio disminuyó en más de 2.000 dólares; la deuda del consumidor se más que duplicó; más de siete millones de estadounidenses perdieron su seguro de salud, y más de cuatro millones perdieron sus pensiones; mientras la cantidad de personas sin hogar aumentó y las ejecuciones hipotecarias llegaron a niveles pandémicos.
Sólo en los países en los que el capitalismo ha sido frenado en cierto grado por la socialdemocracia la gente ha podido asegurarse una cierta prosperidad; vienen a la mente naciones del norte europeo como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Pero incluso en esas socialdemocracias las mejoras populares corren siempre riesgo de ser revertidas.
Es irónico dar crédito al capitalismo por poseer el genio de prosperidad económica cuando la clase capitalista se ha resistido vehementemente y a veces violentamente a la mayor parte de los intentos de mejora material. La historia de las luchas sindicales provee una ilustración sin fin de estos intentos.
El que la vida sea soportable bajo el actual orden económico de EE.UU., se debe a que millones de personas han librado duras luchas de clase para mejorar sus estándares de vida y sus derechos como ciudadanos, incorporando una cierta medida de humanidad a un orden político-económico que de otro modo es despiadado.
Una bestia que se devora a sí misma
El Estado capitalista tiene dos papeles que los pensadores han reconocido hace tiempo. Primero, como todo Estado también debe proveer servicios que no pueden ser desarrollados de un modo fiable por medios privados, como ser la seguridad pública y un tráfico ordenado. Segundo, el Estado capitalista protege a los poseedores contra los que nada tienen, asegurando el proceso de acumulación de capital para beneficiar a los intereses acaudalados, mientras circunscribe fuertemente las demandas de la masa trabajadora, como Debs observó desde su celda en la prisión.
Existe una tercera función del Estado capitalista que es mencionada pocas veces. Consiste en impedir que el sistema capitalista se devore a sí mismo. Consideremos la contradicción central señalada por Karl Marx: la tendencia a la sobreproducción y a la crisis del mercado. Una economía dedicada a las aceleraciones del ritmo de trabajo y a los recortes de salarios, a hacer que los trabajadores produzcan más y más por menos y menos, siempre arriesga la quiebra. Para maximizar los beneficios, los salarios deben ser mantenidos a bajo nivel. Pero alguien tiene que comprar los bienes y servicios que son producidos. Para eso, hay que mantener altos los salarios. Hay una tendencia crónica – como estamos viendo hoy en día – hacia la sobreproducción de bienes y servicios del sector privado y un infra-consumo de necesidades de la población trabajadora.
Además, existe la autodestrucción frecuentemente pasada por alto, creada por los propios protagonistas acaudalados. Si se la deja totalmente sin supervisión el componente de comando más activo del sistema financiero comienza a devorar fuentes menos organizadas de riqueza.
En lugar de tratar de ganar dinero a través de la ardua tarea de producir y vender bienes y servicios, los depredadores sangran directamente los flujos de dinero de la economía en sí. Durante los años noventa presenciamos el colapso de toda una economía en Argentina cuando libre-mercaderes descontrolados despojaron a las empresas, se embolsaron sumas inmensas, y dejaron la capacidad productiva del país en el caos. El Estado argentino, engullido por una dieta pesada de ideología de libre mercado, vaciló en su función de salvar al capitalismo de los capitalistas.
Algunos años después, en EE.UU., vino el saqueo multimillonario perpetrado por conspiradores corporativos en Enron, WorldCom, Harkin, Adelphia, y una docena de otras importantes compañías. Abusadores de información privilegiada como Ken Lay convirtieron exitosas empresas corporativas en ruinas totales, eliminando los puestos de trabajo y los ahorros de toda la vida de miles de empleados para embolsarse miles de millones de dólares.
Esos ladrones fueron atrapados y condenados. ¿No demuestra eso la capacidad de autocorrección del capitalismo? En realidad no es así. El enjuiciamiento de fechorías semejantes – que en todo caso llegó demasiado tarde – fue producto del rendimiento de cuentas y la transparencia en la democracia, no del capitalismo. El mercado libre es de por sí un sistema amoral, sin constricciones fuera de la advertencia de suspensión [frase legalista definida en un diccionario como ‘advertencia que rechaza la responsabilidad por la desilusión del comprador’, N. del T.]
En la catástrofe de 2008-2009 el creciente excedente financiero creó un problema para la clase acaudalada: no había suficientes oportunidades para invertir. Con más dinero del que sabían cómo emplear, los grandes inversionistas vertieron inmensas sumas en mercados inexistentes de la vivienda y en otras operaciones problemáticas, un juego de manos de hedge funds, derivados, elevado apalancamiento, credit default swaps, préstamos depredadores, y lo que sea.
Entre las víctimas hubo otros capitalistas, pequeños inversionistas, y los numerosos trabajadores que perdieron miles de millones de dólares en ahorros y pensiones. Tal vez Bernard Madoff haya sido el bandido estrella. Descrito como “líder de larga trayectoria en la industria de los servicios financieros,” Madoff dirigió un fondo fraudulento que se embolsó 50.000 millones de dólares de inversionistas adinerados, y les pagó “con dinero que no existía,” como el mismo lo dijo. La plutocracia devora a sus propios hijos.
En medio de la catástrofe, en una audiencia en el Congreso en octubre de 2008, el ex presidente de la Reserva Federal y ortodoxo devoto del libre mercado, Alan Greenspan, confesó que se había equivocado al esperar que intereses adinerados – gimiendo bajo una inmensa acumulación de capital que había que invertir en alguna parte – ejercieran repentinamente autocontrol.
La teoría clásica del laissez-faire es aún más disparatada que como la describió Greenspan. De hecho, la teoría pretende que cada cual debiera seguir sus propios intereses egoístas sin limitación. Esa competencia irrestricta producirá supuestamente máximos beneficios para todos, porque el libre mercado es gobernado por una “mano invisible” milagrosamente benigna, que optimiza los resultados colectivos. (“La codicia es buena.”)
¿Es causada la crisis de 2008-2009 por una tendencia crónica hacia la sobreproducción y la híper-acumulación financiera, como diría Marx? ¿O es el resultado de la avaricia personal de gente como Bernard Madoff? En otras palabras ¿el problema es sistémico o individual? En los hechos, las dos cosas no se excluyen mutuamente. El capitalismo engendra los perpetradores venales, y recompensa a los más inescrupulosos entre ellos. Los crímenes y las crisis no son desviaciones irracionales de un sistema racional, sino todo lo contrario: son los resultados racionales de un sistema básicamente irracional y amoral.
Peor todavía, los resultantes rescates multimillonarios de los gobiernos son convertidos ellos mismos en una oportunidad para el pillaje. No sólo el Estado no regula, se convierte en sí en una fuente de saqueo, sacando vastas sumas de la máquina federal del dinero, dejando que sean los contribuyentes los que se desangren.
Los que nos fustigan por “correr hacia el gobierno para que reparta dádivas” corren hacia el gobierno para conseguirlas. EE.UU. corporativo ha gozado siempre de subvenciones mediante ayuda, garantías de préstamos, y otras subvenciones estatales y federales. Pero la “operación de rescate” de 2008 y 2009 ofreció un pienso récord en el abrevadero público. Más de 350.000 millones de dólares fueron repartidos a diestro y siniestro por un Secretario del Tesoro derechista que terminaba su mandato a los mayores bancos y firmas financieras sin supervisión – para no hablar de los más de 4 billones de dólares que han provenido de la Reserva Federal. La mayoría de los bancos, incluidos JPMorgan Chase y Bank of New York Mellon, declararon que no tenían la menor intención de informar a quien sea sobre dónde iba el dinero.
Los grandes banqueros utilizaron parte del rescate, como sabemos, para comprar bancos más pequeños y fortalecer bancos en el extranjero. Directores ejecutivos y otros altos ejecutivos bancarios están gastando fondos del rescate en fabulosas bonificaciones y espléndidos retiros corporativos en spas. Mientras tanto, grandes beneficiarios del rescate como Citigroup y Bank of America despidieron a decenas de miles de empleados, provocando la pregunta: ¿para qué recibieron todo ese dinero para comenzar?
Mientras cientos de miles de millones de dólares eran repartidos a la misma gente que había causado la catástrofe, el mercado inmobiliario se mantuvo débil, el crédito siguió paralizado, el desempleo empeoró, y los gastos de los consumidores bajaron a niveles abismales.
Resumiendo, el capitalismo corporativo de libre mercado es por su naturaleza un desastre a la espera de suceder. Su esencia es la transformación de la naturaleza viva en montañas de mercancías y las mercancías en montones de capital muerto. Cuando se le deja hacer lo que quiera, el capitalismo endosa sus deseconomías y su toxicidad al público en general y al entorno natural – y termina por devorarse a sí mismo.
La inmensa desigualdad en el poder económico que existe en nuestra sociedad capitalista se traduce en una formidable desigualdad del poder político, que hace que sea tanto más difícil imponer regulaciones democráticas.
Si los paladines de EE.UU. Corporativo quieren saber lo que amenaza realmente “nuestro modo de vida,” es su propio modo de vida, su modo ilimitado de robar a su propio sistema, destruyendo el fundamento mismo sobre el que se encuentran, la comunidad misma de la cual se alimentan tan fastuosamente.
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Los recientes libros de Michael Parenti incluyen “Contrary Notions: The Michael Parenti Reader” (City Lights); “Democracy for the Few,” 8th ed. (Wadsworth); y “God and His Demons” (por aparecer). Para más información, visite su sitio en Internet: www.michaelparenti.org.
Znet
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Después del derrocamiento de los gobiernos comunistas en Europa Oriental, ponderaron al capitalismo como el sistema indomable que lleva la prosperidad y la democracia, el sistema que prevalecería hasta el fin de la historia.
La actual crisis económica, sin embargo, ha convencido hasta a algunos destacados libre-mercadistas de que algo anda muy mal. La verdad sea dicha: el capitalismo todavía tiene que arrostrar diversas fuerzas históricas que le causan interminables problemas: la democracia, la prosperidad, y el propio capitalismo, las mismas entidades que los gobernantes capitalistas afirman que están fomentando.
Plutocracia contra democracia
Consideremos primero la democracia. En EE.UU. se nos dice que el capitalismo está casado con la democracia, de ahí la frase: “democracias capitalistas.” De hecho, a través de nuestra historia ha habido una relación fuertemente antagónica entre la democracia y la concentración de capital. Hace unos ochenta años el juez de la Corte Suprema, Louis Brandeis, comentó: “Podemos tener democracia en este país, o podemos tener mucha riqueza concentrada en las manos de unos pocos, pero no podemos tener las dos cosas.” Los intereses de los acaudalados han sido enemigos, no defensores, de la democracia.
