¿Qué fue de la lucha contra las E.T.T.?

Frentes de combate

Jose Antonio Cerrillo
Rebelión

Desde que la (contra)reforma laboral de 1994 consagrase definitivamente la legalización de las Empresas de Trabajo Temporal (E.T.T.), su presencia en nuestras ciudades y su uso tanto por parte de empresas como de trabajadores se ha normalizado hasta el punto de constituir una realidad ampliamente aceptada. Pero esto no siempre fue así. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que las E.T.T. estaban prohibidas por el Estatuto de los Trabajadores y otro, menos lejano todavía, en el que su legalización generó una poderosa reacción social y uno de los movimientos de protesta más interesantes y exitosos de la década de los 90. Hoy día, casi 15 años más tarde, aquel movimiento parece haberse olvidado y las E.T.T. están ampliamente legitimadas. ¿Qué sucedió?, ¿cómo ha sido posible tal giro de la historia?, ¿cuáles son las causas de la derrota del movimiento contra las E.T.T.? Responder a estas cuestiones es sin duda relevante como aprendizaje para la izquierda española en su conjunto, para no repetir errores del pasado en las luchas del presente y el futuro.

¿Qué es una E.T.T.?

Las Empresas de Trabajo Temporal vienen a representar un tipo de empresa radicalmente novedoso en la historia del capitalismo en lo que a la relación entre trabajador y empleador se refiere. No tanto por la temporalidad e inseguridad de la contratación (los beneficios de la legislación laboral y la protección social son más la excepción que la constante en la historia del capitalismo), como por el hecho de representar una mediación entre el trabajador y la empresa donde éste venderá su fuerza de trabajo. Dicho de otro modo, las E.T.T. contratan al trabajador para cederlo a otra empresa, denominada usuaria, que es quien realmente necesita la mano de obra. Así, el trabajador está empleado por la E.T.T. pero trabaja en la empresa usuaria, de modo que está sujeto a dos patrones: la empresa usuaria y la E.T.T. A efectos legales no puede presionar a la gerencia de la empresa donde trabaja, porque su verdadero empleador es la E.T.T. En España esta práctica estuvo prohibida por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores de 1980, por ser considerada "tráfico de mano de obra".

Las E.T.T. presumen de "dinamizar el mercado de trabajo" en una coyuntura histórica marcada por la necesidad de adaptación constante de las empresas a los cambios de los mercados. Sin duda los beneficios para la empresa usuaria son cuantiosos. En primer lugar, ahorra costes de tramitación, pues es la E.T.T. la encargada de reclutar al trabajador y gestionar su contratación. En general, especialmente antes de la reforma de 1999, reducían los salarios, pues los trabajadores contratados por E.T.T. percibían una paga sensiblemente menor a la de los trabajadores fijos. Esto, claro, fomenta la competitividad entre trabajadores de plantilla y trabajadores temporales, con la consiguiente presión a la baja sobre los salarios y los derechos laborales. No obstante, gran parte de esta diferencia salarial no repercute en la empresa usuaria, sino que corresponde al pago de los servicios de la E.T.T., lo que se denominan "gastos de gestión", en teoría prohibidos desde 1999.

Así pues, es claro que la utilidad principal de las E.T.T. no es tanto económica como disciplinaria, no implica tanto un ahorro directo de costes como la sumisión de los trabajadores. El trabajador contratado por la E.T.T. no puede protestar a la empresa donde trabaja, porque no es su verdadero patrono. Tampoco puede sindicarse, y sus condiciones de trabajo no se rigen por el convenio de su sector, sino por el de las E.T.T. Se estimula la competencia entre trabajadores y se facilita que la empresa usuaria se deshaga con facilidad de cualquier empleado con el que no esté contento. El trabajador no se siente parte de un colectivo, sino que se percibe como un individuo aislado que debe mirar sólo por sus intereses particulares. La posición de la gerencia se fortalece, se socava la confianza y la unión de los trabajadores: se previenen conflictos. Siempre se ha rumoreado que entre las E.T.T. circulan listas clandestinas de trabajadores "problemáticos", léase contestatarios, extremo que aunque nunca ha podido ser confirmado no es en absoluto descartable. En cualquier caso, la E.T.T. puede permitirse no volver a contratar a un trabajador que considere "demasiado" combativo. Siguiendo a Yann Moulier Boutang, las nuevas formas de contratación, entre ellas las E.T.T., son menos un problema de extracción de más plusvalía absoluta que de asegurarse la disponibilidad de mano de obra sometidai.

No es casualidad que las grandes E.T.T. se vanaglorien de haber fomentado en los últimos años el empleo indefinido, pues en efecto muchos de los trabajadores que comienzan contratados por E.T.T. terminan incorporándose a las plantillas de las empresas usuarias en calidad de fijos. Son, afirman, un instrumento útil para que los jóvenes accedan a su primer empleo. Claro, el trabajador que ha comenzado su vida laboral en la E.T.T. se forma en una cultura de miedo y sumisión a la gerencia. Ha sido disciplinado, estructurado en la obediencia. No cabe duda: son un instrumento útil, pero no para los trabajadores.

La trayectoria de las E.T.T. en España

A principios de la década de los 90, en un contexto de fuerte crisis económica y espectacular aumento del desempleo (que llega a alcanzar la cifra record de 24% de la población ocupada), el gobierno del PSOE decide impulsar la segunda reforma laboral de su mandato. Al igual que la primera, de 1984, no fue pactada con los sindicatos y fundamentalmente introducía diferentes modalidades de contratación temporal y precaria, profundizaba en algunas de las ya existentes, abarataba y facilitaba el despido y, finalmente, rompía el "monopolio" del INEM en materia de colocación, legalizando las E.T.T. y regulando su funcionamiento (Leyes 10/1994 y 14/1994 respectivamente).

En realidad se venía a legitimar de iure una realidad que, en la práctica, ya existía desde la reforma de 1984. La subcontratación se había extendido gracias al principio de "flexibilidad externa" contemplado en la misma, lo que motivó que los empresarios utilizasen masivamente los contratos de formación y de fomento del empleo como formas de contratación barata y servil. El ciclo de crecimiento económico de la segunda mitad de los 80 vio como en lugar de crear empleo fijo, en España se destruían casi 900.000 contratos indefinidos y se creaban más de millón y medio de contratos temporalesii. La temporalidad se dispara hasta el 30% de la población ocupada, cifra muy superior a la media europea y en la que todavía nos encontramos pese a los sucesivos esfuerzos por fomentar el empleo indefinido. Los responsables del gobierno se lamentaban entonces de lo que consideraban una interpretación fraudulenta de las nuevas modalidades de contratacióniii.

Ya en 1994 el tono ha cambiado. El enfoque neoliberal ya no trata de esconderse. Las nuevas medidas se consideran como "Fomento del Empleo" y a menudo se justifican como resignada adaptación a la normativa europea. Se asume la necesidad de un marco que proporcione seguridad a la empresa como precondición a la creación de empleo. De la protección social a la estabilidad empresarial: se consuma el cambio de paradigma, se consagra el giro en las prioridades. El crecimiento económico es lo que proporciona bienestar, y éste sólo se consigue eliminando las barreras a la inversión y la competitividad, entendidas ambas como margen de actuación de la empresaiv. La existencia de las E.T.T. no es sino una plasmación de este credo, además de un negocio muy lucrativo, claro está.

Las E.T.T. tuvieron un éxito instantáneo entre el empresariado español, como cabría esperar por otro lado. En su primer año de existencia cedieron a más de 300.000 trabajadores, cifra que se doblaría en apenas año y medio y que se acercaría al millón en 1997. Ya en 1999, apenas cinco años después de su creación, habían gestionado más de 2 millones de contratos. En este lustro se crearon más de 400 E.T.T. en toda España, creciendo en volumen año a año. Hoy son algo menos, unas 350, habiéndose estabilizado en esta cifra desde el año 2001, gestionando casi dos millones ochocientos mil contratos anuales. Es cierto que en otros países hay muchas más E.T.T. que en España, superando el millar en Gran Bretaña y Holanda, llegando a 4.500 en Alemania, 5.500 en EE.UU. y la increíble cantidad de 17.500 en Japón.

Ahora bien, mientras que en estos países la media de temporalidad ronda el 15%, en España supera, como hemos dicho, el 30%. Por otro lado, mientras que en el resto de países las E.T.T. gestionan el 40% del total del trabajo temporal, en España este porcentaje se reduce al 15% aproximadamente. ¿Qué significa esto? En otros países las E.T.T. son pequeñas porque su volumen de negocio es menor a pesar de ocuparse de gran parte del trabajo precario existente, pues el porcentaje de temporalidad es sensiblemente más bajo. Sin embargo en España la temporalidad es tan grande que un número infinitamente menor de E.T.T. se reparten una tarta de beneficios muy superior. No en vano las seis grandes agencias (agrupadas en AGETT, la Asociación de Grandes E.T.T.) gestionan aproximadamente el 50% de los contratos y el 60% de la facturación del sectorv. En síntesis, una situación estructuralmente muy diferente: en España las E.T.T., en especial las seis grandes, tienen un poder y una influencia en la vida económica del país incomparablemente mayor que en otros países. Lo que equivale también a una posición más fuerte en las relaciones de clase.