La propia Constitución fue hecha por señores adinerados que se reunieron en Filadelfia en 1787 para advertir repetidamente contra los efectos niveladores perniciosos y peligrosos de la democracia. El documento que amañaron estaba lejos de ser democrático, aherrojado por controles, vetos, y requerimiento de súper mayorías artificiales, un sistema diseñado para embotar el impacto de las demandas populares.
En los primeros días de la República, los ricos y bien nacidos impusieron cualificaciones de propiedad para votar y ocupar puestos públicos. Se opusieron a la elección directa de candidatos (nota: su Colegio Electoral sigue entre nosotros). Y durante décadas se opusieron a extender el derecho a voto a grupos menos favorecidos como ser los trabajadores sin propiedades, inmigrantes, minorías raciales, y mujeres.
Las fuerzas conservadoras de la actualidad siguen rechazando características electorales más equitativas como ser la representación proporcional, segundas vueltas inmediatas, y campañas con financiamiento público. Siguen creando barreras a la votación. Sea mediante requerimientos exageradamente severos para el registro, purgas de los registros electorales, instalaciones inadecuadas para votar, y máquinas electrónicas de votación que “fallan” regularmente, en beneficio de los candidatos más conservadores.
A veces los intereses dominantes han suprimido publicaciones radicales y manifestaciones públicas, recurriendo a redadas policiales, arrestos, y encarcelamientos – aplicados más recientemente con toda su fuerza contra manifestantes en St. Paul, Minnesota, durante la Convención Nacional Republicana de 2008.
La plutocracia conservadora también quiere hacer retroceder las conquistas sociales de la democracia, como ser educación pública, vivienda asequible, atención sanitaria, negociación colectiva, salario mínimo, condiciones seguras de trabajo, un entorno sostenible no-tóxico, el derecho a la privacidad, la separación de la iglesia y el Estado, la libertad del embarazo obligatorio, y el derecho a casarse con cualquier adulto que consienta y uno elija.
Hace cerca de un siglo, el dirigente sindical estadounidense Eugene Victor Debs fue encarcelado durante una huelga. Sentado en su celda no pudo escapar a la conclusión de que en disputas entre dos intereses privados, el capital y la mano de obra, el Estado no es un árbitro neutral. La fuerza del Estado, con su policía, milicia, tribunales y leyes, está inequívocamente de parte de los mandamases de las compañías. De ahí, Debs concluyó que el capitalismo no es sólo un sistema económico sino todo un orden social, que manipula las reglas de la democracia a favor de los ricachones.
Los gobernantes capitalistas siguen posando como progenitores de la democracia a pesar de que la subvierten, no sólo en EE.UU., sino en toda Latinoamérica, África, Asia y Oriente Próximo. Cualquier nación que no es “favorable a las inversiones extranjeras,” que intenta utilizar su tierra, su mano de obra, capital, recursos naturales, y mercados de un modo auto-desarrollador, fuera del dominio de la hegemonía corporativa transnacional, corre el riesgo de ser satanizada y atacada como “amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.”
La democracia se convierte en un problema para EE.UU. corporativo, no cuando deja de funcionar sino cuando funciona demasiado bien al ayudar a las masas a progresar hacia un orden social más equitativo y más soportable, cerrando la brecha, por poco que sea, entre los súper-ricos y el resto de nosotros. De modo que hay que diluir y subvertir la democracia, sofocarla con desinformación, bombo mediático, y montañas de costos electorales; con contiendas electorales amañadas y públicos parcialmente privados de derechos, produciendo falsas victorias para candidatos de grandes partidos más o menos políticamente seguros.
Capitalismo contra prosperidad
Los capitalistas corporativos no fomentan más la prosperidad que lo que propagan la democracia. La mayor parte del mundo es capitalista, y la mayor parte del mundo no es ni próspera ni particularmente democrática. Basta con pensar en Nigeria capitalista, Indonesia capitalista, Tailandia capitalista, Haití capitalista, Colombia capitalista, Pakistán capitalista, Sudáfrica capitalista, Letonia capitalista, y varios otros miembros del Mundo Libre – para ser más exactos, el Mundo del Libre Mercado.
Una población próspera, educada políticamente, con altas expectativas respecto a su nivel de vida y un sentido agudo de sus derechos, que presiona por un mejoramiento continuo de las condiciones sociales, no es la noción plutocrática de una fuerza laboral ideal y de una forma de gobierno adecuadamente maleable. Los inversionistas corporativos prefieren poblaciones pobres. Mientras más pobre seas, más trabajarás por menos. Mientras más pobre seas, menos equipado estás para defenderte contra los abusos de la riqueza.
En el mundo corporativo de “libre comercio,” la cantidad de multimillonarios aumenta más rápido que nunca mientras la cantidad de gente que vive en la pobreza crece a una tasa más rápida que la población. La pobreza se propaga mientras la riqueza se acumula.
Consideremos EE.UU. Sólo en los últimos ocho años, mientras grandes fortunas aumentaron a tasas récord, otros seis millones de estadounidenses cayeron bajo el nivel de la pobreza; el ingreso familiar medio disminuyó en más de 2.000 dólares; la deuda del consumidor se más que duplicó; más de siete millones de estadounidenses perdieron su seguro de salud, y más de cuatro millones perdieron sus pensiones; mientras la cantidad de personas sin hogar aumentó y las ejecuciones hipotecarias llegaron a niveles pandémicos.
Sólo en los países en los que el capitalismo ha sido frenado en cierto grado por la socialdemocracia la gente ha podido asegurarse una cierta prosperidad; vienen a la mente naciones del norte europeo como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Pero incluso en esas socialdemocracias las mejoras populares corren siempre riesgo de ser revertidas.
Es irónico dar crédito al capitalismo por poseer el genio de prosperidad económica cuando la clase capitalista se ha resistido vehementemente y a veces violentamente a la mayor parte de los intentos de mejora material. La historia de las luchas sindicales provee una ilustración sin fin de estos intentos.
El que la vida sea soportable bajo el actual orden económico de EE.UU., se debe a que millones de personas han librado duras luchas de clase para mejorar sus estándares de vida y sus derechos como ciudadanos, incorporando una cierta medida de humanidad a un orden político-económico que de otro modo es despiadado.
Una bestia que se devora a sí misma
El Estado capitalista tiene dos papeles que los pensadores han reconocido hace tiempo. Primero, como todo Estado también debe proveer servicios que no pueden ser desarrollados de un modo fiable por medios privados, como ser la seguridad pública y un tráfico ordenado. Segundo, el Estado capitalista protege a los poseedores contra los que nada tienen, asegurando el proceso de acumulación de capital para beneficiar a los intereses acaudalados, mientras circunscribe fuertemente las demandas de la masa trabajadora, como Debs observó desde su celda en la prisión.
Existe una tercera función del Estado capitalista que es mencionada pocas veces. Consiste en impedir que el sistema capitalista se devore a sí mismo. Consideremos la contradicción central señalada por Karl Marx: la tendencia a la sobreproducción y a la crisis del mercado. Una economía dedicada a las aceleraciones del ritmo de trabajo y a los recortes de salarios, a hacer que los trabajadores produzcan más y más por menos y menos, siempre arriesga la quiebra. Para maximizar los beneficios, los salarios deben ser mantenidos a bajo nivel. Pero alguien tiene que comprar los bienes y servicios que son producidos. Para eso, hay que mantener altos los salarios. Hay una tendencia crónica – como estamos viendo hoy en día – hacia la sobreproducción de bienes y servicios del sector privado y un infra-consumo de necesidades de la población trabajadora.
Además, existe la autodestrucción frecuentemente pasada por alto, creada por los propios protagonistas acaudalados. Si se la deja totalmente sin supervisión el componente de comando más activo del sistema financiero comienza a devorar fuentes menos organizadas de riqueza.
En lugar de tratar de ganar dinero a través de la ardua tarea de producir y vender bienes y servicios, los depredadores sangran directamente los flujos de dinero de la economía en sí. Durante los años noventa presenciamos el colapso de toda una economía en Argentina cuando libre-mercaderes descontrolados despojaron a las empresas, se embolsaron sumas inmensas, y dejaron la capacidad productiva del país en el caos. El Estado argentino, engullido por una dieta pesada de ideología de libre mercado, vaciló en su función de salvar al capitalismo de los capitalistas.
Algunos años después, en EE.UU., vino el saqueo multimillonario perpetrado por conspiradores corporativos en Enron, WorldCom, Harkin, Adelphia, y una docena de otras importantes compañías. Abusadores de información privilegiada como Ken Lay convirtieron exitosas empresas corporativas en ruinas totales, eliminando los puestos de trabajo y los ahorros de toda la vida de miles de empleados para embolsarse miles de millones de dólares.
Esos ladrones fueron atrapados y condenados. ¿No demuestra eso la capacidad de autocorrección del capitalismo? En realidad no es así. El enjuiciamiento de fechorías semejantes – que en todo caso llegó demasiado tarde – fue producto del rendimiento de cuentas y la transparencia en la democracia, no del capitalismo. El mercado libre es de por sí un sistema amoral, sin constricciones fuera de la advertencia de suspensión [frase legalista definida en un diccionario como ‘advertencia que rechaza la responsabilidad por la desilusión del comprador’, N. del T.]
En la catástrofe de 2008-2009 el creciente excedente financiero creó un problema para la clase acaudalada: no había suficientes oportunidades para invertir. Con más dinero del que sabían cómo emplear, los grandes inversionistas vertieron inmensas sumas en mercados inexistentes de la vivienda y en otras operaciones problemáticas, un juego de manos de hedge funds, derivados, elevado apalancamiento, credit default swaps, préstamos depredadores, y lo que sea.
Entre las víctimas hubo otros capitalistas, pequeños inversionistas, y los numerosos trabajadores que perdieron miles de millones de dólares en ahorros y pensiones. Tal vez Bernard Madoff haya sido el bandido estrella. Descrito como “líder de larga trayectoria en la industria de los servicios financieros,” Madoff dirigió un fondo fraudulento que se embolsó 50.000 millones de dólares de inversionistas adinerados, y les pagó “con dinero que no existía,” como el mismo lo dijo. La plutocracia devora a sus propios hijos.
En medio de la catástrofe, en una audiencia en el Congreso en octubre de 2008, el ex presidente de la Reserva Federal y ortodoxo devoto del libre mercado, Alan Greenspan, confesó que se había equivocado al esperar que intereses adinerados – gimiendo bajo una inmensa acumulación de capital que había que invertir en alguna parte – ejercieran repentinamente autocontrol.