Como se adelantara más arriba, en los primeros años tras su legalización las E.T.T. crecieron vertiginosamente. En aquellos momentos su auge fue tal que muchas empresas, incluso algunas de tamaño relativamente pequeño, creaban sus propias E.T.T., despedían a sus trabajadores y les volvían a contratar a través de éstas. Los gastos de gestión llegaron a alcanzar hasta un 60% del salario del trabajador. La diferencia de salarios en una misma empresa entre trabajadores de plantilla y contratados por E.T.T. llegaban a ser del 30%. Fraudes sobre fraudes, se violan unas leyes que de por sí son abusivas. No es difícil imaginar cuán dramática era la situación del país. ¿Por qué si no aceptaron agachar la cerviz tantos millones de personas, la mayor parte de ellos jóvenes? Y luego, el frenazo, la estabilización, hasta hoy. ¿Qué sucedió?, ¿por qué las E.T.T. dejaron de crecer y sin embargo se legitimaron? Para responder a estas cuestiones hemos de acudir al motor de la historia: el conflicto social.

La lucha contra las E.T.T.

La lucha contra las E.T.T. en el Estado Españolvi arranca desde su legalización en 1994. Si bien casi podríamos decir desde la segunda "contrarreforma" laboral de 1997. A partir de ese momento se intensifica notablemente la ofensiva contra las E.T.T., hasta el punto de convertirse en uno de los ejes de la lucha de la izquierda en el Estado Español, en especial entre las asociaciones juveniles o compuestas principalmente por jóvenes militantes. Hasta entonces la resistencia había sido bastante tímida y balbuceante. ¿Por qué? En parte porque aún se estaba a la expectativa de las consecuencias reales que acarreaba la existencia de las E.T.T., o porque aún estaban por conocerse en profundidad. Pero sobre todo por ser los jóvenes a quienes más duramente golpeaba la precarización, en especial las E.T.T., las cuales poco a poco se estaban convirtiendo en una auténtica condición necesaria de entrada al mercado de trabajo.

En 1997, efectivamente, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT habían pactado con el gobierno del PP una nueva reforma del mercado de trabajo. Lo decisivo no era su contenido, que profundizaba bastante menos en la precarización de las condiciones laborales que las anteriores. Curiosamente, ni siquiera afectaba a la legislación de las E.T.T. Lo realmente importante, lo fundamental, fue el hecho de ser la primera que los sindicatos no sólo no impugnaban, sino que legitimaban con su firma. En mi opinión esto tuvo un efecto simbólico de gran trascendencia. Supuso la consumación de una ruptura generacional en toda regla. Hasta ese momento parecía posible confiar en los sindicatos que, pese a su progresiva renuncia a los principios combativos y de clase, se habían movilizado en los años anteriores contra la ofensiva neoliberal. Una vez firmado el pacto con la patronal y un gobierno manifiestamente neoliberal y de derechas, en medio de grandes loas a la responsabilidad y el diálogo social, muchos jóvenes entendieron que ya no podían confiar en los sindicatosvii. La gran mayoría de jóvenes simplemente se encogieron de hombros, dejaron de afiliarse a los sindicatos y decidieron buscarse las habichuelas por su cuenta, situación que perdura hasta hoy. La minoría restante comprendió que si quería resistir y pelear por sus condiciones de vida debería reemprender la lucha con sus propias fuerzas y organizaciones. He aquí el por qué del impulso a la lucha contra las E.T.T.

No fue la única lucha que se emprendió entonces. Izquierda Unida, en aquel momento en el apogeo de su fuerza electoral y social, también reaccionó a la firma de la reforma laboral por parte de los sindicatos mayoritarios. Conjuntamente con los sindicatos CGT, USO y el sector crítico de CCOO, lanzó la campaña por las 35 horas por ley sin reducción salarial, que pretendía ser un eje de reconstrucción de la izquierda combativa española. Junto a la reivindicación central se reclamaban también la supresión de las horas extraordinarias, la reducción de la edad de jubilación, la instauración de contratos de relevo y… la supresión de las E.T.T. Las organizaciones juveniles lograron incluir su reivindicación en la campaña, pero ésta ocupaba un lugar muy marginal en la misma. En el sentido opuesto, a la mayor parte de los jóvenes la campaña de las 35 horas no les resultaba atractiva, pues estaba diseñada siguiendo el esquema del trabajo fijo. Los jóvenes, con trabajos a menudo parciales, de pocos días, etc. soñaban con poder trabajar 40 horas, ergo el debate sobre la reducción de la jornada les resultaba ajeno. Cierto es que la campaña tenía por objetivo la creación de empleo de calidad, bajo el supuesto que una disminución del tiempo de trabajo obligaría a los empresarios a repartir el trabajo existente de manera más justa. Pero ni se explicó bien, ni se conectó adecuadamente con el lenguaje y la experiencia del trabajo precario que padecían los jóvenes. De esta manera, las dos luchas, las dos realidades del trabajo y la militancia, las dos generaciones, no quedaron suficientemente conectadas, ni se potenciaron mutuamente. Hoy ambas campañas están derrotadas, por no decir olvidadas. ¿Una oportunidad de oro perdida?viii

Así pues, las organizaciones juveniles se encontraban prácticamente solas en su lucha contra las E.T.T. ¿Qué características adquirió el movimiento? Por un lado dejó patente la profunda atomización de la izquierda en ese momento (estado en el que en buena medida aún se encuentra), ya que se lanzaron muy diversas campañas desde infinidad de organizaciones, colectivos y redes. Puede decirse que no había barrio o pueblo en el que existiera una E.T.T. que no fuese respondida con propaganda de denuncia. Pero sin duda lo más positivo resultó el enfoque general que se dio a la lucha. En vez de quedarse en la consigna vacía o la acción por la acción, existía un esfuerzo sincero por la formación y la información, en especial en cuanto a los aspectos jurídicos. Se multiplicaron los artículos, informes, dossiers y charlas acerca de las E.T.T., en general de buena calidad, por lo que la propaganda tenía una buena base y las actividades más combativas (ocupaciones, boicots, concentraciones, etc.) se realizaban con un alto grado de contenido.

Así, se consiguió llevar el debate a la sociedad e incluso que existiera una opinión negativa, sino generalizada bastante amplia, sobre las E.T.T. Tanto que éstas tuvieron que hacer serios esfuerzos de contrapropaganda, artículos en los grandes medios de comunicación incluidosix. En otras palabras, un éxito de movilización de la opinión pública.

La reforma de 1999 y el ocaso del movimiento
Llegamos así a la Ley 29/1999, que venía a reformar la regulación de las E.T.T. Durante los dos años anteriores, el gobierno del PP había tratado que los salarios de los trabajadores contratados de las E.T.T. y los de las empresas usuarias se equiparasen. Fiel a su ideología liberal, había impulsado la negociación colectiva entre sindicatos y E.T.T., pero no había logrado avances significativos. La debilidad de los sindicatos, que en realidad no tenían ninguna legitimidad ni capacidad de presión en un sector sin apenas afiliación sindical, y la intransigencia de las E.T.T. a ceder parte de sus cuantiosos beneficios, habían impedido el acuerdo deseado por el ejecutivo presidido por Aznar. Dispuesto a romper el bloqueo, decidió tomar la iniciativa y cambiar la normativa reguladora de las E.T.T.

La reforma parecía más bien tímida, tanto que los movimientos sociales y sindicales la interpretaron como meros cambios cosméticosx. Y en gran medida así era, pero las consecuencias fueron mucho más profundas de lo que a primera vista pareció. Sucintamente, la ley establecía definitivamente la igualdad salarial entre trabajadores de E.T.T. y de plantilla. Dicho de otro modo, ilegalizaba los gastos de gestión por los que la E.T.T. detraía parte del salario como pago por poner en contacto a empresas usuarias y trabajadores. Además, se prohibía la cesión de trabajadores para puestos en los que no se hubieran evaluado previamente los potenciales riesgos laborales. Asimismo, se obligaba a las E.T.T. a "dotarse de una estructura suficiente", es decir, a contratar a trabajadores fijos en función del volumen de contratos gestionados. A cambio, se ampliaba el margen de maniobra de las E.T.T. al sustituir los supuestos de contratación por vagas referencias al Estatuto de los Trabajadores. En la práctica se pasaba a permitir que gestionasen cualquier tipo de contrato temporal, en lugar de los cuatro supuestos (obra o servicio determinado, atención de las exigencias circunstanciales del mercado, sustitución de trabajadores y cobertura temporal de un puesto vacante mientras dura el proceso de selección) contemplados en la normativa original.

¿Por qué tenía tanto interés el gobierno del PP en regular las E.T.T.? Podemos observar este movimiento desde un doble punto de vista. Por un lado tiene, como toda legislación laboral en el capitalismo, dos objetivos muy definidos. En primer lugar poner cierto orden en la anárquica explotación capitalista a fin de evitar que se alimenten determinadas contradicciones. Esto es evidente para las E.T.T. en España, que, como hemos visto, amenazaban con elevar el fraude de ley, la temporalidad y la precariedad a niveles socialmente inaceptables. En segundo lugar, sirve para alentar que se concentre el capital, puesto que las empresas pequeñas no pueden permitirse las multas por violar la legislación vigente, mientras que a las grandes hasta les resulta beneficioso (por ejemplo Adecco es la empresa que más y más cuantiosas multas paga, no sólo de entre las E.T.T. sino de todas las empresas del Estado Español)xi. En el caso que nos ocupa este último punto es muy claro, pues junto a la regulación se ponían condiciones legales y económicas mucho más duras para continuar la actividad de las E.T.T., lo que supuso un duro golpe a muchas de las pequeñas empresas que habían proliferado en los pasados años.

Por otro lado, podemos y debemos interpretar la voluntad legisladora del gobierno como una conquista de la lucha llevada contra las E.T.T. Sólo así puede entenderse que un gobierno abiertamente neoliberal estuviera dispuesto a obligar a las empresas a que sacrificasen parte de los cuantiosos beneficiosos derivados de la extracción de plusvalía absoluta. Para el Estado es preferible mantener la hegemonía y la paz social, por lo que prefieren actuar sobre cualquier potencial foco de conflicto social por pequeño que este parezca. El Estado ha de defender el capitalismo incluso contra el propio capitalista. Es el conflicto social el que empuja y obliga al Estado a intervenir para salvar el orden, como reflejo de un nuevo equilibrio de fuerzas en la sociedad.

La aprobación de la nueva ley cambió radicalmente el panorama. Las nuevas condiciones legales hacían poco rentables la mayor parte de las E.T.T. pequeñas. Su número dejó de crecer e incluso se contrajo durante varios años. En cambio, las grandes E.T.T. pudieron hacerse con un mercado mayor, no sólo el que abandonaban las pequeñas, sino también el que se abría con la ampliación de supuestos de gestión del trabajo temporal. Menos E.T.T. para repartirse un pastel más grande: justamente la situación en la que aún estamos.

Y lo que es más importante, la lucha contra las E.T.T. se vino prácticamente abajo. La actividad se redujo considerablemente, y casi todo lo que se hizo a partir de entonces estuvo vinculado al concepto más global de “precariedad”. La causa de este frenazo estaba precisamente en las líneas principales en las que se había basado la crítica a las E.T.T. En general se cometió el error de enfocar la campaña en relación a la sobrexplotación y no a los complejos fondos por los cuales existen las E.T.T. En efecto, casi toda la propaganda editada hacía hincapié sobre las más evidentes y terribles manifestaciones de la existencia de las E.T.T. (la corta duración de los contratos, las duras condiciones del trabajador y especialmente los famosos “gastos de gestión” por los cuales la ETT se quedaban un porcentaje del salario). Lo cual implicaba vincular la lucha por su desaparición al esquema de trabajo fijo e inevitablemente le dio un cariz en cierto modo defensivo. Así, una vez la ley suavizó la sobrexplotación, la lucha quedó coja y eso provocó una desorientación generalizada: el gobierno consiguió lo que quería.

Los intentos posteriores por resucitar el movimiento persistieron en los mismos errores. Trataron de basarse en el incumplimiento de la nueva ley, en lugar de profundizar en las causas reales de la existencia de las E.T.T. En buena lógica, fallaron en sus propósitos y no fueron capaces de revitalizar la lucha. Lenta y silenciosamente la campaña fue olvidada, las E.T.T. dejaron de ser puestas en cuestión y el ciclo de movilización se agotó sin conseguir sus objetivos. Hasta el presente.

Conclusiones
El desarrollo de la lucha contra las E.T.T. viene a ser un fiel reflejo del estado actual de la izquierda en España. Por un lado, movimientos juveniles muy dependientes del aluvión, del ciclo de movilización, muy poco experimentados en la creación de hegemonías, muy fragmentados entre sí. Por otro, grandes movimientos muy consolidados, pero poco atentos a las nuevas realidades, poco amigos del cambio, demasiado establecidos, demasiado apegados a determinadas realidades y dinámicas. Entre ambos, obviamente, existen continuidades, intercambios, vasos comunicantes. Sin embargo, en vez de producir sinergias que potencien a ambos parece que se contagien mutuamente sus debilidades. Ni los jóvenes adquieren la visión estratégica y la capacidad de movilización de los grandes movimientos, ni éstos aprovechan la energía, combatividad, creatividad y originalidad de los movimientos sociales.

Cabe interrogarse en primer lugar, ¿qué hubiera sucedido de estar más organizado el movimiento?, ¿y si en lugar de una multiplicidad de movimientos pequeños pero poco conectados entre sí se hubiese logrado aunar esfuerzos y recursos para pegar más duro?, ¿y si hubiese habido una comunicación más intensa entre movimientos?, ¿y si se hubiese conseguido establecer un frente común más sólido entre los movimientos juveniles contra las E.T.T. y los movimientos que protagonizaron la campaña por las 35 horas? Que duda cabe, es difícil pensar en hipótesis alternativas cuando analizamos la historia. Sucedió lo que sucedió, ya está. Nunca sabremos a ciencia cierta si podría haber sido de otra forma. Es pura especulación, jugar a la ucronía. Pero si un movimiento disperso y sin cohesión consiguió influir de aquella manera en la opinión pública, ¿no hubiese amplificado su capacidad de presión de haber estado más organizado? Debo limitarme a dejar la pregunta en el aire, y que cada cual reflexione.

Por otra parte, hemos de admitir que aquella lucha estuvo lastrada por una gran falta de visión política. En dos sentidos. Primero, porque la izquierda no ha acertado a entender las nuevas realidades del capitalismo post-fordista, la acumulación flexible, el trabajo autónomo. Muchos análisis, muchos de ellos muy brillantes, pero pocos que hayan servido para reorganizar la resistencia. Y los que han tratado de hacerlo suelen adolecer de lo que Armando Fernández Steinko llama "metafísica roja"xii: formulaciones teóricas más o menos elaboradas y meritorias, pero de escasa utilidad en las luchas cotidianas, notablemente las de Toni Negri y sus seguidores ("obrero social", "multitudes", etc.). Huérfanos de mejores herramientas, la mayor parte de los movimientos se limitan a seguir haciendo lo que han aprendido, lo que saben hacer: manifestaciones, charlas, recogidas de firmas, etc. No niego que puedan seguir siendo acciones útiles, pero no se recapacita sobre su sentido y productividad en cualquier contexto, en cualquier frente. Los muchos fracasos que suelen acompañarlas nos muestran que quizá debiéramos ser más reflexivos. ¿Hemos de seguir dilapidando nuestros escasos recursos y nuestra preciada energía de este modo?

La misma falta de imaginación puede achacarse a las propuestas, que suelen limitarse a un rechazo difuso de las políticas neoliberales y "flexibilizadoras". No a esto, no a aquello. Ilegalizar, volver atrás. Nos falta pensar medidas legales, políticas, institucionales nuevas, adaptadas a la realidad del capitalismo post-fordista. Un simple regreso al pasado no es posible: las caras de la flexibilización-precarización del trabajo y la vida son demasiadas, múltiples, poliédricas. Ilegalizar unas no suele conllevar más que el surgimiento de otras. Las E.T.T. por ejemplo se están enfrentando actualmente, que paradoja, a la competencia desleal de "empresas de servicio", que no son sino subcontratas encubiertasxiii. Las empresas, ávidas de beneficios, necesitadas de adaptarse al mercado cambiante, siempre irán por delante de la legislación. Por eso necesitamos cambiar el chip, pensar en nuevos marcos, ampliar la mirada, quizá afrontar de una vez una protección social desvinculada del régimen salarial, como lleva reclamando desde hace tiempo Robert Castelxiv, como se adivina en las propuestas de los teóricos de la renta básica. De lo contrario, las luchas permanecerán ancladas en concepciones defensivas, o lo que es lo mismo, no llevaremos la iniciativa, iremos a remolque del capital, tendremos pocas posibilidades de victoria.

La falta de visión política del movimiento contra las E.T.T. se expresa en un segundo sentido: la carencia de elaboración estratégica. Por supuesto, está relacionada con lo anterior: si no se tienen claros los por qué, si se va por detrás de la ofensiva neoliberal, si no se sabe el terreno que se pisa, si se usan armas inapropiadas, entonces es difícil pensar estratégicamente. Pero va más allá. Refiere a la habitual renuncia de los movimientos sociales a visualizar el campo, a ponderar los recursos propios y los del enemigo para maximizar unos y minimizar otros, a leer en los ciclos de movilización, a pensar no sólo al corto, sino también al medio y al largo plazo. No somos conscientes de que la creación de hegemonías es un juego paciente, constante, metódico. El gobierno del PP nos dio una lección en este sentido: supo ver nuestras debilidadesxv y actuó sobre ellas, dejándonos fuera de juego. Observó que nos centrábamos en la sobreexplotación en lugar de la disciplina y puso en marcha una ley que, aunque cambiaba todo sin cambiar nada, cumplía el doble objetivo de desarmar nuestros argumentos y parar el desenfrenado crecimiento de las E.T.T. más pequeñas. Nos venció sin que nos diésemos cuenta.