La teoría clásica del laissez-faire es aún más disparatada que como la describió Greenspan. De hecho, la teoría pretende que cada cual debiera seguir sus propios intereses egoístas sin limitación. Esa competencia irrestricta producirá supuestamente máximos beneficios para todos, porque el libre mercado es gobernado por una “mano invisible” milagrosamente benigna, que optimiza los resultados colectivos. (“La codicia es buena.”)
¿Es causada la crisis de 2008-2009 por una tendencia crónica hacia la sobreproducción y la híper-acumulación financiera, como diría Marx? ¿O es el resultado de la avaricia personal de gente como Bernard Madoff? En otras palabras ¿el problema es sistémico o individual? En los hechos, las dos cosas no se excluyen mutuamente. El capitalismo engendra los perpetradores venales, y recompensa a los más inescrupulosos entre ellos. Los crímenes y las crisis no son desviaciones irracionales de un sistema racional, sino todo lo contrario: son los resultados racionales de un sistema básicamente irracional y amoral.
Peor todavía, los resultantes rescates multimillonarios de los gobiernos son convertidos ellos mismos en una oportunidad para el pillaje. No sólo el Estado no regula, se convierte en sí en una fuente de saqueo, sacando vastas sumas de la máquina federal del dinero, dejando que sean los contribuyentes los que se desangren.
Los que nos fustigan por “correr hacia el gobierno para que reparta dádivas” corren hacia el gobierno para conseguirlas. EE.UU. corporativo ha gozado siempre de subvenciones mediante ayuda, garantías de préstamos, y otras subvenciones estatales y federales. Pero la “operación de rescate” de 2008 y 2009 ofreció un pienso récord en el abrevadero público. Más de 350.000 millones de dólares fueron repartidos a diestro y siniestro por un Secretario del Tesoro derechista que terminaba su mandato a los mayores bancos y firmas financieras sin supervisión – para no hablar de los más de 4 billones de dólares que han provenido de la Reserva Federal. La mayoría de los bancos, incluidos JPMorgan Chase y Bank of New York Mellon, declararon que no tenían la menor intención de informar a quien sea sobre dónde iba el dinero.
Los grandes banqueros utilizaron parte del rescate, como sabemos, para comprar bancos más pequeños y fortalecer bancos en el extranjero. Directores ejecutivos y otros altos ejecutivos bancarios están gastando fondos del rescate en fabulosas bonificaciones y espléndidos retiros corporativos en spas. Mientras tanto, grandes beneficiarios del rescate como Citigroup y Bank of America despidieron a decenas de miles de empleados, provocando la pregunta: ¿para qué recibieron todo ese dinero para comenzar?
Mientras cientos de miles de millones de dólares eran repartidos a la misma gente que había causado la catástrofe, el mercado inmobiliario se mantuvo débil, el crédito siguió paralizado, el desempleo empeoró, y los gastos de los consumidores bajaron a niveles abismales.
Resumiendo, el capitalismo corporativo de libre mercado es por su naturaleza un desastre a la espera de suceder. Su esencia es la transformación de la naturaleza viva en montañas de mercancías y las mercancías en montones de capital muerto. Cuando se le deja hacer lo que quiera, el capitalismo endosa sus deseconomías y su toxicidad al público en general y al entorno natural – y termina por devorarse a sí mismo.
La inmensa desigualdad en el poder económico que existe en nuestra sociedad capitalista se traduce en una formidable desigualdad del poder político, que hace que sea tanto más difícil imponer regulaciones democráticas.
Si los paladines de EE.UU. Corporativo quieren saber lo que amenaza realmente “nuestro modo de vida,” es su propio modo de vida, su modo ilimitado de robar a su propio sistema, destruyendo el fundamento mismo sobre el que se encuentran, la comunidad misma de la cual se alimentan tan fastuosamente.
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Los recientes libros de Michael Parenti incluyen “Contrary Notions: The Michael Parenti Reader” (City Lights); “Democracy for the Few,” 8th ed. (Wadsworth); y “God and His Demons” (por aparecer). Para más información, visite su sitio en Internet: www.michaelparenti.org.
martes, 20 de enero de 2009
La ministra Bibiana Aído se gasta sesenta mil euros en muebles de autor para su despacho
Al igual que hiciera en su día Eduardo Zaplana
inSurGente.- La factura del proyecto de decoración -encargado a finales del pasado año- asciende a casi 60.000 euros (unos diez millones de pesetas), que se abonarán con cargo a los presupuestos de 2009, según reconocieron ayer a El Confidencial fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, que dirige Pedro Solbes. El Ministerio de Igualdad adjudicó el proyecto de decoración a dedo -mediante el llamado procedimiento negociado sin publicidad- a la firma Arte Declo, propiedad de Stilianopoulos y de su marido, Juan Garaizábal, que suele ejercer de comisario en las exposiciones de su esposa.
El Confidencial/ insurgente.-
Claudia Stilianopoulos es una joven escultora y diseñadora que ha alcanzado renombre internacional gracias a sus muebles-escultura, piezas a medio camino entre la decoración y el arte. En su catálogo pueden encontrarse sillas-escalera, mesas-órgano, divanes de rulos o sillones-archivo. Y su currículum incluye desde ahora, además de la referencia a sus numerosas exposiciones y colecciones, el diseño del mobiliario para el despacho oficial de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
"Recibí el encargo de diseñar y amueblar el despacho de la ministra", confesó ayer Stilianopoulos a este periódico, "adáptándome al presupuesto de mi cliente". La escultora rehusó precisar qué muebles de su sofisticada colección decoran las dependencias oficiales de Aído, situadas en la madrileña calle de Alcalá, pero aseguró que son "muy funcionales". Críticos y especialistas coinciden en definir la obra de Stilianopoulos como mueble de autor.
La artista es hija del diplomático Mike Stilianopoulos -que fue embajador de Filipinas en España y Reino Unido- y de Pitita Ridruejo, sin profesión conocida y personaje habitual de la crónica mundana y social. Ridruejo ha escrito varios libros sobre supuestas apariciones de la Virgen María, y ella misma asegura haber sido testigo de una de ellas.
"Razones artísticas"
La Ley de Contratos del Sector Público, modificada en 2007, contempla la posibilidad de aprobar una adjudicación sin que previamente se convoque concurso público cuando, "por razones artísticas" o para garantizar "la protección de derechos de exclusiva", el contrato "sólo pueda encomendarse a un empresario determinado". En este caso, a Stilianopoulos, la diseñadora elegida por Aído.
Ese procedimiento es el mismo que utilizó en 2003 el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el popular Eduardo Zaplana, para adjudicar, también a Stilianopoulos, la decoración de su despacho oficial. La artista asesoró a Zaplana, además, en la selección de diversas obras de arte.
En 2007, el Ministerio de Industria engrosó, asimismo, la lista de clientes públicos de la escultora. La Oficina Española de Patentes y Marcas, un organismo dependiente del departamento que dirige Miguel Sebastián, adquirió tres esculturas de Stilianopoulos para decorar su sede central.
inSurGente.- La factura del proyecto de decoración -encargado a finales del pasado año- asciende a casi 60.000 euros (unos diez millones de pesetas), que se abonarán con cargo a los presupuestos de 2009, según reconocieron ayer a El Confidencial fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, que dirige Pedro Solbes. El Ministerio de Igualdad adjudicó el proyecto de decoración a dedo -mediante el llamado procedimiento negociado sin publicidad- a la firma Arte Declo, propiedad de Stilianopoulos y de su marido, Juan Garaizábal, que suele ejercer de comisario en las exposiciones de su esposa.
El Confidencial/ insurgente.-
Claudia Stilianopoulos es una joven escultora y diseñadora que ha alcanzado renombre internacional gracias a sus muebles-escultura, piezas a medio camino entre la decoración y el arte. En su catálogo pueden encontrarse sillas-escalera, mesas-órgano, divanes de rulos o sillones-archivo. Y su currículum incluye desde ahora, además de la referencia a sus numerosas exposiciones y colecciones, el diseño del mobiliario para el despacho oficial de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
"Recibí el encargo de diseñar y amueblar el despacho de la ministra", confesó ayer Stilianopoulos a este periódico, "adáptándome al presupuesto de mi cliente". La escultora rehusó precisar qué muebles de su sofisticada colección decoran las dependencias oficiales de Aído, situadas en la madrileña calle de Alcalá, pero aseguró que son "muy funcionales". Críticos y especialistas coinciden en definir la obra de Stilianopoulos como mueble de autor.
La artista es hija del diplomático Mike Stilianopoulos -que fue embajador de Filipinas en España y Reino Unido- y de Pitita Ridruejo, sin profesión conocida y personaje habitual de la crónica mundana y social. Ridruejo ha escrito varios libros sobre supuestas apariciones de la Virgen María, y ella misma asegura haber sido testigo de una de ellas.
"Razones artísticas"
La Ley de Contratos del Sector Público, modificada en 2007, contempla la posibilidad de aprobar una adjudicación sin que previamente se convoque concurso público cuando, "por razones artísticas" o para garantizar "la protección de derechos de exclusiva", el contrato "sólo pueda encomendarse a un empresario determinado". En este caso, a Stilianopoulos, la diseñadora elegida por Aído.
Ese procedimiento es el mismo que utilizó en 2003 el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el popular Eduardo Zaplana, para adjudicar, también a Stilianopoulos, la decoración de su despacho oficial. La artista asesoró a Zaplana, además, en la selección de diversas obras de arte.
En 2007, el Ministerio de Industria engrosó, asimismo, la lista de clientes públicos de la escultora. La Oficina Española de Patentes y Marcas, un organismo dependiente del departamento que dirige Miguel Sebastián, adquirió tres esculturas de Stilianopoulos para decorar su sede central.
Discurso de Gervasio Sánchez, Premio Ortega y Gasset de Fotografía
Es para mí un gran honor recibir el Premio Ortega y Gasset de Fotografía convocado por El País, diario donde publiqué mis fotos iniciáticas de América Latina en la década de los ochenta y mis mejores trabajos realizados en diferentes conflictos del mundo durante la década de los noventa, muy especialmente las fotografías que tomé durante el cerco de Sarajevo.
Quiero dar las gracias a los responsables de Heraldo de Aragón, del Magazine de La Vanguardia y la Cadena Ser por respetar siempre mi trabajo como periodista y permitir que los protagonistas de mis historias, tantas veces seres humanos extraviados en los desaguaderos de la historia, tengan un espacio donde llorar y gritar.
No quiero olvidar a las organizaciones humanitarias Intermon Oxfam, Manos Unidas y Médicos Sin Fronteras, la compañía DKV SEGUROS y a mi editor Leopoldo Blume por apoyarme sin fisuras en los últimos doce años y permitir que el proyecto Vidas Minadas al que pertenece la fotografía premiada tenga vida propia y un largo recorrido que puede durar décadas.
Señoras y señores, aunque sólo tengo un hijo natural, Diego Sánchez, puedo decir que como Martín Luther King, el gran soñador afroamericano asesinado hace 40 años, también tengo otros cuatro hijos víctimas de las minas antipersonas: la mozambiqueña Sofia Elface Fumo, a la que ustedes han conocido junto a su hija Alia en la imagen premiada, que concentra todo el dolor de las víctimas, pero también la belleza de la vida y, sobre todo, la incansable lucha por la supervivencia y la dignidad de las víctimas, el camboyano Sokheurm Man, el bosnio Adis Smajic y la pequeña colombiana Mónica Paola Ojeda, que se quedó ciega tras ser víctima de una explosión a los ocho años.
Sí, son mis cuatro hijos adoptivos a los que he visto al borde de la muerte, he visto llorar, gritar de dolor, crecer, enamorarse, tener hijos, llegar a la universidad.
Les aseguro que no hay nada más bello en el mundo que ver a una víctima de la guerra perseguir la felicidad.
Es verdad que la guerra funde nuestras mentes y nos roba los sueños, como se dice en la película Cuentos de la luna pálida de Kenji Mizoguchi.
Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla suelen fabricarse en países desarrollados como el nuestro, que fue un gran exportador de minas en el pasado y que hoy dedica muy poco esfuerzo a la ayuda a las víctimas de la minas y al desminado.
Es verdad que todos los gobiernos españoles desde el inicio de la transición encabezados por los presidentes Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero permitieron y permiten las ventas de armas españolas a países con conflictos internos o guerras abiertas.
Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta de armas españolas al mismo tiempo que el presidente incidía en su mensaje contra la guerra y que hoy fabriquemos cuatro tipos distintos de bombas de racimo cuyo comportamiento en el terreno es similar al de las minas antipersonas.
Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con armas españolas en los olvidados campos de batalla del tercer mundo y que me avergüenzo de mis representantes políticos.
Pero como Martin Luther King me quiero negar a creer que el banco de la justicia está en quiebra, y como él, yo también tengo un sueño: que, por fin, un presidente de un gobierno español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de armas que convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte.
Muchas gracias.
Quiero dar las gracias a los responsables de Heraldo de Aragón, del Magazine de La Vanguardia y la Cadena Ser por respetar siempre mi trabajo como periodista y permitir que los protagonistas de mis historias, tantas veces seres humanos extraviados en los desaguaderos de la historia, tengan un espacio donde llorar y gritar.
No quiero olvidar a las organizaciones humanitarias Intermon Oxfam, Manos Unidas y Médicos Sin Fronteras, la compañía DKV SEGUROS y a mi editor Leopoldo Blume por apoyarme sin fisuras en los últimos doce años y permitir que el proyecto Vidas Minadas al que pertenece la fotografía premiada tenga vida propia y un largo recorrido que puede durar décadas.
Señoras y señores, aunque sólo tengo un hijo natural, Diego Sánchez, puedo decir que como Martín Luther King, el gran soñador afroamericano asesinado hace 40 años, también tengo otros cuatro hijos víctimas de las minas antipersonas: la mozambiqueña Sofia Elface Fumo, a la que ustedes han conocido junto a su hija Alia en la imagen premiada, que concentra todo el dolor de las víctimas, pero también la belleza de la vida y, sobre todo, la incansable lucha por la supervivencia y la dignidad de las víctimas, el camboyano Sokheurm Man, el bosnio Adis Smajic y la pequeña colombiana Mónica Paola Ojeda, que se quedó ciega tras ser víctima de una explosión a los ocho años.
Sí, son mis cuatro hijos adoptivos a los que he visto al borde de la muerte, he visto llorar, gritar de dolor, crecer, enamorarse, tener hijos, llegar a la universidad.
Les aseguro que no hay nada más bello en el mundo que ver a una víctima de la guerra perseguir la felicidad.
Es verdad que la guerra funde nuestras mentes y nos roba los sueños, como se dice en la película Cuentos de la luna pálida de Kenji Mizoguchi.
Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla suelen fabricarse en países desarrollados como el nuestro, que fue un gran exportador de minas en el pasado y que hoy dedica muy poco esfuerzo a la ayuda a las víctimas de la minas y al desminado.
Es verdad que todos los gobiernos españoles desde el inicio de la transición encabezados por los presidentes Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero permitieron y permiten las ventas de armas españolas a países con conflictos internos o guerras abiertas.
Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta de armas españolas al mismo tiempo que el presidente incidía en su mensaje contra la guerra y que hoy fabriquemos cuatro tipos distintos de bombas de racimo cuyo comportamiento en el terreno es similar al de las minas antipersonas.
Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con armas españolas en los olvidados campos de batalla del tercer mundo y que me avergüenzo de mis representantes políticos.
Pero como Martin Luther King me quiero negar a creer que el banco de la justicia está en quiebra, y como él, yo también tengo un sueño: que, por fin, un presidente de un gobierno español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de armas que convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte.
Muchas gracias.
La dependencia energética de Rusia
Entrevista a Carlos Taibo, especialista en Europa del Este
Fusion
A principios de enero llegaba a Europa una ola de frío y paralelamente Rusia cortaba el suministro de gas al continente, debido a desavenencias con Ucrania -país por donde pasan los conductos-. Poco se habló de los motivos que incitaron a Rusia a tomar tal medida, pero sirvió para reflexionar sobre la dependencia energética europea. Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, nos da una visión más amplia sobre el conflicto.
-En 2004 la Revolución Naranja logró que un gobierno prooccidental llegase al poder de Ucrania. ¿Cómo cambiaron entonces sus relaciones con Rusia?
-Ucrania pasó de ser un aliado de Rusia a convertirse en un país más o menos hostil y eso estaba llamado a tener consecuencias inevitables en el terreno comercial. Antes de la Revolución Naranja, Rusia subvencionaba la economía ucraniana a través de la transferencia de petróleo y gas natural a precios sensiblemente inferiores a los de los mercados internacionales. Era de cajón que ese procedimiento tenía que desaparecer y que Ucrania tendría que pagar los recursos que consume a precios internacionales, con lo cual la deuda externa del país para con Rusia se iba a acrecentar.
-¿Cree que las autoridades ucranianas han extraído gas de los conductos para su propio uso, como afirma Rusia?
-No tengo ninguna duda. Pero este no es un problema de hoy, las disputas vienen de antaño. No es que en las últimas semanas, en una situación energética muy delicada, Ucrania haya decidido tomar la decisión extrema de extraer el gas. Lo ha hecho con anterioridad, a lo largo de bastantes años.
-Si hacemos caso de los medios de comunicación y los políticos europeos, ¿por qué Rusia tiene que tolerar la morosidad ucraniana?
-No hay ninguna razón para que Rusia la tolere. Las empresas occidentales no son permisivas con los morosos, inmediatamente les cortan los suministros. Lo que ocurre es que Ucrania, a mi entender, ha jugado con la carta de que buena parte del gas ruso que llega a la UE ”La UE necesita el gas natural ruso, pero Rusia precisa el mercado de la UE, porque no podría vender ese gas en otros mercados. Con lo cual, también está atada de pies y manos” atraviesa su país, y con ello ha supuesto que Rusia no se atrevería a cortar los suministros. Era una carta arriesgada que, ya hemos visto, no se ajustaba plenamente a la realidad.
-Efectivamente, el 80% del gas que Rusia exporta a la UE pasa por Ucrania...
-Ucrania sabe que Rusia no puede prescindir de ese comercio, que es vital para su economía el seguir colocando ese gas natural en la UE, por eso pensaron que Rusia nunca se atrevería a cortar el suministro. Lo que resulta un tanto sorprendente es que en el caso de la UE exista semejante grado de comprensión con los gobernantes ucranianos. Yo lo he dicho alguna vez, con un punto de ironía: si la UE tan generosa es con Ucrania, lo que tiene que hacer es cancelar la deuda externa ucraniana, pero claro, eso no forma parte del proyecto de nuestros dirigentes.
-¿A qué se debe la condescendencia de la UE con Ucrania?
-Por un lado porque es un aliado y piensan que tienen que defender sus posiciones contra Rusia, y por otro porque en nuestros circuitos políticos hay una especie de rusofobia, que no negaré que no tiene algún fundamento, pero que visiblemente se traduce en muchos casos en dislates, en la actitud a la hora de juzgar contenciosos como estos. Como si Rusia por definición fuese siempre culpable de todos los contenciosos que se manifiestan.
-¿A quién interesa mantener una imagen negativa de Rusia?
-Una de las explicaciones es que la UE es rehén de la percepción que ha transmitido el gobierno norteamericano en los últimos años, cada vez más decidido a buscar la confrontación con Rusia. La UE ha asumido en muchos ámbitos políticas seguidistas con respecto a los Estados Unidos, lo cual explica el porqué de la rusiofobia.
-De todos modos, ¿no resulta inhumano y una medida extrema cortar el gas en el momento más crítico del invierno?
-Bueno sí, lo que ocurre es que tal vez un procedimiento inicial para aplacar tensiones consistiría en que las negociaciones en lo que respecta al precio del gas no se produjeran entre diciembre y enero sino entre junio y julio, cuando los suministros de gas a las economías domésticas no son tan vitales como ahora. Pero, en cualquier caso, cada cual ha jugado sus cartas con cierta astucia. Ucrania sabe que Rusia no puede prescindir del mercado de la UE. Es importante decirlo porque siempre se habla de la dependencia energética de la UE con respecto a Rusia y se olvida que en realidad se trata de una interdependencia. La UE necesita el gas natural ruso, pero Rusia precisa el mercado de la UE, porque no podría vender ese gas en otros mercados, ”Ucrania ha jugado con la carta de que buena parte del gas ruso que llega a la UE atraviesa su país, y con ello ha supuesto que Rusia no se atrevería a cortar los suministros” con lo cual literalmente también está atada de pies y manos. Puede suspender el suministro una semana, sin que eso sea algo singularmente gravoso, pero no puede mantener esa cancelación de los suministros en el tiempo porque sería algo muy delicado para las empresas gasísticas rusas y para la propia economía del país.
-¿Qué planteamiento han de hacerse los países que dependen energéticamente de un tercer país?