La lucha contra las E.T.T. sigue teniendo perfecta validez y una potencialidad extraordinaria, mas si queremos reactivarla, como cualquier otra lucha social, debemos reconocer estos errores del pasado y enfocarla desde un punto de vista distinto. En aquellos años de lucha, y en los que se han sucedido desde entonces, se han adquirido unas riquísimas experiencias que han de ser sintetizadas y estudiadas. Especialmente por cuanto ha quedado claro que la lucha sindical o sectorial clásica se muestra ineficaz en la era del trabajo autónomo. Una de las enseñanzas más importantes es que las luchas del futuro probablemente habrán de adquirir una disposición más “territorial” por así decirlo, pues el lugar de residencia es la única realidad mínimamente estable en la vida de muchas personas. Sin olvidar interesantes ensayos en los que la denuncia de las condiciones de trabajo en una empresa es llevada a cabo por trabajadores de otras, esquivando así la represión patronal. Es una nueva forma de ver la lucha obrera que puede resultar muy valiosa en un futuro, contra las E.T.T. tanto como contra otras formas de organizar el trabajo en la era post-fordista.

Todo esto sólo será posible si comenzamos a superar la dispersión actual y fortalecemos los espacios de convergencia, como los foros sociales. No deben servir sólo para reunirnos para actividades tan concretas como esporádicas, que colectivos aislados no podrían realizar solos, sino que han de tener la suficiente continuidad como para ser reconocidos por la sociedad como la cabeza de la lucha contra la precariedad y el capitalismo. Si no partimos de esta intención la batalla está perdida de antemano.

Esta es la historia de una derrota. Una de las muchas que he experimentado en primera persona. Si queremos que no se sigan sucediendo es preciso rescatar la memoria, ser francos con nosotros mismos, realizar una retrospectiva crítica. Hemos de conocer las causas de nuestros fracasos o estaremos condenados a repetirlos. Esto es especialmente válido en la coyuntura actual, muy parecida a la que dio a luz la lucha contra las E.T.T.: una fuerte crisis económica, un movimiento incipiente que pelea para que los trabajadores no paguen con sus derechos las consecuencias de la misma. La izquierda española tampoco ha cambiado demasiado desde entonces. Espero y deseo que estas líneas contribuyan a que, en esta ocasión, la historia no se repita.

Jose Antonio Cerrillo, es sociólogo y trabaja como investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA/CSIC) de Córdoba

Notas:

i Yann Moulier Boutang (2006), De la Esclavitud al Trabajo Asalariado, Madrid, Akal (edición original de 1998) y (2007), Le Capitalisme Cognitif, París, Editorial Amsterdam

ii Datos obtenidos de los Anuarios de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo.

iii Véase por ejemplo la entrevista al entonces Ministro de Trabajo, Luís Martínez Noval en El País del 23 de abril de 1992, http://www.elpais.com/articulo/economia/MARTINEZ_NOVAL/_LUIS/ESPANA/INSTITUTO_NACIONAL_DE_EMPLEO_/INEM/MINISTERIO_DE_TRABAJO_Y_SEGURIDAD_SOCIAL/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PSOE_/1989-1993/Gobierno/toma/medida/preocupacion/elpepieco/19920423elpepieco_24/Tes

iv Para un relato completo del proceso de transición entre ambos modelos ver Andrés Bilbao (1999), El Empleo Precario. Seguridad en la Economía e Inseguridad del Trabajo, Madrid, Los Libros de la Catarata, pp. 19-53.

v Todas las cifras están extraídas del informe Resultados AGETT y Tendencia del Mercado Laboral Septiembre de 2008, disponible en http://www.agett.com/servicio/informes/AddendaAGETT_Sep08.pdf Ver también http://actualidad.terra.es/articulo/html/av21044963.htm

vi Me centraré sobre todo en Madrid, que es el caso que mejor conozco por haberlo vivido de primera mano, habiendo participado yo mismo de la lucha contra las E.T.T. Por la información de la que dispongo no parecen haber motivos para pensar que en otras partes del Estado la experiencia fuera muy distinta.

vii Se extendió además la apreciación de que los sindicatos representaban a los trabajadores fijos, los establecidos, los mayores. Los mismos que cerraban el paso a los jóvenes en las empresas, cuando no les despreciaban por su posición sumisa y por interpretar que contribuían a devaluar sus propias condiciones de trabajo. Se reflejaba así socialmente lo que sucedía en los centros de trabajo: un enfrentamiento generacional que no es sino una forma de desplazar el conflicto capital-trabajo hacia el conflicto trabajo-trabajo.

viii No puedo detenerme en las causas del fracaso de la lucha por las 35 horas, que son muchas y complejas. Ver al respecto el interesante análisis de Lorenzo Peña, "¿35 horas? Un Jarro de Agua Fría" (http://www.eroj.org/lp/35horas.htm) y desde una óptica más interna el de Ángeles Maestro, "La Izquierda y el Programa: Tareas Pendientes" (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=36337). En cualquier caso, en modo alguno insinúo que la única causa, siquiera la principal, de la derrota de la campaña fuese su falta de conexión con la lucha contra las E.T.T.

ix Como muestra un botón: Inmaculada R. Pascual (1996), "Un Paso Seguro hacia el Primer Trabajo", en Su Dinero. Semanario de Economía Familiar, Consumo y Empleo de El Mundo, 54, domingo 1 de diciembre, pp. 54-56, http://www.elmundo.es/sudinero/noticias/act-54-6.html

x Ver por ejemplo el número 46 del Boletín Jurídico-Sindical de la CGT, dedicado íntegramente a la reforma.

xi Michel Aglietta (1979), Regulación y Crisis del Capitalismo, Madrid, Siglo XXI (edición original de 1976); Immanuel Wallerstein (1988), El Capitalismo Histórico, Madrid, Siglo XXI, pp. 36-65 (edición original de 1983)

xii Armando Fernández Steinko (2007), "Metafísica Roja y Refundación de la Izquierda", El Viejo Topo, 238, pp. 29-33

xiii Ángel Martínez (2006), "Aumenta la Cesión Ilegal de Mano de Obra Pese a la Modificación del Estatuto de los Trabajadores", El Confidencial, jueves 9 de noviembre, http://www.elconfidencial.com/economia/noticia.asp?id=6976&edicion=09/11/2006

xiv Robert Castel (1997), La Metamorfosis de la Cuestión Social. Una Crónica del Salariado, Buenos Aires, Paidós (edición original de 1994)

xv Es cierto que el gobierno conocía los entresijos de la campaña. El Ministerio de Trabajo elaboró un dossier completo sobre la lucha contra las E.T.T. que yo mismo pude leer. Me permitirán reservarme la explicación de cómo llegó a mis manos, pues podría perjudicar a terceros.

Mentiras

Juan Torres López
Rebelión

Durante estos años de políticas neoliberales se ha dicho que había que moderar los salarios para que así las empresas tuvieran beneficios y pudieran crear empleo. La secuencia parece lógica pero no es cierta. Estos días acabamos de ver nuevos ejemplos de su falsedad:

Día 28 de enero: El Banco Santander anuncia un beneficio neto atribuido de 8.876 millones de euros en 2008.

Día 9 de febrero: El Banco de Santander remodela su banca de consumo y prescindirá del 30% de su plantilla.

Las empresas desean que los salarios sean bajos pero para tener más beneficios por la vía más cómoda de ahorrarse costes de personal no para crear más empleo.

Lo han conseguido en los últimos años y ahí están las desigualdades que se han ido agrandando. Pero ese incremento en los beneficios no necesariamente deriva en más empleo. En los últimos decenios hemos podido comprobar que una gran parte de los beneficios se han destinado a la especulación financiera o inmobiliaria, de modo que no han llevado consigo la inversión productiva que podían haber generado. Otras veces, puede ser que se apliquen a nueva inversión, pero tampoco está asegurado que esa inversión cree puestos de trabajo, ya que puede estar dedicada a incrementar el capital fijo, la tecnología, ...

La presunción de que salarios más bajos dan lugar a más beneficios, los mayores beneficios a más inversión y ésta a más empleo es eso: una presunción.

La realidad es que los salarios más bajos producen otros efectos: por un lado, las empresas tienen más beneficios y más poder, lo que les permite imponer condiciones más favorables en sus relaciones con los trabajadores. Por otro, tienen un efecto paradójico y perverso. Si una empresa logra salarios más bajos, reduce sus costes y puede obtener más beneficios. Pero si eso lo hacen todas las empresas (como ha ocurrido en los últimos años) lo que sucede es que disminuye la demanda potencial total que hay en los mercados puesto que ésta depende en gran medida de la capacidad de compra de los trabajadores. El propio Henry Ford lo decía: "todos los capitalistas del mundo somos insuficientes para comprar todas las mercancías que producimos".

Esto es lo que ha hecho que bajo el neoliberalismo de los últimos años el crecimiento potencial de las economías haya sido tan bajo y que se haya creado mucho menos empleo y más precario.