-Hay varias posibilidades. Una, diversificar los suministros de energía. Hay países en Europa -como España- que no dependen del gas ruso sino que se abastecen de otros escenarios, así que hay que preguntarse porqué esas otras fuentes de energía no pueden llegar a los países de la Europa central y oriental. La segunda cuestión es diversificar las fuentes de energía, no ya los suministradores. Otorgarle un papel creciente a las energías renovables. Y hay un tercer debate, que nuestros dirigentes políticos no quieren abordar, es el de decrecer en serio, reducir el consumo y reducir la producción. Es una necesidad inexorable en los países ricos del norte desarrollado. Tenemos unos límites medioambientales y de recursos evidentes, y nuestros países tendrían que empezar a decrecer económicamente, con lo cual reducirían también su demanda de energía.
-Sin embargo, esta crisis energética ha despertado el debate sobre la energía nuclear en Europa...
-Ese es un debate ficticio. Tenemos petróleo para 40 años, gas natural para 50 y uranio para 51, pero sobre la base de las centrales nucleares hoy existentes en el mundo, que son 450. Quienes defienden la energía nuclear hablan de la necesidad de elevar esa cifra a 1300 centrales, con lo cual haciendo un cálculo aritmético sencillo tendríamos uranio sólo para 17 años. Nadie sabe por lo demás qué hacer con los desechos que generan las centrales nucleares, que producen una energía carísima que reclama sistemáticamente subvenciones públicas. La construcción de esas centrales es muy lesiva para el medio ambiente y las condiciones de seguridad de muchos de esos complejos son muy delicadas. Pensar que esa es la solución mágica a nuestros problemas es equivocarse, y sólo en virtud del impulso y del poder parece que ese debate puede adquirir algún peso.
-O sea, que los lobbys nucleares han aprovechado el momento para sembrar la necesidad de recurrir a la energía nuclear...
-Evidentemente.
Fusion
A principios de enero llegaba a Europa una ola de frío y paralelamente Rusia cortaba el suministro de gas al continente, debido a desavenencias con Ucrania -país por donde pasan los conductos-. Poco se habló de los motivos que incitaron a Rusia a tomar tal medida, pero sirvió para reflexionar sobre la dependencia energética europea. Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, nos da una visión más amplia sobre el conflicto.
-En 2004 la Revolución Naranja logró que un gobierno prooccidental llegase al poder de Ucrania. ¿Cómo cambiaron entonces sus relaciones con Rusia?
-Ucrania pasó de ser un aliado de Rusia a convertirse en un país más o menos hostil y eso estaba llamado a tener consecuencias inevitables en el terreno comercial. Antes de la Revolución Naranja, Rusia subvencionaba la economía ucraniana a través de la transferencia de petróleo y gas natural a precios sensiblemente inferiores a los de los mercados internacionales. Era de cajón que ese procedimiento tenía que desaparecer y que Ucrania tendría que pagar los recursos que consume a precios internacionales, con lo cual la deuda externa del país para con Rusia se iba a acrecentar.
-¿Cree que las autoridades ucranianas han extraído gas de los conductos para su propio uso, como afirma Rusia?
-No tengo ninguna duda. Pero este no es un problema de hoy, las disputas vienen de antaño. No es que en las últimas semanas, en una situación energética muy delicada, Ucrania haya decidido tomar la decisión extrema de extraer el gas. Lo ha hecho con anterioridad, a lo largo de bastantes años.
-Si hacemos caso de los medios de comunicación y los políticos europeos, ¿por qué Rusia tiene que tolerar la morosidad ucraniana?
-No hay ninguna razón para que Rusia la tolere. Las empresas occidentales no son permisivas con los morosos, inmediatamente les cortan los suministros. Lo que ocurre es que Ucrania, a mi entender, ha jugado con la carta de que buena parte del gas ruso que llega a la UE ”La UE necesita el gas natural ruso, pero Rusia precisa el mercado de la UE, porque no podría vender ese gas en otros mercados. Con lo cual, también está atada de pies y manos” atraviesa su país, y con ello ha supuesto que Rusia no se atrevería a cortar los suministros. Era una carta arriesgada que, ya hemos visto, no se ajustaba plenamente a la realidad.
-Efectivamente, el 80% del gas que Rusia exporta a la UE pasa por Ucrania...
-Ucrania sabe que Rusia no puede prescindir de ese comercio, que es vital para su economía el seguir colocando ese gas natural en la UE, por eso pensaron que Rusia nunca se atrevería a cortar el suministro. Lo que resulta un tanto sorprendente es que en el caso de la UE exista semejante grado de comprensión con los gobernantes ucranianos. Yo lo he dicho alguna vez, con un punto de ironía: si la UE tan generosa es con Ucrania, lo que tiene que hacer es cancelar la deuda externa ucraniana, pero claro, eso no forma parte del proyecto de nuestros dirigentes.
-¿A qué se debe la condescendencia de la UE con Ucrania?
-Por un lado porque es un aliado y piensan que tienen que defender sus posiciones contra Rusia, y por otro porque en nuestros circuitos políticos hay una especie de rusofobia, que no negaré que no tiene algún fundamento, pero que visiblemente se traduce en muchos casos en dislates, en la actitud a la hora de juzgar contenciosos como estos. Como si Rusia por definición fuese siempre culpable de todos los contenciosos que se manifiestan.
-¿A quién interesa mantener una imagen negativa de Rusia?
-Una de las explicaciones es que la UE es rehén de la percepción que ha transmitido el gobierno norteamericano en los últimos años, cada vez más decidido a buscar la confrontación con Rusia. La UE ha asumido en muchos ámbitos políticas seguidistas con respecto a los Estados Unidos, lo cual explica el porqué de la rusiofobia.
-De todos modos, ¿no resulta inhumano y una medida extrema cortar el gas en el momento más crítico del invierno?
-Bueno sí, lo que ocurre es que tal vez un procedimiento inicial para aplacar tensiones consistiría en que las negociaciones en lo que respecta al precio del gas no se produjeran entre diciembre y enero sino entre junio y julio, cuando los suministros de gas a las economías domésticas no son tan vitales como ahora. Pero, en cualquier caso, cada cual ha jugado sus cartas con cierta astucia. Ucrania sabe que Rusia no puede prescindir del mercado de la UE. Es importante decirlo porque siempre se habla de la dependencia energética de la UE con respecto a Rusia y se olvida que en realidad se trata de una interdependencia. La UE necesita el gas natural ruso, pero Rusia precisa el mercado de la UE, porque no podría vender ese gas en otros mercados, ”Ucrania ha jugado con la carta de que buena parte del gas ruso que llega a la UE atraviesa su país, y con ello ha supuesto que Rusia no se atrevería a cortar los suministros” con lo cual literalmente también está atada de pies y manos. Puede suspender el suministro una semana, sin que eso sea algo singularmente gravoso, pero no puede mantener esa cancelación de los suministros en el tiempo porque sería algo muy delicado para las empresas gasísticas rusas y para la propia economía del país.
-¿Qué planteamiento han de hacerse los países que dependen energéticamente de un tercer país?
-Hay varias posibilidades. Una, diversificar los suministros de energía. Hay países en Europa -como España- que no dependen del gas ruso sino que se abastecen de otros escenarios, así que hay que preguntarse porqué esas otras fuentes de energía no pueden llegar a los países de la Europa central y oriental. La segunda cuestión es diversificar las fuentes de energía, no ya los suministradores. Otorgarle un papel creciente a las energías renovables. Y hay un tercer debate, que nuestros dirigentes políticos no quieren abordar, es el de decrecer en serio, reducir el consumo y reducir la producción. Es una necesidad inexorable en los países ricos del norte desarrollado. Tenemos unos límites medioambientales y de recursos evidentes, y nuestros países tendrían que empezar a decrecer económicamente, con lo cual reducirían también su demanda de energía.
-Sin embargo, esta crisis energética ha despertado el debate sobre la energía nuclear en Europa...
-Ese es un debate ficticio. Tenemos petróleo para 40 años, gas natural para 50 y uranio para 51, pero sobre la base de las centrales nucleares hoy existentes en el mundo, que son 450. Quienes defienden la energía nuclear hablan de la necesidad de elevar esa cifra a 1300 centrales, con lo cual haciendo un cálculo aritmético sencillo tendríamos uranio sólo para 17 años. Nadie sabe por lo demás qué hacer con los desechos que generan las centrales nucleares, que producen una energía carísima que reclama sistemáticamente subvenciones públicas. La construcción de esas centrales es muy lesiva para el medio ambiente y las condiciones de seguridad de muchos de esos complejos son muy delicadas. Pensar que esa es la solución mágica a nuestros problemas es equivocarse, y sólo en virtud del impulso y del poder parece que ese debate puede adquirir algún peso.
-O sea, que los lobbys nucleares han aprovechado el momento para sembrar la necesidad de recurrir a la energía nuclear...
-Evidentemente.
¿Por qué miente la Gaceta Universitaria?
Manuel Muñoz Navarrete
Un compañero me pregunto una vez cómo puede ser que haya periódicos gratuitos. Le expliqué que la prensa es el único producto que se vende por debajo de su coste de fabricación. El verdadero negocio no es venderle una información a un público, sino un público a unos anunciantes. Así, a lo largo y ancho de la Gaceta Universitaria podemos encontrar anuncios de Repsol, Cajasol, Cajastur, Halcón Viajes, Marca, revistas, películas, programas informáticos... Tales bancos, petroleras, etc. son quienes financian el periódico, y de ahí su gratuidad.
Duele -por obvio- ver cómo la gente se sigue creyendo lo que lee en los grandes medios de comunicación. ¿Qué son estos medios de comunicación? Son simplemente empresas. Empresas que pertenecen a grandes monopolios multinacionales, como el Grupo Prisa. ¿De qué depende realmente -pongamos el ejemplo más obvio del mundo- la actitud de un periódico hacia un país latinoamericano rico en petróleo? Y, sin desviarnos demasiado del tema, ¿de dónde extraen las multinacionales sus estrambóticos beneficios? Cuando existe un conflicto de intereses, ¿qué fiabilidad puede tener una de las partes interesadas?
Si yo quisiera escribir en la Gaceta Universitaria, ¿me dejarían? Creo que esta pregunta se contesta sola en cuanto abrimos el periódico y vamos a los créditos. En esa letrita pequeña comprobamos que la Gaceta pertenece al Grupo Unidad Editorial, presidido por Carmen Iglesias y dueño también del diario Marca, de Expansión o de la editorial ultraderechista La Esfera de los Libros. También leemos que el Director General Editorial de este grupo es Pedro J. Ramírez. Así que todo aclarado: la Gaceta Universitaria pertenece a El mundo. A su vez, todos los anteriores pertenecen a RCS MediaGroup (Rizzoli), empresa también dueña de Il Corriere della Sera, del grupo editorial francés Flammarion y de la Rizzoli Publications y la Universe Publishing en Estados Unidos.