Los economistas que defienden la tesis de que hay que moderar los salarios para crear empleo parten de un presupuesto erróneo: consideran a los salarios solo como un coste cuando en realidad son también una componente de la demanda y un factor decisivo de la productividad (por eso cuando más bajos son las economías suelen ser también menos productivas, menos competitivas y más empobrecidas e empobrecedoras).

Pero no se trata de un simple error teórico: da la casualidad de que ese "olvido" es lo que permite divulgar como científica una tesis que solo beneficia al capital.

La paradoja es que los capitalistas podrían ganar más dinero si pagaran salarios más elevados a sus trabajadores porque de esa forma tendría a su disposición mercados más amplios (basta con comprobar la parte tan grande la humanidad que está fuera del mercado de bienes y servicios) pero si lo hicieran perderían poder. Y sin poder en manos de los empresarios lo que estaría en peligro no sería el beneficio sino el propio capitalismo y los privilegios de los capitalistas y de quienes de viven de ellos y a su servicio.

Es por esa misma razón que tampoco les conviene que haya pleno empleo aunque con éste pudieran ganar más: porque con empleo asegurado los trabajadores tienen más poder y pueden poner en cuestión la jerarquía y la injusticia de base sobre la que se sostiene el capitalismo.

Y también por eso ha estado de moda decir en los últimos años que para crear empleo lo que hay que hacer es flexibilizar las relaciones laborales. Lo que tampoco es verdad: quieren flexibilizarlas también para tener más poder, pero no porque sea necesario para obtener más beneficio o para ser más competitivos.
Lo acaba de decir muy claro uno de los mejores conocedores de los mercados laborales, el Premio Nobel de Economía Robert Solow: "España necesita tecnología, no flexibilidad laboral".

Los empresarios saben muy bien todo esto. Saben que lo que de verdad necesitan es poder y es por eso que se han cuidado, sobre todo, de quitárselo a los trabajadores, por ejemplo, consiguiendo domesticar a muchos sindicatos.
Y es también por todo ello que el neoliberalismo esté coincidiendo con una pérdida paulatina de pulsión democrática en todas nuestras sociedades.

Lo que indica que lo que habría que hacer es crear las condiciones para que los trabajadores tengan más poder y evitar que se concentre cada vez más en manos del capital.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Sevilla). Su página web: http://www.juantorreslopez.com

El huevo y la gallina, los banqueros y el dinero

Juan Torres López
Sistema Digital

Las entidades financieras españolas se han lanzado a una gran campaña de intoxicación para tratar de convencer a los ciudadanos de que los problemas de financiación que paralizan a la economía productiva española no son culpa suya.

Es posible que incluso alcancen su objetivo gracias a que controlan medios de comunicación y a que tienen en sus nóminas (de modo más o menos explícito) a numerosos académicos, periodistas y líderes de opinión. Pero no dicen la verdad.

Su discurso ahora se centra en afirmar que disminuyen el crédito porque no hay demanda suficiente o solvente y no porque sean los propios bancos quienes lo estén racionando por otras razones.

Empezaré por final. Es posible efectivamente que cada vez haya menos demanda solvente para financiación de la actividad productiva pero eso ocurre justamente porque la falta de financiación que han provocado los bancos está ahogando rápida y generalizadamente a los empresarios y a los consumidores.

No se trata de un juego para determinar qué es primero si el huevo o la gallina. Es algo mucho más importante y que puede resolverse objetiva y rigurosamente.

En primer lugar hay que recordar un hecho principal: la banca privada española (y detrás de ella las cajas de ahorros que se han dedicado a copiar su lógica financiera en lugar de estar al servicio de un modelo productivo sostenible y socialmente satisfactorio) ha provocado en los últimos años una burbuja financiera gigantesca que ahora mina su liquidez e incluso su solvencia.

Los datos son irrefutables.

De 2002 a 2008, ¡sí, solo seis años!, la cifra de crédito concedido por entidades financieras españolas ha pasado de 701.000 millones de euros a más de 1,838 billones de euros, lo que supone un incremento del 161%.

Y lo que es aún más exagerado: el 70% de ese incremento se dedicó a financiar el ladrillo, pues el crédito inmobiliario pasó de 347.000 millones a 1,1 billones de euros creciendo, por tanto, un 219%.

El resultado de esta expansión vertiginosa del crédito no ha podido ser otro que una pérdida de solvencia del sector financiero español (además de crear una burbuja inmobiliaria y una especialización perversa de nuestra actividad productiva).

Sería realmente un milagro inexplicable que las familias y las empresas españolas pasaran de soportar una deuda de 700.000 millones de créditos a otra de 1,8 billones en seis años sin que se afectara su fortaleza económica y su capacidad para hacer frente a los pagos. Y de hecho, lo que ha sucedido es que el volumen de créditos de dudoso cobro ha pasado en este periodo de suponer 9.000 millones de euros a 47.000 millones y que la solvencia de las entidades financieras ha comenzado a disminuir sin remedio. Así lo demuestra, por ejemplo, que el patrimonio neto de las entidades financieras representara el 12,3% del total del crédito en 2002 y el 9,5% en el segundo semestre de 2008.

En consecuencia, es una evidencia clamorosa que la primera causa de la situación actual de restricción crediticia y financiera es que ha explotado la burbuja creada por las entidades.

A ello hay que unir además que la banca y las cajas españolas se han contaminado, aunque no haya sido en la misma medida que las de otros países, por la difusión de la basura financiera que la banca estadounidense ha emitido por todo el planeta. No podía ser de otro modo en el entorno de globalización financiera en el que estamos. Y es algo que no se puede negar a la vista de tantas personas como están siendo las que pierden sus ahorros a causa de ello.

En conclusión, las entidades financieras españolas han sufrido y siguen sufriendo el mismo proceso de descapitalización que padece la banca internacional y que incluso puede llegar a calificarse de bancarrota en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido, según reconoció en septiembre pasado el mismísimo Paul Volcker.

Es por eso que han reducido su oferta de crédito; sencillamente, porque todos los fondos que logran captar los utilizan para tratar de salvar sus balances, bien tapando la pérdida de valor, bien huyendo hacia delante adquiriendo nuevos activos.

Eso es lo que explica, por ejemplo, que los bancos españoles reciban docenas de miles de millones de euros en préstamos del banco central pero que los utilicen para depositarlos allí mismo mientras los sujetos económicos claman por recibir créditos.

Hace unos días, se conocía que el multiplicador monetario de la economía norteamericana era ya menor que uno. En román paladino eso significa que los bancos han dejado de desempeñar la función a la que teóricamente están llamados: en lugar de dar combustible, prácticamente roban el que hay en la economía.

Eso es lo que está pasando y lo demás es un gran engaño. Y por eso, mientras no se tomen medidas para poner fin a la causa de los males es imposible evitar que la economía se despeñe estrepitosamente.

Los gobiernos no pueden limitarse a dar más dinero a los bancos. El agujero que los banqueros han generado yéndose al casino con el dinero de los depositantes es gigantesco. Solo sería resoluble o a base de proporcionar a los bancos descapitalizados sumas impensables que generarían una deuda de volumen hasta ahora quizá desconocido, o imponiendo una especie de "corralito" mundial pero que de llevarse a cabo seguramente provocaría una respuesta en la calle inimaginable.

O se permite que el agujero siga aumentando o los gobiernos se hacen directamente con los resortes de la financiación para ponerla al servicio de empresarios y consumidores. Pero deben hacerlo directamente, sin el intermedio de los bancos y cajas, puesto que éstos están utilizando y utilizarán los recursos multimillonarios que se ponen en sus manos para disimular el desastre global que han producido.
No hay más remedio. Discutir si fue antes el huevo o la gallina es gratuito. Hay que romper los huevos para hacer la tortilla.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Sevilla). Su página web: http://www.juantorreslopez.com

¿Por qué la campaña de propaganda a favor de la intervención internacional en Birmania?

Por Meter Symonds
Traducido por Mariola García Pedrajas
Global Research

La catástrofe ocasionada por el ciclón Nargis sobre el pueblo de Birmania ha provocado un campaña de grandes proporciones por parte de Estados Unidos y sus potencias aliadas, y los medios de comunicación internacionales, pidiendo que la junta militar abra sus fronteras a la ayuda internacional, al personal que trabaja en las agencias de ayuda, así como a los aviones, tropas y buques de guerra de Estados Unidos. Una vez más se intenta provocar una estampida de apoyo de la opinión pública con imágenes que llegen al corazón de supervivientes desesperados y ciudades devastadas, acompañadas de un constante bombardeo condenando al régimen de Birmania por su respuesta inadecuada de auxilio a los afectados, su aislacionismo, y su falta de aceptación de ayuda internacional, especialmente estadounidense.
Uno debería inmediatamente hacer una pausa y recordar el resultado de ejercicios “humanitarios” similares. En 1999, la situación apremiante de los refugiados kosovares fue usada por Estados Unidos y sus aliados para lanzar una guerra contra Serbia y transformar esta provincia en un protectorado de la OTAN limpiado de la mayoría de su minoría serbia. Ese mismo año, Australia, con el apoyo de EEUU, usó la violencia de milicias apoyadas por Indonesia para justificar una intervención militar en Timor Este para instaurar un gobierno que fuera comprensivo con los intereses económicos y estratégicos de Canberra. Después de una década la población local en ambos países continúa viviendo en condiciones atroces, sin que ninguna de sus necesidades fundamentales se hayan cubierto.
Sin lugar a dudas una gigantesca tragedia social ha tenido lugar la pasada semana. Las cifras oficiales birmanas dan una estimación de más de 60,000 personas muertas o desaparecidas. Los oficiales de la ONU estiman el número de victimas mortales en 100,000 y el número de personas afectadas de forma severa por el ciclón en casi dos millones. La mayor parte del gigantesco delta del Irrawaddy ha sido devastado por la oleada de tormentas provocadas por el ciclón Nargis, que anegaron las tierras bajas. Ciudades y pueblos enteros han sido borrados del mapa, dejando detrás escenas que recuerdan la destrucción producida por el tsunami de diciembre de 2004 a lo largo de la costa de Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.
También es cierto que la junta birmana es un régimen brutal que de forma repetida ha abatido a tiros manifestantes antigobierno para mantener su propio poder y privilegios. Sus esfuerzos para rescatar a las víctimas se ven obstaculizados no sólo por el retraso del país, sino también por la cruel indiferencia hacia la situación apremiante de los birmanos. Dada la campaña actual en los medios de comunicación, uno debería tomar toda la información en la prensa con cautela. Pero hay pocas dudas de que muchas de las víctimas del ciclón están siendo dejadas a su propia suerte, como de hecho fue el caso de los sobrevivientes del tsunami de 2004 en los países que fueron golpeados más duramente.
Sin embargo, nadie debería darle ninguna credibilidad a las muestras de preocupación del gobierno de Bush y sus aliados. La Secretaria de Estado Condoleezza Rice insistió el miércoles en que la asistencia de Washington a las víctimas del ciclón no era “una cuestión de política” más bien “una cuestión de crisis humanitaria”. “Lo que hace falta es que el gobierno birmano permita a la comunidad internacional ayudar a su gente,” declaró Rice.
En realidad, toda la asistencia de EEUU lleva unida una serie de condicionamientos políticos. El gobierno de Bush ha ofrecido una suma irrisoria de 3.5 millones de dólares en ayuda financiera y está presionando para que se permita la entrada de oficiales de EEUU, trabajadores de agencias de ayuda y personal militar para organizar las operaciones de ayuda de emergencia, en vez de permitir a las autoridades birmanas llevar a cabo estas acciones ellos mismos. Al mismo tiempo, EEUU y sus aliados europeos continúan manteniendo sanciones en contra del régimen de Birmania que han agravado las dificultades económicas del país. En la semana anterior al ciclón, la administración Bush reforzó su prohibición de comercio e inversión y la congelación de activos, medidas todas que continúan vigentes, excepto por una ligera relajación de las restricciones sobre la ayuda financiera.
El Ministro de Asuntos Exteriores francés Bernard Kouchner sugirió el miércoles que el Consejo de Seguridad de la ONU convocara su “responsabilidad de proteger” para anular la soberanía nacional birmana y repartir ayuda internacional, con o sin la aprobación de la junta. La resolución “responsabilidad de proteger”, cuya historia se remonta a la guerra de 1999 de la OTAN contra Yugoslavia, se aprobó en 2006 como un instrumento de las superpotencias para justificar agresiones militares con el pretexto de prevenir “genocidio, guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad”. La sugerencia de Kouchner extendería el ámbito de tales intervenciones a desastres naturales tales como el ciclón Nargis.
El comentario de Kuouchner no ha sido todavía apoyado públicamente por Washington, pero claramente la sugerencia se está discutiendo dentro de la administración. El embajador de EEUU en la ONU, Zalmay Khalilzad, declaró que la mayoría de los gobiernos estaban “enfurecidos” por la lentitud del régimen Birmano en aceptar la ayuda internacional. Aludiendo a las potencias del Consejo de Seguridad de la ONU, añadió: “Un gobierno tiene la responsabilidad de proteger a su propia gente, de proveer para su gente…habría que ser un descerebrado para no aceptar la ayuda de la comunidad internacional.”
El Director del la Oficina de EEUU de Asistencia en Desastres Internacionales, Ky Luu, fue más explicito. Indicó que el lanzamiento unilateral de ayuda por aire con aviones militares de EEUU, era una de las opciones que se estaban considerando si la junta continuaba negándose a aceptar ayuda americana. Cuatro buques de guerra de EEUU ya se dirigen hacia Birmania y helicópteros de la marina y aviones de carga de las fuerzas aéreas han sido estacionados en la vecina Tailandia. El Secretario de Defensa de EEUU Robert Gates comentó que no se podía imaginar una intervención militar sin permiso birmano. El portavoz del Departamento de Defensa Bryan Whitman apuntó: “Si no se te pregunta y no se pide, se considera una invasión.” Sin embargo, está claro que la opción militar y sus ramificaciones políticas se están discutiendo activamente.
El tsunami asiático
Como parte de la campaña para presionar a la junta birmana, se ha creado un nuevo mito que pinta la respuesta internacional al tsunami asiático como un modelo rápido, eficiente y compasivo de entrega de ayuda internacional por todas las partes implicadas. Se están haciendo cada vez más comparaciones entre el régimen de Birmania hoy en día y sus homólogos “democráticos” en Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia en 2004.
Cualquier examen objetivo de la tragedia de 2004, sin embargo, revela una imagen muy diferente. Las olas enormes del tsunami se tragaron pueblos empobrecidos en la bahía de Bengala el 26 de diciembre. Durante días, mientras las cifras de muertos alcanzaban rápidamente los cientos de miles, El Presidente Bush, El Primer Ministro Tony Blair y otros lideres mundiales no hacían ninguna declaración sobre el desastre. Cuando finalmente decidieron volver de sus vacaciones, su desprecio colectivo por la suerte de las víctimas se reveló en sus comentarios superficiales y patéticas ofertas de ayuda. Fue sólo tras una lluvia de simpatía y donaciones de gente trabajadora alrededor del mundo, horrorizada por la enormidad del desastre, que EEUU y las principales potencias empezaron a actuar.
En los países más afectados, las operaciones de ayuda de emergencia se “hamstrung” (retrasaron?) por el papeleo y las agendas política, tanto de los regímenes locales como de los países donadores. Los gobiernos de Indonesia y Sri Lanka estaban metidos en guerras brutales de larga duración con movimientos separatistas y eran extremadamente reacios a admitir la presencia de organizaciones de ayuda, menos aún ejércitos extranjeros, en las zonas afectadas por el desastre. Lejos de ayudar a las víctimas, el ejército de Indonesia aprovechó la oportunidad para intensificar sus acciones contra los rebeldes de Aceh. En Sri Lanka, los intentos de establecer un grupo conjunto de ayuda con los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil bajo los auspicios del cese de fuego de 2002 colapsaron, en medio de amargas recriminaciones sobre algún tipo de reconocimiento oficial de los separatistas.
El gobierno indio insistió en que controlaría sus propias operaciones de socorro y rechazó ninguna sugerencia de que ejércitos extranjeros deberían implicarse. El ejercito indio fue particularmente sensible a la presencia de trabajadores de agencias de ayuda en las islas Adaman y Nicobar, que estaban entre las áreas más duramente golpeadas, debido a la presencia de bases estratégicas de la marina y la aviación en esas zonas. Más de tres años después, miles de víctimas del tsunami en estas islas, así como en otras partes de India, Indonesia y Sri Lank, siguen viviendo en condiciones miserables y alojamientos temporales.
Nadie en los círculos dirigentes de EEUU o Europa sugirió en aquel entonces que la operación militar se debería preparar para anular la soberanía india o hacer lanzamientos unilaterales desde el aire sobre las islas Andaman y Nicobar. En los casos de Sri Lanka e Indonesia, los gobiernos al final permitieron la ayuda militar de EEUU para asistir en las operaciones desde el aire en sus territorios. En ambos casos, el propósito primordial de Washington era político, forjar relaciones de trabajo más cercanas con los militares de los dos países y sentar un precedente, el cual se invoca ahora para ejercer presión sobre la junta de Birmania.
La Secretaria de Estado de EEUU Rice, declaró sin rodeos ante el Comité del Senado de Relaciones Internacionales en enero de 2005 que el tsunami constituía “una oportunidad maravillosa para mostrar no ya el gobierno de EEUU, sino el corazón del pueblo americano…Y pienso que ha generado muchos dividendos para nosotros.” Rice declara ahora que los ofrecimientos de ayuda de EEUU a Birmania no son “una cuestión de política”, pero la administración Bush está decidida a transformar el último desastre en una nueva “oportunidad” política para avanzar sus intereses económicos y estratégicos en la región.
Intereses estratégicos
La decisión de la Junta de Birmania de aceptar ayuda de forma selectiva sólo de países que le son amistosos tales como China, India y Tailandia, apenas sorprende. La administración Bush no ha mantenido en secreto el hecho de que favorece un “cambio de régimen” en Birmania – la eliminación del régimen militar y su reemplazo por un gobierno, encabezado por el líder de la oposición Aung San Suu Kyi, más receptivo a los intereses de Washington y a la apertura del país a los inversores extranjeros.
El hecho de que la junta de Birmania se haya convertido en el blanco de EEUU no tiene nada que ver con la preocupación por los derechos democráticos o el bienestar del pueblo de Birmania. La hostilidad de Washington hacia el régimen birmano está generado sobre todo por la asociación estrecha que éste mantiene con China, vista por EEUU como su principal rival potencial. Durante los últimos ocho años, la administración Bush ha seguido una estrategia de reforzar sus vínculos militares en una serie de países alrededor de China – desde Corea del Sur y Japón a las Filipinas, Australia, Indonesia y alrededor de India, Paquistán, Afganistán y las republicas de Asia Central.
Birmania es un agujero significativo en los esfuerzos de EEUU para “contener” a China. El país se asienta junto al estratégico estrecho de Malaca – la línea de costa principal que une el norte del Lejano Oriente, incluyendo China, con los recursos energéticos de Oriente Medio y África. El control de tales “puntos de estrangulación” ha sido siempre de gran importancia en los planes navales de EEUU. China ha ayudado a Birmania en la construcción de varias instalaciones navales y cuenta con el acceso a puertos de Birmania como parte de sus esfuerzos para proteger sus rutas de comercio por mar que son vitales para su propia economía.
Los medios de comunicación internacionales ya están criticando a China por no ejercer más presión en su aliado para que se abra a la ayuda internacional. La Secretaria de Estado de EEUU Rice telefoneo a su homologo en Beijing para presionar al gobierno chino para que ejerza más presión sobre Birmania. Si la administración Bush decidiera presionar para que se de una resolución de la ONU a favor de la intervención, China se convertiría en un blanco aún más directo de vilificación. China se ha opuesto a cualquier movimiento a favor de plantear el desastre del ciclón en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Hay también una agenda económica más amplia detrás de la hostilidad de Washington hacia la junta de Birmania. Durante décadas, ha mantenido una economía fundamentalmente cerrada, aislacionista en la que las empresas dominadas por el ejército aun controlan sectores clave. Para las corporaciones americanas, el país es una fuente potencial de trabajadores baratos así como de recursos críticos, incluyendo petróleo y gas. La administración de EEUU ha permitido a la compañía petrolera Chevron proceder de forma callada con su inversión multimillonaria en Birmania, pero tales operaciones se ven dificultadas por las malas relaciones entre los dos países.
La administración Bush no está más motivada por preocupaciones humanitarias en Birmania de lo que lo está en Irak o Afganistán. Al rechazar las últimas mentiras e hipocresía de la Casa Blanca, es necesario considerar las cuestiones fundamentales implicadas. ¿Por qué tales catástrofes golpean repetidamente a las capas más vulnerables de la población mundial? ¿Por qué la enfermedad, el hambre y la pobreza continúan haciendo estragos en las masas de Asia, África y Latinoamérica?
Los recursos existen para abolir el sufrimiento y la necesidad, a la vez que para minimizar el impacto de los desastres naturales tales como el ciclón Nargis. Durante las pasadas tres décadas, la globalización de la producción ha expandido grandemente la capacidad económica del ser humano, estableciendo las bases para una planificación racional y despliegue de recursos a escala mundial para asegurar un nivel de vida decente para la gente en cualquier parte del globo. Bajo el capitalismo, sin embargo, esta enorme capacidad económica y científica es explotada para generar beneficios para la minoría rica, mientras que la inmensa mayoría, incluso en los principales países industrializados, lucha por sobrevivir día a día.
La pobreza y el desempleo no son aberraciones. Las enormes capas de pobres urbanos y rurales son un rasgo esencial del capitalismo global. Forman un enorme ejército de reserva de mano de obra que se usa para presionar de forma constante hacia abajo sobre los salarios y condiciones de la clase trabajadora internacionalmente. El único medio para abolir el abismo inmenso y cada vez mas profundo entre ricos y pobres es a través de una reestructuración revolucionaria de la sociedad según criterios socialistas, de manera que las necesidades candentes de la abrumadora mayoría de la humanidad tengan prioridad sobre los requerimientos de beneficios para unos pocos.
Articulo original:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8946