¿A quién puede extrañarle, pues, encontrarse con un artículo principal como el aparecido en el último número (648), acaparador de toda la portada y titulado 100 preguntas sobre Bolonia. Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior? Lo primero que habría que mirar es ¿quién lo escribe? Isabel R. Ramos, periodista de El mundo. Se nos dice que lo ha elaborado preguntando a tres "expertos en la materia": Guillermo Bernabeu, representante en España del BFUG (Bolonia Follow-Up Group); Francisco Michavilla, miembro de la ANECA y ex-vicepresidente de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería, y Gemma Rauret, directora de la ANECA.
Pensemos: ¿qué es el EEES? Es el resultado de una serie de reuniones, la primera de las cuales se celebró en Bolonia en el verano de 1999 (como bien vemos en la respuesta a la pregunta 3). Pero en cuanto lleguemos a la pregunta 12 ("¿Quién participa en ellas" [las reuniones que configuran Bolonia]?), veremos que quienes asisten son los miembros del BFUG (vaya, ¿de qué me sonarán esas siglas?). Y en el Estado español, una de las consecuencias de Bolonia fue precisamente la creación, por recomendación europea, de la ANECA (LOU de 19 de julio de 2002, Artículo 32), de la que hablaremos más adelante. Por tanto, vuelvo a repetir la pregunta del segundo párrafo de este artículo: cuando hay un conflicto de intereses, ¿qué fiabilidad puede tener una de las partes interesadas?
Con sólo unos conocimientos elementales de la legislación educativa española de los últimos años, resulta ya incuestionable que este artículo no tiene la menor intención de informar a nadie sobre nada. Lejos de ello, está escrito ex profeso para manipular a los alumnos y hacerles tragar el Espacio Europeo como sea.
Por ejemplo, un lector se quedará muy tranquilito al leer, en la respuesta a la pregunta 58, lo siguiente: "Es esencial que se pueda compatibilizar el trabajo y los estudios". Pero siempre cabe la posibilidad de que el lector tenga dos cosas: buena memoria y calculadora. Si tiene buena memoria, recordará las preguntas 28 ("El compromiso era que el grado tuviera entre 180 y 240 ECTS. En España hemos elegido 240 ECTS") y 24 ("Un crédito ECTS supone entre 25 y 30 horas"). Y si tiene calculadora, dado que el grado tiene 4 años (y dado lo que establece el Real Decreto 13/93), sabrá que ha de hacer 60 ECTS cada curso, y podrá multiplicar 60 x 27'5. El resultado será 1650 horas cada curso. Dividido entre los 9 meses que éste dura, tendrá 183 horas al mes; es decir, 45 a la semana, lo que supone 9 horas al día de lunes a viernes.
Mientras los días sigan durando 24 horas, la respuesta a la pregunta 58 es sencillamente contradictoria con las respuestas 24 y 28. Es sencillamente una mentira, atendiendo a la propia definición de la palabra mentira. Además, en el Real Decreto de 2003 sobre crédito europeo, Artículo 4, se decía: "Esta asignación de créditos, y la estimación de su correspondiente número de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios". Por si fuera poco, la experiencia de quienes ya realizan los planes piloto de estos planes (por ejemplo en la Universidad Autónoma de Barcelona) confirma que los mismos no están pensados para compatibilizar estudios y trabajo, sino que lo impiden, por la gran carga lectiva que, a base de ensayos, imponen.
¿Qué decir de la pregunta número 79? "¿Se privatiza la educación? De ningún modo".
Cualquier persona que tenga acceso a internet puede consultar por sí misma los documentos de la Comisión Europea. Las directrices básicas en materia de financiación están recogidas en documentos como "Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa" [COM (2002) 779] o "Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación" [COM (2006) 481].
Estos documentos establecen que la viabilidad de las reformas pasa por la financiación privada. Para afrontar la reforma universitaria europea es necesario un "enfoque de asociación con las empresas y los particulares". Además, hay que "concentrar la financiación en los ámbitos que pueden producir mejores resultados".
Hay quien piensa que privatizar un servicio público implica que el Estado se desprenda totalmente de su responsabilidad, pasando a ser directamente asumido por una empresa. Esto sería un arquetipo de privatización pura o total. Sin embargo, el concepto de privatización designa una amplia gama de instrumentos de gestión y organización del servicio. Según Gomá y Brugué (Algunas Matizaciones en relación a la privatización de los servicios públicos. Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 8, UCM, 1996, págs. 15, 16), la privatización puede definirse como la "reducción del rol del Estado y la transferencia de algunas de sus funciones a instituciones privadas".
En este sentido, podemos señalar tres modos de privatización que están ya ampliamente extendidos en la administración española, supuestamente pública, y de forma especial en la educación universitaria:
1.- La introducción de competitividad en los servicios "públicos" subcontratándolos a empresas privadas (copisterías universitarias, servicios de limpieza, servicios de seguridad) y/o introduciendo técnicas de gestión privada (ranking de universidades, financiación competitiva otorgando más recursos, por ejemplo, a aquellas universidades cuyos graduados monten empresas propias).
2.- La prestación privada del servicio y los convenios de colaboración con empresas, pero manteniendo el control por parte de una autoridad pública. Por ejemplo, las cátedras-empresa (con las que las empresas se ahorran el dinero de formación de sus futuros empleados) o las Becas-préstamo (préstamos que los bancos Santander, Caja Duero o Popular Español conceden a los estudiantes y sobre los cuales ahondaremos más adelante).
3.- Colocar a la administración como un actor más en el mercado. Aquí podríamos incluir la proliferación de universidades y títulos privados (en el Estado español hay 50 universidades públicas y, ya, 27 privadas).
No es que la universidad sea pública y ahora vaya a ser privatizada; es que ya es semi-privada. Se viene produciendo un desmantelamiento gradual y por partes de la universidad pública, tendencia que es legitimada y acelerada por el proceso de Bolonia.
¿No son buenos ejemplos de privatización los Consejos Sociales y la ANECA, ambos introducidos por la LOU?
La ANECA es una fundación estatal cuya creación se recogía en el artículo 32 de la LOU y en las sucesivas "declaraciones de Bolonia" (Sorbona, Bolonia, Praga, Berlín, Bergen y Londres). Según el Real Decreto 13/93, la ANECA tiene importantes funciones relativas a la aprobación de los Planes de Estudio: si un plan no supera su veredicto, pierde su validez legal. Según leemos en la propia página web de la ANECA, su Consejo Asesor está formado por personalidades del mundo "académico, profesional y empresarial". ¿Cómo es posible?
Los Consejos Sociales, por su parte, son definidos por el artículo 14 de la LOU como "el órgano de participación de la sociedad en la universidad". Tienen importantísimas funciones, como aprobar los presupuestos de cada universidad. Sin embargo, un Consejo Social está compuesto en su mayor parte por "personalidades de la vida cultura, profesional, económica, laboral y social" designados por la Comunidad Autónoma. En la práctica, la mayoría de estas personalidades son políticos y empresarios. Por ejemplo, el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con empresarios de El Corte Inglés, Fundación Caja Madrid, Telefónica o MAPFRE, entre otras empresas (http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Principal&a=directorio&d=0002055.php); y el de la Universidad de Sevilla, además de contar con el Secretario General de la Confederación de Empresarios de Sevilla, tiene representantes de Caja Sur, Inmobiliaria del Sur, Inés Rosales S.A., Fundaciones Caetano S.A, etc (http://www.institucional.us.es/consejosocial/index2.php).
No creo que sea necesario extenderse más sobre la cuestión de la privatización. Hemos aportado datos que la Gaceta Universitaria jamás publicará; ya se encargará la célebre "libertad de expresión" de que nunca aparezcan allí. ¿Acaso los estudiantes no han notado nada raro en la proliferación de Bancos Santander por todas las universidades de la geografía española? ¿Acaso no viene ya el propio carné universitario con el logo del Santander? ¿Por qué ninguna de las 100 preguntas alude a la subida de tasas? Resulta demasiado obvio para cualquiera que pague matrículas, ¿no?
¿Acaso no se nota también algo raro en este artículo gacetero, que estrangula las palabras y hace piruetas con ellas a fin de justificar Bolonia como sea? En la pregunta 4 se nos dice que Bolonia no son "normas obligatorias", pero en la pregunta 8 leemos lo que ya sabíamos: "Las competencias en Educación Superior corresponden a cada Estado". Entonces ¿dónde está el mérito? Las Comisiones Europeas no dictan normas obligatorias sencillamente porque no pueden hacerlo, ya que carecen de las competencias legales necesarias. Igualmente esto se contradice con la pregunta 20 ("¿Es posible que se establezca una prórroga?"), a lo que se responde lacónica y autoritariamente "No". Vaya... ¿ni siquiera aunque ganara las elecciones un partido que así lo deseara? Pero todo esto para luego volver a desdecirse en la pregunta 80: "¿Sería posible una paralización?", a lo que responden "Es posible, pero sería un error".
En fin. También llama la atención, frente a las respuestas tajantes que hemos visto, la vaguedad de otras. Por ejemplo: "¿Las prácticas serán remuneradas? Depende de los convenios" (64) o ¿"Se aumentarán las becas? Sería conveniente" (87) o "¿Becas y créditos son excluyentes? Deberían ser opciones distintas de un sistema integrado" (89). ¿Depende? ¿Sería? ¿Deberían? Contrastan con el "no" de antes o con el ofendido "de ningún modo" que tan extensamente hemos rebatido. Estas respuestas no les vinculan a nada, ni tienen apoyatura en un solo punto de uno solo de los decretos o leyes que adaptan Bolonia en España. Más bien parecen un modo de escurrir el bulto, sin quedar del todo mal. Pero Bolonia sería precisamente una buena reforma si estableciera, por ejemplo, la obligatoridad de que las prácticas sean remueradas y la obligatoriedad de aumentar las becas. Sin embargo, lo único obligatorio es privatizar. Lo demás, dios dirá: eso es Bolonia.
Por cierto, en el "Informe Universidad 2000", de la Conferencia de Rectores, informe tan tristemente famoso como su no tan triste autor Josep M. Bricall, se lee lo siguiente: "Otra solución a este tipo de problema consiste en ofrecer un préstamo con devolución condicionada a la renta (o préstamo-renta). Por ejemplo, a partir del próximo curso, está previsto que el Reino Unido financie a sus estudiantes únicamente a través de préstamos-renta, eliminando totalmente las becas." (Pág. 271) "Como tendencia general y según la experiencia internacional se recomienda, pues, la utilización prioritaria de las becas (...) en los primeros años. En cambio, en los ciclos posteriores se puede ofrecer ayuda financiera en forma, prioritariamente, de préstamos-renta." (Pág. 276) Pues mire, señor Bricall, gracias por aclararnos que no es paranoia si de verdad te persiguen.