Todos ellos negaron la burbuja inmobiliaria

David Lereah, ex portavoz de la patronal promotora de EEUU, ha reconocido a CNN Money que mintió al negar la burbuja inmobiliaria porque “era mi trabajo representar los intereses de los promotores”. En nuestro país, son legión los ilustres políticos a derecha y a izquierda, financieros, empresarios, cargos públicos y expertos de todo pelaje que negaron la existencia de la burbuja, quién sabe si por miopía o por interés. Internet, en especial Burbuja.info, ha sido pionero en la clasificación de estos personajes como nuncabajistas o negacionistas, aterricistas, chaquetistas y burbujistas.

Ahora, un libro del profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, recopila algunas perlas de grandes responsables de que en este país se formara una burbuja inmobiliaria de enormes proporciones cuyas consecuencias sufrimos hoy. Como dice Montalvo, “no están todos los que son pero sí son todos los que están”.

El libro en cuestión, titulado De la quimera inmobiliaria al colapso financiero y que lleva por subtítulo Crónica de un desenlace anunciado, recoge en su epígrafe una detallada colección de comentarios carpetovetónicos que abundan en la falta de cultura financiera patria. Los divide en tres categorías. Primero, los “negacionistas”, que no aceptan la existencia de una burbuja y que luego se transmutarían en “aterricistas”, o defensores de un supuesto aterrizaje suave. La segunda categoría incluye a aquellos que han cambiado de bando y que denomina “chaquetistas”. Por último, están los “burbujistas”, que siempre han mantenido la existencia de la burbuja, "aunque en algunos casos llegó un momento en que dejaron de hacer declaraciones públicas".

Chacón: "Nuestro sector inmobiliario es de los mejores del mundo"

Entre los políticos, Montalvo cita a Francisco Álvarez Cascos, ex ministro de Fomento. En el año 2003, afirmó que “Se ha intentado trasladar del mundo financiero al inmobiliario el concepto de burbuja, algo que se pincha cuando desaparecen las expectativas, pero las expectativas en el mercado inmobiliario español son sólidas y reales”. Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, tildó en 2003 de “especulación de la oposición” el concepto de burbuja inmobiliaria.

María Antonia Trujillo, primera ministra de Vivienda, aseguró en 2004 que “Los que hablan de burbuja pecan de irresponsabilidad. Habrá un aterrizaje suave (…)”. Su sucesora, Carme Chacón, afirmó en a finales de 2007 que “nuestro sector inmobiliario es de los mejores del mundo. Vivimos un aterrizaje o ajuste suave”.

En el sector financiero, Alfredo Sáenz, vicepresidente del Grupo Santander, aseveró en abril de 2007 que “No hay síntomas de pinchazo de la burbuja porque la morosidad en España está bien. (…)”. Su jefe, Emilio Botín, dijo que “no habrá ni crack ni burbuja”.

Especialmente sangrantes, por la relevancia de sus cargos, son las declaraciones de representantes de organismos públicos tales como el Banco de España o la Asociación Hipotecaria Española (AHE). En este sentido, Jaime Caruana, ex gobernador del Banco de España, matizó en 2005 que el emisor “nunca ha hablado de burbuja inmobiliaria porque una situación así acaba de forma brusca”. Gregorio Mayayo, presidente de la AHE, pronosticó en 2002 que era “metafísicamente imposible” que en España bajaran los precios de la vivienda.

Brugera, presidente de Colonial: "la burbuja es un reclamo periodístico y no tiene un contenido real"

Pero para reír por no llorar, está la verborrea de ladrilleros y sus representantes. Juan José Brugera, hoy presidente de Colonial, dijo que “la burbuja es un reclamo periodístico y no tiene un contenido real”. ¿Quién no recuerda las palabras de Fernando Martín, presidente de la concursada Martinsa-Fadesa y ex presidente del lobby G-14, augurando en octubre de 2007 que el precio de la vivienda subiría en 2009 de manera vertiginosa”?. Luis del Rivero, presidente de Sacyr-Vallehermoso, no sólo ejerció de negacionista, sino que arremetió contra los medios de comunicación como causantes de todos los males del sector.

El Confidencial publicó en noviembre de 2007 cómo José Manuel Galindo, entonces presidente de Asprima, hoy de APCE, instaba a las consultoras inmobiliarias no a negar la realidad “pero sí acotarla”, con la intención de maquillar la mala situación del ladrillo.

El libro sitúa a Zapatero en el capítulo de los chaquetistas. Montalvo lo explica así: “la mayoría de los chaquetistas cambia de negar la existencia de la burbuja a aceptarla. Sólo Rodríguez Zapatero se mueve en la dirección contraria”. Así, si en 2003 advertía al PP del “riesgo de burbuja”, una vez que se convirtió en inquilino de La Moncloa, transmutó su pensamiento hasta sotener que “no hay ninguna repercusión directa de la crisis de EEUU en el mercado inmobiliario español”. De ahí a asegurar que “el sistema financiero español es el mejor de la comunidad internacional” sólo hubo un paso. Entre los chaquetistas se sitúan también Pedro Solbes, Rodrigo Rato, Luis de Guindos y Guillermo Chicote, presidente de APCE, quien llegó a decir que la burbuja era un “mito”.