Siguiente trola. En la pregunta 73 se nos dice que los estudiantes que se manifiestan contra la crisis "simplemente reaccionan a la sensación de crisis y alarmismo". ¿Había también crisis en el año 2000 cuando se elabora el Informe Bricall? ¿Y en el 2002, cuando la LOU? Recuerdo manifestaciones multitudinarias. ¿Será que los estudiantes tenían las dotes adivinatorias del mismísimo Rappel y sabían que 7 años después estallaría una crisis? En la misma pregunta 3, a la que ya hemos aludido, reconocían que Bolonia se firmó en 1999. ¿Por qué entonces esta burda manipulación con las fechas? ¿Todo vale para engañarnos? Qué poca decencia, por dios...
Sigamos un poco más con el engaño. Según la pregunta 16, el objetivo de Bolonia es "la movilidad de estudiantes, titulados y profesores". En la 67, leemos que Bolonia ayudará a los estudiantes Erasmus en el extranjero, ya que "favorece el reconocimiento de los créditos realizados en otra universidad al realizarse bajo el sistema ECTS". Esto es un despropósito tan grande que mueve a la risa. Vamos a ver, cualquiera que haya estado de Erasmus sabe que eso ya podría hacerse. Bastaría con establecer una tabla de correspondencias, para que se supiera exactamente qué asignaturas españolas se reconocen con otras extranjeras. Por un módico sueldo o bequita, cualquier estudiante Erasmus podría realizar, bajo supervisión, estas tablas. Pero es mucho mejor dejar que la cosa siga funcionando mal para justificar así esta reforma, que esconde una privatización encubierta, pero que solucionará ese solo problema. Nadie dijo que fueran tontos.
¿El objetivo es la movilidad? ¿Un Consejo Social o una ANECA sin empresarios impedirían la movilidad? ¿Una financiación no ligada al número de empresas creadas (ergo no marginadora de las humanidades) impediría la movilidad? ¿Impediría la movilidad que no se produjera la transferencia masiva de fondos públicos a manos privadas que suponen las becas-préstamo? (Si después de 15 años estás tan muerto de hambre que, pese a la carestía de la vida, no cobras aún 22 mil euros anuales, no tienes que devolver la beca ni sus intereses: el Estado asume la deuda y se la paga al banco. Vaya chollo.) ¿Impediría la movilidad que el Estado te prestara directamente ese dinero, sin la divina intermediación de Emilio Botín, casi tan omnisciente como Dios en nuestras universidades?
Podría seguir, punto por punto, rebatiendo con la ley en la mano cada mentira de la Gaceta Universitaria. No me interesa. Ya lo he hecho demasiadas veces, y el artículo se alarga. Creo que ha llegado el momento de cambiar de perspectiva. En esta batalla, son invencibles. Si nosotros llegamos a 500 lectores, ellos sacarán 50 mil de sus manipuladoras gacetas editadas por Pedro J. Por ahí no hay nada que hacer.
En la editorial de este número, leemos que "debería ser obligación de todo universitario informarse previamente, estudiar el tema" y que, si a alguien no le ha quedado todavía qué es Bolonia y tiene alguna pregunta, puede escribir a estudiantes@unidadeditorial.es . Yo quiero animar a todos los lectores a que les escriban y les hagan una simple y llana pregunta: "¿Cómo podéis ser tan sinvergüenzas?" Yo al menos pienso hacerlo ahora mismo.
Pero así tampoco conseguiremos nada. Hay que seguir yendo clase por clase, alumno por alumno, informando a nuestros compañeros de lo que se nos viene encima. ¿Sería posible, cuando depositen la pila de nuevas gacetas, introducir en cada una un panfleto que explique por qué son unos mentirosos? ¿O sería mejor secuestrar el cargamento entero y reciclarlo debidamente? ¿Tal vez sacar nosotros una contra-gaceta alternativa?
Si eres estudiante, te animo a que acudas a los grupos de trabajo o asambleas que existan en tu facultad. Allí podremos discutir estas u otras ideas. Necesitamos unirnos y salir a la calle contra las privatizaciones. No hay otro camino.
Un compañero me pregunto una vez cómo puede ser que haya periódicos gratuitos. Le expliqué que la prensa es el único producto que se vende por debajo de su coste de fabricación. El verdadero negocio no es venderle una información a un público, sino un público a unos anunciantes. Así, a lo largo y ancho de la Gaceta Universitaria podemos encontrar anuncios de Repsol, Cajasol, Cajastur, Halcón Viajes, Marca, revistas, películas, programas informáticos... Tales bancos, petroleras, etc. son quienes financian el periódico, y de ahí su gratuidad.
Duele -por obvio- ver cómo la gente se sigue creyendo lo que lee en los grandes medios de comunicación. ¿Qué son estos medios de comunicación? Son simplemente empresas. Empresas que pertenecen a grandes monopolios multinacionales, como el Grupo Prisa. ¿De qué depende realmente -pongamos el ejemplo más obvio del mundo- la actitud de un periódico hacia un país latinoamericano rico en petróleo? Y, sin desviarnos demasiado del tema, ¿de dónde extraen las multinacionales sus estrambóticos beneficios? Cuando existe un conflicto de intereses, ¿qué fiabilidad puede tener una de las partes interesadas?
Si yo quisiera escribir en la Gaceta Universitaria, ¿me dejarían? Creo que esta pregunta se contesta sola en cuanto abrimos el periódico y vamos a los créditos. En esa letrita pequeña comprobamos que la Gaceta pertenece al Grupo Unidad Editorial, presidido por Carmen Iglesias y dueño también del diario Marca, de Expansión o de la editorial ultraderechista La Esfera de los Libros. También leemos que el Director General Editorial de este grupo es Pedro J. Ramírez. Así que todo aclarado: la Gaceta Universitaria pertenece a El mundo. A su vez, todos los anteriores pertenecen a RCS MediaGroup (Rizzoli), empresa también dueña de Il Corriere della Sera, del grupo editorial francés Flammarion y de la Rizzoli Publications y la Universe Publishing en Estados Unidos.
¿A quién puede extrañarle, pues, encontrarse con un artículo principal como el aparecido en el último número (648), acaparador de toda la portada y titulado 100 preguntas sobre Bolonia. Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior? Lo primero que habría que mirar es ¿quién lo escribe? Isabel R. Ramos, periodista de El mundo. Se nos dice que lo ha elaborado preguntando a tres "expertos en la materia": Guillermo Bernabeu, representante en España del BFUG (Bolonia Follow-Up Group); Francisco Michavilla, miembro de la ANECA y ex-vicepresidente de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería, y Gemma Rauret, directora de la ANECA.
Pensemos: ¿qué es el EEES? Es el resultado de una serie de reuniones, la primera de las cuales se celebró en Bolonia en el verano de 1999 (como bien vemos en la respuesta a la pregunta 3). Pero en cuanto lleguemos a la pregunta 12 ("¿Quién participa en ellas" [las reuniones que configuran Bolonia]?), veremos que quienes asisten son los miembros del BFUG (vaya, ¿de qué me sonarán esas siglas?). Y en el Estado español, una de las consecuencias de Bolonia fue precisamente la creación, por recomendación europea, de la ANECA (LOU de 19 de julio de 2002, Artículo 32), de la que hablaremos más adelante. Por tanto, vuelvo a repetir la pregunta del segundo párrafo de este artículo: cuando hay un conflicto de intereses, ¿qué fiabilidad puede tener una de las partes interesadas?
Con sólo unos conocimientos elementales de la legislación educativa española de los últimos años, resulta ya incuestionable que este artículo no tiene la menor intención de informar a nadie sobre nada. Lejos de ello, está escrito ex profeso para manipular a los alumnos y hacerles tragar el Espacio Europeo como sea.
Por ejemplo, un lector se quedará muy tranquilito al leer, en la respuesta a la pregunta 58, lo siguiente: "Es esencial que se pueda compatibilizar el trabajo y los estudios". Pero siempre cabe la posibilidad de que el lector tenga dos cosas: buena memoria y calculadora. Si tiene buena memoria, recordará las preguntas 28 ("El compromiso era que el grado tuviera entre 180 y 240 ECTS. En España hemos elegido 240 ECTS") y 24 ("Un crédito ECTS supone entre 25 y 30 horas"). Y si tiene calculadora, dado que el grado tiene 4 años (y dado lo que establece el Real Decreto 13/93), sabrá que ha de hacer 60 ECTS cada curso, y podrá multiplicar 60 x 27'5. El resultado será 1650 horas cada curso. Dividido entre los 9 meses que éste dura, tendrá 183 horas al mes; es decir, 45 a la semana, lo que supone 9 horas al día de lunes a viernes.
Mientras los días sigan durando 24 horas, la respuesta a la pregunta 58 es sencillamente contradictoria con las respuestas 24 y 28. Es sencillamente una mentira, atendiendo a la propia definición de la palabra mentira. Además, en el Real Decreto de 2003 sobre crédito europeo, Artículo 4, se decía: "Esta asignación de créditos, y la estimación de su correspondiente número de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios". Por si fuera poco, la experiencia de quienes ya realizan los planes piloto de estos planes (por ejemplo en la Universidad Autónoma de Barcelona) confirma que los mismos no están pensados para compatibilizar estudios y trabajo, sino que lo impiden, por la gran carga lectiva que, a base de ensayos, imponen.
¿Qué decir de la pregunta número 79? "¿Se privatiza la educación? De ningún modo".
Cualquier persona que tenga acceso a internet puede consultar por sí misma los documentos de la Comisión Europea. Las directrices básicas en materia de financiación están recogidas en documentos como "Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa" [COM (2002) 779] o "Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación" [COM (2006) 481].
Estos documentos establecen que la viabilidad de las reformas pasa por la financiación privada. Para afrontar la reforma universitaria europea es necesario un "enfoque de asociación con las empresas y los particulares". Además, hay que "concentrar la financiación en los ámbitos que pueden producir mejores resultados".
Hay quien piensa que privatizar un servicio público implica que el Estado se desprenda totalmente de su responsabilidad, pasando a ser directamente asumido por una empresa. Esto sería un arquetipo de privatización pura o total. Sin embargo, el concepto de privatización designa una amplia gama de instrumentos de gestión y organización del servicio. Según Gomá y Brugué (Algunas Matizaciones en relación a la privatización de los servicios públicos. Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 8, UCM, 1996, págs. 15, 16), la privatización puede definirse como la "reducción del rol del Estado y la transferencia de algunas de sus funciones a instituciones privadas".
En este sentido, podemos señalar tres modos de privatización que están ya ampliamente extendidos en la administración española, supuestamente pública, y de forma especial en la educación universitaria:
1.- La introducción de competitividad en los servicios "públicos" subcontratándolos a empresas privadas (copisterías universitarias, servicios de limpieza, servicios de seguridad) y/o introduciendo técnicas de gestión privada (ranking de universidades, financiación competitiva otorgando más recursos, por ejemplo, a aquellas universidades cuyos graduados monten empresas propias).
2.- La prestación privada del servicio y los convenios de colaboración con empresas, pero manteniendo el control por parte de una autoridad pública. Por ejemplo, las cátedras-empresa (con las que las empresas se ahorran el dinero de formación de sus futuros empleados) o las Becas-préstamo (préstamos que los bancos Santander, Caja Duero o Popular Español conceden a los estudiantes y sobre los cuales ahondaremos más adelante).
3.- Colocar a la administración como un actor más en el mercado. Aquí podríamos incluir la proliferación de universidades y títulos privados (en el Estado español hay 50 universidades públicas y, ya, 27 privadas).
No es que la universidad sea pública y ahora vaya a ser privatizada; es que ya es semi-privada. Se viene produciendo un desmantelamiento gradual y por partes de la universidad pública, tendencia que es legitimada y acelerada por el proceso de Bolonia.
¿No son buenos ejemplos de privatización los Consejos Sociales y la ANECA, ambos introducidos por la LOU?
La ANECA es una fundación estatal cuya creación se recogía en el artículo 32 de la LOU y en las sucesivas "declaraciones de Bolonia" (Sorbona, Bolonia, Praga, Berlín, Bergen y Londres). Según el Real Decreto 13/93, la ANECA tiene importantes funciones relativas a la aprobación de los Planes de Estudio: si un plan no supera su veredicto, pierde su validez legal. Según leemos en la propia página web de la ANECA, su Consejo Asesor está formado por personalidades del mundo "académico, profesional y empresarial". ¿Cómo es posible?
Los Consejos Sociales, por su parte, son definidos por el artículo 14 de la LOU como "el órgano de participación de la sociedad en la universidad". Tienen importantísimas funciones, como aprobar los presupuestos de cada universidad. Sin embargo, un Consejo Social está compuesto en su mayor parte por "personalidades de la vida cultura, profesional, económica, laboral y social" designados por la Comunidad Autónoma. En la práctica, la mayoría de estas personalidades son políticos y empresarios. Por ejemplo, el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con empresarios de El Corte Inglés, Fundación Caja Madrid, Telefónica o MAPFRE, entre otras empresas (http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Principal&a=directorio&d=0002055.php); y el de la Universidad de Sevilla, además de contar con el Secretario General de la Confederación de Empresarios de Sevilla, tiene representantes de Caja Sur, Inmobiliaria del Sur, Inés Rosales S.A., Fundaciones Caetano S.A, etc (http://www.institucional.us.es/consejosocial/index2.php).
No creo que sea necesario extenderse más sobre la cuestión de la privatización. Hemos aportado datos que la Gaceta Universitaria jamás publicará; ya se encargará la célebre "libertad de expresión" de que nunca aparezcan allí. ¿Acaso los estudiantes no han notado nada raro en la proliferación de Bancos Santander por todas las universidades de la geografía española? ¿Acaso no viene ya el propio carné universitario con el logo del Santander? ¿Por qué ninguna de las 100 preguntas alude a la subida de tasas? Resulta demasiado obvio para cualquiera que pague matrículas, ¿no?
¿Acaso no se nota también algo raro en este artículo gacetero, que estrangula las palabras y hace piruetas con ellas a fin de justificar Bolonia como sea? En la pregunta 4 se nos dice que Bolonia no son "normas obligatorias", pero en la pregunta 8 leemos lo que ya sabíamos: "Las competencias en Educación Superior corresponden a cada Estado". Entonces ¿dónde está el mérito? Las Comisiones Europeas no dictan normas obligatorias sencillamente porque no pueden hacerlo, ya que carecen de las competencias legales necesarias. Igualmente esto se contradice con la pregunta 20 ("¿Es posible que se establezca una prórroga?"), a lo que se responde lacónica y autoritariamente "No". Vaya... ¿ni siquiera aunque ganara las elecciones un partido que así lo deseara? Pero todo esto para luego volver a desdecirse en la pregunta 80: "¿Sería posible una paralización?", a lo que responden "Es posible, pero sería un error".
En fin. También llama la atención, frente a las respuestas tajantes que hemos visto, la vaguedad de otras. Por ejemplo: "¿Las prácticas serán remuneradas? Depende de los convenios" (64) o ¿"Se aumentarán las becas? Sería conveniente" (87) o "¿Becas y créditos son excluyentes? Deberían ser opciones distintas de un sistema integrado" (89). ¿Depende? ¿Sería? ¿Deberían? Contrastan con el "no" de antes o con el ofendido "de ningún modo" que tan extensamente hemos rebatido. Estas respuestas no les vinculan a nada, ni tienen apoyatura en un solo punto de uno solo de los decretos o leyes que adaptan Bolonia en España. Más bien parecen un modo de escurrir el bulto, sin quedar del todo mal. Pero Bolonia sería precisamente una buena reforma si estableciera, por ejemplo, la obligatoridad de que las prácticas sean remueradas y la obligatoriedad de aumentar las becas. Sin embargo, lo único obligatorio es privatizar. Lo demás, dios dirá: eso es Bolonia.
Por cierto, en el "Informe Universidad 2000", de la Conferencia de Rectores, informe tan tristemente famoso como su no tan triste autor Josep M. Bricall, se lee lo siguiente: "Otra solución a este tipo de problema consiste en ofrecer un préstamo con devolución condicionada a la renta (o préstamo-renta). Por ejemplo, a partir del próximo curso, está previsto que el Reino Unido financie a sus estudiantes únicamente a través de préstamos-renta, eliminando totalmente las becas." (Pág. 271) "Como tendencia general y según la experiencia internacional se recomienda, pues, la utilización prioritaria de las becas (...) en los primeros años. En cambio, en los ciclos posteriores se puede ofrecer ayuda financiera en forma, prioritariamente, de préstamos-renta." (Pág. 276) Pues mire, señor Bricall, gracias por aclararnos que no es paranoia si de verdad te persiguen.
Siguiente trola. En la pregunta 73 se nos dice que los estudiantes que se manifiestan contra la crisis "simplemente reaccionan a la sensación de crisis y alarmismo". ¿Había también crisis en el año 2000 cuando se elabora el Informe Bricall? ¿Y en el 2002, cuando la LOU? Recuerdo manifestaciones multitudinarias. ¿Será que los estudiantes tenían las dotes adivinatorias del mismísimo Rappel y sabían que 7 años después estallaría una crisis? En la misma pregunta 3, a la que ya hemos aludido, reconocían que Bolonia se firmó en 1999. ¿Por qué entonces esta burda manipulación con las fechas? ¿Todo vale para engañarnos? Qué poca decencia, por dios...
Sigamos un poco más con el engaño. Según la pregunta 16, el objetivo de Bolonia es "la movilidad de estudiantes, titulados y profesores". En la 67, leemos que Bolonia ayudará a los estudiantes Erasmus en el extranjero, ya que "favorece el reconocimiento de los créditos realizados en otra universidad al realizarse bajo el sistema ECTS". Esto es un despropósito tan grande que mueve a la risa. Vamos a ver, cualquiera que haya estado de Erasmus sabe que eso ya podría hacerse. Bastaría con establecer una tabla de correspondencias, para que se supiera exactamente qué asignaturas españolas se reconocen con otras extranjeras. Por un módico sueldo o bequita, cualquier estudiante Erasmus podría realizar, bajo supervisión, estas tablas. Pero es mucho mejor dejar que la cosa siga funcionando mal para justificar así esta reforma, que esconde una privatización encubierta, pero que solucionará ese solo problema. Nadie dijo que fueran tontos.
¿El objetivo es la movilidad? ¿Un Consejo Social o una ANECA sin empresarios impedirían la movilidad? ¿Una financiación no ligada al número de empresas creadas (ergo no marginadora de las humanidades) impediría la movilidad? ¿Impediría la movilidad que no se produjera la transferencia masiva de fondos públicos a manos privadas que suponen las becas-préstamo? (Si después de 15 años estás tan muerto de hambre que, pese a la carestía de la vida, no cobras aún 22 mil euros anuales, no tienes que devolver la beca ni sus intereses: el Estado asume la deuda y se la paga al banco. Vaya chollo.) ¿Impediría la movilidad que el Estado te prestara directamente ese dinero, sin la divina intermediación de Emilio Botín, casi tan omnisciente como Dios en nuestras universidades?
Podría seguir, punto por punto, rebatiendo con la ley en la mano cada mentira de la Gaceta Universitaria. No me interesa. Ya lo he hecho demasiadas veces, y el artículo se alarga. Creo que ha llegado el momento de cambiar de perspectiva. En esta batalla, son invencibles. Si nosotros llegamos a 500 lectores, ellos sacarán 50 mil de sus manipuladoras gacetas editadas por Pedro J. Por ahí no hay nada que hacer.
En la editorial de este número, leemos que "debería ser obligación de todo universitario informarse previamente, estudiar el tema" y que, si a alguien no le ha quedado todavía qué es Bolonia y tiene alguna pregunta, puede escribir a estudiantes@unidadeditorial.es . Yo quiero animar a todos los lectores a que les escriban y les hagan una simple y llana pregunta: "¿Cómo podéis ser tan sinvergüenzas?" Yo al menos pienso hacerlo ahora mismo.
Pero así tampoco conseguiremos nada. Hay que seguir yendo clase por clase, alumno por alumno, informando a nuestros compañeros de lo que se nos viene encima. ¿Sería posible, cuando depositen la pila de nuevas gacetas, introducir en cada una un panfleto que explique por qué son unos mentirosos? ¿O sería mejor secuestrar el cargamento entero y reciclarlo debidamente? ¿Tal vez sacar nosotros una contra-gaceta alternativa?
Si eres estudiante, te animo a que acudas a los grupos de trabajo o asambleas que existan en tu facultad. Allí podremos discutir estas u otras ideas. Necesitamos unirnos y salir a la calle contra las privatizaciones. No hay otro camino.
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