Por último, merece la pena destacar que Montalvo sitúa entre los burbujistas al hoy ministro de Industria, Miguel Sebastián, y al presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), pero que una vez llegaron a ocupar sus actuales puestos, sorprendentemente, dejaron de hacer declaraciones públicas sobre el tema.

¿Se estará acordando Solbes de las bajadas de impuestos?

Juan Rodríguez
ATTAC Mallorca


El pasado viernes el ministro de economía Pedro Solbes compareció ante la prensa tras el Consejo de Ministros para ofrecer las nuevas previsiones económicas para el año 2009 (1). Los datos son por todos conocidos y, de confirmarse, como así parece que ocurrirá, serán los peores de los últimos cincuenta años. Además, en una entrevista concedida poco después al diario El País, admitía que el gobierno había utilizado todo el margen que tenía contra la crisis (2). La presentación de unos datos tan nefastos tras haber declarado a principios de este año que estaba convencido de que 2009 sería un buen año (3), así como la irresponsabilidad de declarar que ya no dispone de margen de actuación parece demostrar que la crisis actual ha superado la capacidad de previsión del actual gobierno en materia económica.

El vuelco de los datos es evidente y espectacular. De uno de los crecimientos del P.I.B. más fuertes de Europa Occidental se pasará a un decrecimiento del 1,6 %. El desempleo prácticamente duplicará su tasa respecto a los mínimos históricos de la democracia alcanzados en 2007 situándose, según estas estimaciones, próximo al 16%, aunque la Comisión Europea prevé que en 2010 alcanzará el 18,7% (4). Y el déficit público se acercará al 6 por cien frente al superávit del que disfrutaban las cuentas nacionales en los últimos años. Éste último dato es especialmente llamativo si se tiene en cuenta la política fiscal llevada por los últimos ejecutivos y hace que me pregunte si el señor Ministro no se estará acordando, y por supuesto arrepintiendo, de las bajadas de impuestos llevadas a cabo en los años de bonanza económica.

Los anteriores gobiernos, tanto los del Partido Popular como los del PSOE, han aprovechado el crecimiento económico de los últimos años para reducir diversos impuestos a ciudadanos y empresas con el objetivo declarado de estimular la economía y potenciar la demanda e inversión privadas. Como consecuencia de la fase expansiva de la economía y el extraordinario crecimiento del sector inmobiliario, estas reducciones no sólo no provocaron una disminución de la recaudación, si no que permitieron al Estado disfrutar de superávit fiscal. Sin embargo, la crisis actual está demostrando lo inadecuadas que fueron dichas políticas, pues fueron tomadas pensando únicamente en las consecuencias a corto plazo y sin tener en cuenta las posibles implicaciones que tendrían con un cambio de ciclo de la economía.

Actualmente parece indiscutible que es necesario recurrir al déficit fiscal para mitigar los efectos de la crisis. La reducción de la actividad, el aumento del desempleo y la incertidumbre económica han provocado una contracción del consumo privado; este hecho unido al fin del “boom” del ladrillo ha provocado una importante disminución de los ingresos de las Administraciones Públicas. Aunque algunos aboguen por ello, una reducción del gasto público provocaría, aparte del aumento del diferencial que nuestro país tiene con el nivel europeo de gasto público y social, un recrudecimiento de la crisis, pues la demanda interna se vería más reducida aún. Sin embargo, el déficit no deja de ser un mal menor y hubiese sido mucho mejor que nuestros gobernantes no hubiesen tomado medidas que nos obligan a mantener en la actualidad un desfase presupuestario tan elevado.

Desde una perspectiva más conservadora, de no haberse reducido los impuestos, el Estado hubiese dispuesto de un superávit mayor, lo que hubiese permitido una mayor reducción de la deuda pública (que por suerte no es excesivamente elevada) y, en estos momentos en los que el desfase presupuestario se dispara, permitiría que el déficit actual fuese menor, aún manteniendo el nivel de gasto público o incluso elevándolo ligeramente.

No obstante, hubiese sido más eficiente e interesante un enfoque más progresista. Desde este punto de vista, la mayor recaudación fiscal nos hubiese permitido en años pasados mantener superávit, pero a la vez aumentar el gasto social en nuestro país, que todavía se encuentra lejano del de los países más avanzados de Europa. Por un lado, el mayor gasto en educación (y en I+D+i) hubiese permitido mejorar la exigua productividad del trabajo en nuestro país, lo que sin duda fortalecería nuestra economía, y por otro lado el aumento del gasto en sanidad y otros gastos sociales como por ejemplo los necesarios para el desarrollo de la ley de dependencia hubiesen prodicido una mejora del estado del bienestar español y una creación de empleo de más calidad y menos dependiente del sector inmobiliario. Estas medidas hubiesen provocado que nuestro país se encontrase en una mejor situación para combatir la crisis, que además tendría unos efectos menores al haberse reducido la dependencia del “ladrillo” de nuestra economía.

Por tanto, las reducciones de impuestos que se han llevado a cabo en los últimos años no sólo han reducido al capacidad de reacción del gobierno para establecer medidas que mitiguen los efectos de la crisis, sino que éstos recursos adicionales de los que hubiese dispuesto el estado, utilizados eficientemente, podrían haber ayudado a hacernos un país con una economía más sólida y menos vulnerable a la crisis.

Notas:

(1) La peor recesión en medio siglo, El País, 17/01/09

(2) “Hemos utilizado todo el margen que teníamos contra la crisis”, El País, 18/01/09

(3) Solbes: “Estoy convencido de que va a ser un buen año”, El País, 01/01/09

(4) Bruselas prevé una contracción del 2% de la economía española en 2009, El País, 19/01/09

Nuevos ‘tarifazos’ en el transporte para 2009

Las asociaciones de vecinos denuncian subidas abusivas

Pablo Elorduy
Diagonal


A pesar de la bajada del precio del petróleo, las subidas en el transporte público de Madrid y Barcelona superan hasta tres veces el Índice de Precios al Consumo. Por su parte, Renfe también anuncia incrementos en sus líneas más ‘populares’.

La tercera subida en 12 meses de los precios del transporte público en la Comunidad de Madrid ha vuelto a superar el incremento de la inflación. Mientras se mantiene el precio para el billete sencillo, suben más las tarifas de los bonos más utilizados, el bonometro de diez viajes y el abono mensual, tanto de adultos como de jóvenes.

En enero de 2008 se aprobó la subida anual de las tarifas, lo que supuso un incremento de un 4,1%. En julio se aprobó otra revisión de un 3,27%, presentada entonces como un adelanto de la subida prevista para enero. Acumulados, los tres ‘tarifazos’ han aumentado el precio del transporte público en un 12,2% en un solo año. Según el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, la revisión viene provocada por el encarecimiento del gas y de la electricidad. No obstante, la caída del precio del petróleo no ha influido en la reducción de los precios. Para la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) se trata de una medida “meramente recaudatoria” que no repercutirá en la mejora del servicio y que carga sobre los ciudadanos la “mala gestión” del Consorcio. Carmen Lostal, responsable de Transportes de la FRAVM, denuncia que la medida puede llegar “a ahogar a los de siempre”.

En el caso de Barcelona la subida media es de un 4,75%. Como en Madrid, el precio sube más en los abonos, con incrementos de hasta un 6,94%. La Federación de vecinos y residentes de Barcelona (FAVB) emitió un comunicado para rechazar el “billetazo” aprobado por la Autoritat del Transport Metropolità. Según la FAVB, “esta subida resulta contradictoria con la necesidad de potenciar el transporte público frente al privado y para la reducción de la contaminación y el efecto invernadero”.

Subidas generalizadas

El anuncio hecho por Renfe de que sacará una oferta de billetes low cost con descuentos de hasta un 50% para cubrir las plazas vacantes en trenes de alta velocidad contrasta con el incremento de tarifas anunciado para 2009. La subida afecta más a las líneas de cercanías, cuyos precios aumentarán un 6,28%. La empresa justifica la subida por el mayor precio de la electricidad, si bien Renfe no aporta explicación de por qué ésta es mayor en las líneas de cercanías y regionales (que suben un 5%) y aumenta en menor medida el precio de los trayectos de alta velocidad. El incremento de los servicios de transporte y las anunciadas subidas en la electricidad, el agua y el teléfono (con la única excepción de la bajada del precio del gas), marcan el comienzo de un año repleto de apelaciones a “apretarse el cinturón”. La subida de tarifas e impuestos se ha plasmado significativamente en el Impuesto de Bienes inmuebles (IBI), fuente directa de recaudación de los ayuntamientos. En el caso de Madrid, que ha cerrado 2008 con una deuda que supera los 7.000 millones, este impuesto subirá más de diez puntos porcentuales.